Comunicado de las Secretarias de Salud y de Trabajo
Ciudad de México, Octubre de 2007.
Por la derogación del artículo 286K de la Ley del Seguro Social.
Acabar con la pretensión de privatizar los servicios del IMSS.
Para resolver la crisis financiera, aplicar una política de austeridad institucional.
La revisión contractual en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el pretexto para una nueva ofensiva de los gobiernos de derecha contra nuestras instituciones públicas de seguridad social. En la actual negociación uno de los argumentos esgrimidos por el director general del Instituto, Juan Molinar Horcasitas, es que la Ley le impide contratar más trabajadores si el Sindicato no acepta modificar una vez más el Régimen de Jubilaciones y Pensiones. Con este argumento, presiona al sindicato y justifica una subrogación creciente de los servicios, es decir la privatización de las funciones del IMSS.
Molinar Horcasitas fundamenta sus declaraciones en dos artículos de la Ley de Seguridad Social, el 277D y 286K, que fueron modificados en 2004 en un golpe de mano de los Legisladores del PAN y el PRI. El promotor de estas modificaciones fue el entonces director del IMSS, Santiago Levy. Es muy importante subrayar que estos artículos, establecen que sólo el propio trabajador y nadie más contribuirá con dinero para su futura pensión. Este fue el planteamiento más extremo de la reforma neoliberal de los sistemas de pensiones que el gobierno de Pinochet impuso a los trabajadores chilenos en plena dictadura.
La aprobación de estas cláusulas contribuyeron a la caída de Levy y para superar el conflicto, el nuevo Director General y el Sindicato firmaron un convenio en 2005 que revirtió en los hechos la aplicación de estas disposiciones.
Aceptar hoy la propuesta del Director del IMSS de que los futuros trabajadores financien sus pensiones solo con sus aportaciones, significa validar la disposición – Levy contenida en el artículo 286K lo que constituye una amenaza contra todos los trabajadores mexicanos; es más, aun en las leyes reformadas del IMSS y del ISSSTE se mantienen las contribuciones tripartitas para las pensiones. Sin embargo, en las políticas que promueve la derecha está el firme convencimiento de que el bienestar social es responsabilidad de cada quien y que los empresarios y los patrones no deben gastar su dinero en seguridad social.
Por otra parte, el director del IMSS insiste en la existencia de una profunda crisis financiera del Instituto y la adscribe en gran medida al régimen de pensiones de los trabajadores del Instituto. No menciona que la reforma de 1995 bajó la contribución, particularmente de los grandes empresarios contribuyendo con ello a su descapitalización. Tampoco habla de los adeudos de los patrones con el IMSS, que en 2006 fueron del orden de 13,459 millones, sin contar la evasión y elusión de obligaciones.
No menciona jamás que anualmente el costo para el Instituto de su equipo de dirección, incluyéndolo, es de 2,102 millones de pesos. Si a ello se añade el personal de confianza con salarios por encima de 50,000 pesos tenemos un gasto de 3,453 millones de pesos. La reducción de estos gastos representa un gran potencial de ahorro en el marco de una política de austeridad institucional.
Por último, el Consejo Técnico del IMSS es una buena carga para la Institución: gasta 20 millones de pesos anuales en emolumentos de los consejeros y dispone además de 56 millones al año para su operación, de los cuales no tiene que justificar 32.
En la actual negociación contractual, el punto de partida debe ser el Convenio del 2005 firmado entre el IMSS y el Sindicato y un análisis objetivo de la situación financiera actual, para encontrar soluciones conjuntas que lleven al fortalecimiento y no a la degradación de la Institución.
Acabar con la pretensión de privatizar los servicios del IMSS.
Para resolver la crisis financiera, aplicar una política de austeridad institucional.
La revisión contractual en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el pretexto para una nueva ofensiva de los gobiernos de derecha contra nuestras instituciones públicas de seguridad social. En la actual negociación uno de los argumentos esgrimidos por el director general del Instituto, Juan Molinar Horcasitas, es que la Ley le impide contratar más trabajadores si el Sindicato no acepta modificar una vez más el Régimen de Jubilaciones y Pensiones. Con este argumento, presiona al sindicato y justifica una subrogación creciente de los servicios, es decir la privatización de las funciones del IMSS.
Molinar Horcasitas fundamenta sus declaraciones en dos artículos de la Ley de Seguridad Social, el 277D y 286K, que fueron modificados en 2004 en un golpe de mano de los Legisladores del PAN y el PRI. El promotor de estas modificaciones fue el entonces director del IMSS, Santiago Levy. Es muy importante subrayar que estos artículos, establecen que sólo el propio trabajador y nadie más contribuirá con dinero para su futura pensión. Este fue el planteamiento más extremo de la reforma neoliberal de los sistemas de pensiones que el gobierno de Pinochet impuso a los trabajadores chilenos en plena dictadura.
La aprobación de estas cláusulas contribuyeron a la caída de Levy y para superar el conflicto, el nuevo Director General y el Sindicato firmaron un convenio en 2005 que revirtió en los hechos la aplicación de estas disposiciones.
Aceptar hoy la propuesta del Director del IMSS de que los futuros trabajadores financien sus pensiones solo con sus aportaciones, significa validar la disposición – Levy contenida en el artículo 286K lo que constituye una amenaza contra todos los trabajadores mexicanos; es más, aun en las leyes reformadas del IMSS y del ISSSTE se mantienen las contribuciones tripartitas para las pensiones. Sin embargo, en las políticas que promueve la derecha está el firme convencimiento de que el bienestar social es responsabilidad de cada quien y que los empresarios y los patrones no deben gastar su dinero en seguridad social.
Por otra parte, el director del IMSS insiste en la existencia de una profunda crisis financiera del Instituto y la adscribe en gran medida al régimen de pensiones de los trabajadores del Instituto. No menciona que la reforma de 1995 bajó la contribución, particularmente de los grandes empresarios contribuyendo con ello a su descapitalización. Tampoco habla de los adeudos de los patrones con el IMSS, que en 2006 fueron del orden de 13,459 millones, sin contar la evasión y elusión de obligaciones.
No menciona jamás que anualmente el costo para el Instituto de su equipo de dirección, incluyéndolo, es de 2,102 millones de pesos. Si a ello se añade el personal de confianza con salarios por encima de 50,000 pesos tenemos un gasto de 3,453 millones de pesos. La reducción de estos gastos representa un gran potencial de ahorro en el marco de una política de austeridad institucional.
Por último, el Consejo Técnico del IMSS es una buena carga para la Institución: gasta 20 millones de pesos anuales en emolumentos de los consejeros y dispone además de 56 millones al año para su operación, de los cuales no tiene que justificar 32.
En la actual negociación contractual, el punto de partida debe ser el Convenio del 2005 firmado entre el IMSS y el Sindicato y un análisis objetivo de la situación financiera actual, para encontrar soluciones conjuntas que lleven al fortalecimiento y no a la degradación de la Institución.
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