domingo, 14 de octubre de 2007

SUB EJERCICIO EN MATERIA DE VIVIENDA...



Por

Laura Itzel Castillo Juárez

Secretaria de Asentamientos Humanos y

Vivienda del Gobierno Legítimo de México
México D.F., a 14 de octubre de 2007

Ya se han venido denunciando y documentando los efectos lacerantes en la sociedad del diseño mercantilista de las políticas habitacionales que privan en México. Entre éstos, se ha destacado el crecimiento acelerado y sostenido de los negocios que realizan los sectores cercanos al poder con el patrimonio de miles de familias mexicanas a partir de las carteras vencidas de los organismos federales de vivienda.

Pero las consecuencias negativas no sólo se manifiestan en las calles, sino que también se observan ya dentro de dichas instituciones. Es decir, el diseño financiero de las leyes, ordenamientos y reglas de operación que rigen a estos organismos ha provocado un divorcio natural con los sectores de la sociedad a quienes supuestamente están dirigidos los programas habitacionales y, paradójicamente, los ha vuelto inoperantes. La razón de fondo es que como resultado de las reformas estructurales implementadas en la década de los 90s, las nuevas políticas habitacionales quedaron definidas a partir de objetivos económicos financieros y no de las necesidades de la población.

De acuerdo con el 4º. Informe Bimestral, de fecha 28 de septiembre de 2007, correspondiente al período julio - agosto a partir de los informes enviados al H. Congreso de la Unión, con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se concluye que los organismos nacionales no han podido con el paquete que tienen enfrente. Para muestra bastan dos botones: CONAVI y FONHAPO.

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares FONHAPO, que como su nombre lo indica debiera proveer de créditos baratos y suficientes a la población más pobre, de acuerdo con los reportes bimestrales del Avance Físico de Programas Aprobados 2007, tiene un avance de tan sólo el 37.7 %, hasta el cuarto bimestre de este año, en cuanto a subsidios otorgados familias en pobreza patrimonial para la adquisición, construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas. Es decir de los 3219 millones aprobados para este programa sólo ha ejercido 1213 millones 563 mil pesos. Esto significa que FONHAPO observa un subejercicio de 2 mil cinco millones 437 mil pesos. Esta cifra equivale a casi el 10% de lo que se pretende recaudar anualmente con el aumento de la gasolina.

La ineficiencia de esta dependencia se hace más evidente cuando se revisa el rubro correspondiente a subsidios a familias rurales de bajos ingresos para la dignificación de sus viviendas, el cual sólo muestra un avance del 1.1% en el mismo período. En otras palabras, FONHAPO sólo ha sido capaz de destinar 5 millones de pesos de los 509 millones de pesos que le fueron autorizados para atender a la población históricamente más marginada del país. Rubro que desde 2006 presentó un ejercicio brutal pues no se ejerció un solo centavo de los 500 millones que tenía asignado.


La inoperancia del organismo se expresa en el rubro de créditos a la población en pobreza patrimonial para la adquisición, construcción, ampliación y titulación de vivienda, donde lo reportado como avance es del 0.1%, es decir no tienen vergüenza.
Debido a que FONHAPO opera actualmente como banca de segundo piso, no puede otorgar los créditos directamente a la población sino es a través de un organismo intermediario financiero, es decir una Sofol, como lo son las desarrolladoras inmobiliarias. De manera intencional han venido desmantelando a la institución con el objeto de desaparecerla, tan es así que para el 2008 pretenden hacerle un recorte del 50% al destinarle en el proyecto de presupuesto solamente 1869 millones de pesos. Desde diciembre pasado, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda del Gobierno Legítimo de México planteó que el programa debería ser operado por FONHAPO a través de los organismos estatales de vivienda, quienes establecerían los mecanismos para hacer llegar directamente a los beneficiarios los recursos y en ningún caso fueran utilizados para la adquisición parcial o total de viviendas del mercado inmobiliario. Los beneficiarios, ya sea en forma individual o colectiva, deberían utilizar los recursos a través de la producción social de vivienda sujetándose a la Ley de Vivienda.

El panorama no es diferente en la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, que en teoría es la encargada de coordinar la política habitacional en toda la república. Esta instancia está adscrita al Sector 06 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y para 2007 le fueron canalizados 4 mil millones de pesos, 33 veces más que el presupuesto asignado en el 2006.

En el mismo lapso que se analiza, el cuarto bimestre de 2007, la CONAVI ha aplicado sólo el 5.9% del total de los 134 mil subsidios programados para mejoramiento, construcción y adquisición de vivienda, rubro para el cual se autorizaron poco menos de 3 900 millones de pesos, lo que significa casi la totalidad del presupuesto. Esta cifra señala que sólo ha ejercido poco más de 230 millones de pesos. En otras palabras, la inoperancia de esta instancia ha provocado que deje de destinar alrededor de 3670 millones de pesos a las familias mexicanas que ganan menos de 4 salarios mínimos, como lo establecen sus Reglas de Operación.

Se concluye que tanto FONHAPO y CONAVI han ejercido de manera ineficiente sus presupuestos y que, además observan opacidad en la rendición de cuentas. En el caso de CONAVI, demandamos que no se regrese el recurso no aplicado, ya que prácticamente ha concluido el año fiscal, sino que, se constituya un fideicomiso que garantice la aplicación de ese recurso para el próximo año.

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