miércoles, 11 de febrero de 2009

VOTO A FAVOR DE LA NO VIOLENCIA EN CONTRA DE LOS MENORES...


Por: Lic. Imelda Torres Sandoval
Según nota publicada en La Jornada el 11 de Febrero de 2009, se afirma que “Los Perfectos” controlan casas de asistencia en 4 estados y el DF. Esta organización, según reporta este medio, pertenece a la Iglesia Cristiana Restaurada, encabezada por Antonio Domingo Paniagua Escandón, quien constituyó junto con otras tres personas la asociación civil Reintegración Social, nombre oficial de Casitas del Sur, que está relacionada en ocho averiguaciones previas por el delito de retención de menores, entre ellas el caso de la niña Ilse Michel. Esta asociación fue constituida desde 1994 legalmente ante notario como una asociación civil con el nombre oficial de REINTEGRA A.C., integrándose también a la Iglesia Cristiana Restaurada, manifestando sus dirigentes que “profesan como credo religioso el evangélico pentecostal”.
Los socios fundadores de Reintegra A.C. manifestaron ante el Registro Público de la Propiedad que su asociación tendría como objetivos “la readaptación de homosexuales”, la “impartición de programas de desarrollo personal a individuos marginados” y la protección y apoyo a “jóvenes desadaptados y neuróticos”.
En realidad, el problema no estriba en el tipo de credo que profesa REINTEGRA A.C. o si la Iglesia a la que pertenece es o no realmente cristiana. Podría cuestionar, incluso, si los homosexuales pueden ser “readaptados”. Lo preocupante en verdad es la posibilidad que otorga la ley a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, adscritas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de cualquier entidad federativa, para que, en el caso de necesidad de custodia temporal de menores probables víctimas de un delito, los niños sean entregados para su cuidado y protección a organizaciones privadas, en tanto se decide judicialmente la patria potestad en disputa, en razón de la comisión de un delito, que por lo general, es violencia familiar.
Me explico con un ejemplo: Cuando se presenta una denuncia por violencia familiar, el Ministerio Público que conoce de dicha denuncia tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los menores que, en su caso, pudieran ser víctimas de dicho delito. ¿Qué sucede si el menor es víctima de maltrato, abandono y violencia por sus propios padres?
La legislación civil, por lo general, ordena que la custodia y patria potestad la deben ejercer los padres, y en ausencia de ellos y sólo mediante sentencia judicial, podrán disfrutar y ejercer dicha custodia los abuelos paternos, y a falta de ellos, serán los abuelos maternos.
Ocurre en muchos casos que los menores víctimas de delitos se encuentran a la deriva legal, ya sea por que sus padres son sus propios victimarios, o por que los abuelos o familiares cercanos no desean o no pueden hacerse cargo de ellos. Entonces, los niños son canalizados a albergues temporales del DIF, en el mejor de los casos, pero ante los procesos judiciales tan largos para la resolución final para saber a cargo de quien quedará la custodia de los menores, el DIF, al no contar con instalaciones adecuadas o por falta de presupuesto, tiene la posibilidad legal de entregar a los menores a casas de asistencia privada para el cuidado de los niños, en tanto se resuelve su situación jurídica.
Es el caso de las tristemente famosas “Casitas del Sur”, pertenecientes a REINTEGRA A.C., organismo vinculado a la Iglesia Cristiana Restaurada que ya comenté, y sobre la que pesa actualmente varias denuncias por sustracción de menores.
Me sorprende el involucramiento en este oscuro asunto de la Señora Leydi Yolanda Campos Vera, ex subdirectora de averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo y ex representante legal de “La Casita “ de Cancún, denunciada por Lidia Cacho en su libro Los demonios del Eden. "Mamá Yolanda" fue procesada en agosto de 2005 por sustracción de menores en aquel estado y posteriormente absuelta. Según reportan testigos y familiares de los menores internos en “Casitas del Sur”, era “Mamá Yolanda” quien en los últimos meses dirigía los trabajos de esta institución en la Ciudad de México. Y aún así, la Procuraduría Capitalina albergó a muchos menores en esa casa para su custodia temporal. Creo que no estaban enterados, por que recientemente fue la misma Procuraduría del Distrito Federal la que allanó la “Casita del Sur” para rescatar a los menores, que en algunos casos, la misma procuraduría había enviado allí.
Pero no pasa nada, ¿verdad?, son solo niños abusados por sus padres, abusados por autoridades que debían protegerlos y abusados por “perfectos” hijos de su…luz divina que solo buscan su “readaptación y “salvación eterna”.
Hago un llamado a nuestros legisladores, Pepe Mancha, Diputado Local por Tuxpan, Ver. Y a Iñigo Laviada, actual Diputado Federal por el III Distrito de Veracruz, que en sus respectivas tribunas, se enfoquen a analizar la situación legal de los menores en riesgo o víctimas de delito. No podemos cerrar los ojos a una realidad lacerante: los niños mexicanos son los más vulnerables, expuestos a violencia familiar, tráfico de órganos, pederastia, adopciones ilegales y abuso sexual, ante la mirada pasiva e indolente de autoridades, legisladores y sociedad civil.
Propongo dos medidas muy simples que pudieran observarse, para tratar de evitar el abuso a los de por sí abusados menores víctimas de un delito:
*Revisión del PRESUPUESTO destinado a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, principalmente el relacionado para la subsistencia y manejo de Albergues Temporales para Menores víctimas de delito o en situación de riesgo. Si en este país hay millones de dólares de la Reserva del Banco de México para evitar el “deslizamiento” del peso frente al dólar, y millones de pesos en excedentes por la venta del petróleo, tal vez haya unos cuantos miles de pesos para crear Albergues asistenciales a cargo exclusivamente del DIF, y que puedan ser supervisados con lupa tanto por autoridades como organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos.
*Profesionalización y capacitación del personal perteneciente a los Ministerios Públicos Especializados y personal que atiende a los niños en los dichosos albergues. Se ha caído en el error de pensar y justificar que por el hecho de que el personal de los albergues y ministerios públicos que atienden denuncias por violencia familiar sean mujeres, por ese simple hecho se dará un trato especializado y profesional a las víctimas. Nada tan absurdo, ya que ello nos llevaría a la conclusión, por demás estúpida, de concluir que una mujer, por el simple hecho de ser mujer, es un profesional sensible y capacitado, y que el hombre, por el simple hecho de ser hombre, es un bruto que no puede tratar con sensibilidad y profesionalismo a una mujer violada o a un niño maltratado. Urgen hombres y mujeres realmente profesionales, y constantemente capacitados, para asumir la difícil atención a menores, ancianos y mujeres víctimas de un delito.
Si no tomamos medidas urgentes, nos convertimos todos, en cómplices de los demonios del edén.
Hasta la próxima.

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