martes, 26 de febrero de 2008

DIPUTADOS APRUEBAN REFORMA JUDICIAL EN MÉXICO


La Cámara de Diputados aprobó el martes una amplia reforma constitucional en materia judicial con la que se incorporan los juicios orales públicos y se establece la presunción de inocencia.
Los diputados eliminaron de última hora una autorización para que la policía ingresara a domicilios sin una orden de un juez, algo que había sido duramente criticado por organizaciones civiles y expertos independientes que consideraban habría significado un retroceso e incluso violatoria a los derechos humanos.
La cámara baja aprobó la reforma con 462 votos a favor, 6 en contra y dos abstenciones, y lo devolvió al Senado, que aún tiene la posibilidad de hacer modificaciones.
En caso de que la cámara alta la avale sin cambios, y por tratarse de una reforma constitucional, tendría que ser enviada a los 31 congresos estatales, de los cuales al menos 17 deben aprobarla. Sólo entonces pasaría al Ejecutivo para ser promulgada y entrara en vigor.
La reforma incorpora los juicios orales públicos en sustitución a los procesos que actualmente se realizan a puerta cerrada e incluso sin la presencia de los acusados, lo cual es visto como un método que propicia la corrupción y arbitrariedades.
Estipula que un juez puede conceder autorizaciones para intervenir comunicaciones privadas, salvo cuando se trate de cuestiones electorales, fiscales, mercantiles, civiles, laborales o administrativas y en el caso de pláticas entre un detenido y su defensor.
También abre la puerta a la grabación de comunicaciones telefónicas entre particulares. que podrían servir de evidencia siempre y cuando "sean aportadas de forma voluntaria por alguno" de los involucrados.
La reforma crea además nuevos jueces, denominados de "control", que estarán encargados de resolver de manera inmediata y por cualquier medio solicitudes de autoridades para llevar a cabo sus investigaciones, por ejemplo cateos.
Igualmente eleva a rango constitucional la figura del arraigo, o prisión preventiva, para el caso de delitos de delincuencia organizada que no podrá exceder de 80 días. Luego de ese plazo se le deberán fincar cargos a un presunto criminal o liberársele.
El diputado del partido oficialista Acción Nacional (PAN), Felipe Borrego, aseguró desde la tribuna que se trata de una reforma que permitirá "transitar de un sistema oscuro, arcaico, a uno nuevo, dinámico, actual, transparente y justo".
Desde que comenzó su análisis a finales de 2007, la reforma había generado controversia por incluir una autorización para que la policía allanara domicilios sin orden judicial cuando hubiera una amenaza a la vida o integridad de las personas y en el caso de flagrancia.
"Ese párrafo tiene que ver con la inquisición en México y estuvimos a punto de que efectivamente volviésemos (a ella)", dijo el coordinador de los diputados del partido izquierdista de la Revolución Democrática (PRD), Javier González Garza, cuyo grupo finalmente apoyó la aprobación.

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