Por Bernardo Batiz
Ciudad de México. 23 de octubre de 2007
El Gobierno Legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, por voz del Secretario de Justicia y Seguridad Mtro. Bernardo Bátiz V., señala que debe ser el Senado de la República el que analice, valore y se entere a fondo, que es y que significa para el estado mexicano, el llamado “Plan México”, ahora rebautizado como “Iniciativa Mérida”, mediante el cual, el Gobierno de los Estados Unidos, si su Congreso lo aprueba, “donará” a nuestro país la suma de mil cuatrocientos millones de dólares, para combatir el narcotráfico y por ahí, de pasadita y medio a escondidas, también combatir el terrorismo.
Según el artículo 76 de la Constitución, son facultades del Senado, analizar la política exterior y aprobar los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo; deberá ser por tanto, la llamada Cámara Alta, la que verifique si se trata de una convención internacional o tratado lo que se hace aparecer como una simple iniciativa y cuales serán los compromisos abiertos o encubiertos que contraiga nuestro país, por que no es creíble que un gobierno como el abiertamente militarista encabezado por el presidente George Bush ofrezca tan generosamente una suma como la que se propone donar a México, sin esperar nada a cambio.
Es muy posible y así lo señala el Gobierno Legítimo, que lo que se busque es tener mayor ingerencia en nuestro país y mantener agentes y operadores militares y policíacos, so pretexto de la capacitación y apoyo a nuestros policías y militares.
Por otra parte, dentro de las facultades del titular del ejecutivo (artículo 89 Constitucional) no esta la de admitir o aceptar donativos y mucho menos la de abrir la puerta a la injerencia extranjera en asuntos interiores.
Los mismos Estados Unidos, que quieren ahora asesorarnos y apoyarnos, no han sido capaces de erradicar el narcotráfico dentro de su territorio, ni disminuir el consumo de estupefacientes entre su población juvenil. Además, es una conducta indigna de un país libre, aceptar donativos que ponen en entre dicho la igualdad entre estados nacionales; quien hace la donación estará siempre esperando poder determinar el uso que se de a sus donativos y pretenderá supervisar su uso, lo que es inaceptable para un estado soberano y que se respete a sí mismo.
Es muy lamentable que nuevamente, como sucedió con el TLC, la suerte de nuestro país esté en manos del congreso norteamericano, que será el que decida si se autoriza o no la dadiva, sin que nuestro poder legislativo tenga injerencia en el asunto.
Finalmente, el Gobierno Legítimo reitera que no es con más armamento, con más policías y más aviones de combate, como se debe luchar en contra del narcotráfico y que los recursos que se empleen en contra de este problema, deben ser primero nuestros y segundo encaminados a mejorar la educación y a abrir oportunidades de ocupación a los jóvenes mexicanos.
Según el artículo 76 de la Constitución, son facultades del Senado, analizar la política exterior y aprobar los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo; deberá ser por tanto, la llamada Cámara Alta, la que verifique si se trata de una convención internacional o tratado lo que se hace aparecer como una simple iniciativa y cuales serán los compromisos abiertos o encubiertos que contraiga nuestro país, por que no es creíble que un gobierno como el abiertamente militarista encabezado por el presidente George Bush ofrezca tan generosamente una suma como la que se propone donar a México, sin esperar nada a cambio.
Es muy posible y así lo señala el Gobierno Legítimo, que lo que se busque es tener mayor ingerencia en nuestro país y mantener agentes y operadores militares y policíacos, so pretexto de la capacitación y apoyo a nuestros policías y militares.
Por otra parte, dentro de las facultades del titular del ejecutivo (artículo 89 Constitucional) no esta la de admitir o aceptar donativos y mucho menos la de abrir la puerta a la injerencia extranjera en asuntos interiores.
Los mismos Estados Unidos, que quieren ahora asesorarnos y apoyarnos, no han sido capaces de erradicar el narcotráfico dentro de su territorio, ni disminuir el consumo de estupefacientes entre su población juvenil. Además, es una conducta indigna de un país libre, aceptar donativos que ponen en entre dicho la igualdad entre estados nacionales; quien hace la donación estará siempre esperando poder determinar el uso que se de a sus donativos y pretenderá supervisar su uso, lo que es inaceptable para un estado soberano y que se respete a sí mismo.
Es muy lamentable que nuevamente, como sucedió con el TLC, la suerte de nuestro país esté en manos del congreso norteamericano, que será el que decida si se autoriza o no la dadiva, sin que nuestro poder legislativo tenga injerencia en el asunto.
Finalmente, el Gobierno Legítimo reitera que no es con más armamento, con más policías y más aviones de combate, como se debe luchar en contra del narcotráfico y que los recursos que se empleen en contra de este problema, deben ser primero nuestros y segundo encaminados a mejorar la educación y a abrir oportunidades de ocupación a los jóvenes mexicanos.
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