COMISIÓN INVESTIGADORA DE CASO ATENCO PRESENTA INFORME PRELIMINAR ANTE PLENO DE SCJN

México, D.F.

El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, con esos elementos, será el encargado de preparar el dictamen que será sometido a todos los ministros. Se examinaron actuaciones de cuerpos policiales, y se entrevistó a funcionarios del Estado de México y del gobierno federal.
La comisión investigadora de los hechos en Texcoco y San Salvador Atenco, de 3 y 4 de mayo de 2006, presentó su informe preliminar ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que turnó el expediente al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para que con base en esos elementos elabore un dictamen que será discutido por los ministros en sesión futura.
Los magistrados de Circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, comisionados para efectuar las investigaciones correspondientes, entregaron 205 mil 600 fojas en las que constan sus trabajos.
Informaron que, en estricto apego a las reglas a las que deben sujetarse las comisiones de investigación, se examinaron las actuaciones de diversas autoridades, a fin de establecer si pudieron haber cometido violaciones graves de garantías individuales, pero sin calificar la legalidad de lo actuado. Asimismo, se partió del análisis de los diferentes niveles de actuación de las autoridades que intervinieron, y se tomó en cuenta lo concerniente al ámbito estrictamente operativo en materia policial.
En la investigación fueron entrevistados diez altos funcionarios de los gobiernos del Estado de México y federal, que tuvieron intervención en los hechos investigados; 227 agentes y mandos de la Policía Federal Preventiva, Agencia de Seguridad Estatal, policías municipales y ministeriales, así como personal de Migración.
Asimismo, se habló con 19 personas detenidas en los hechos investigados y que en el momento de su comparecencia se encontraban en libertad; 26 que fueron visitadas en centros penitenciarios, y nueve que por algún motivo tenían conocimiento de los sucesos.
En el informe preliminar entregado a la SCJN se indica que en tres ocasiones se realizaron inspecciones en Texcoco y dos veces en San Salvador Atenco, y que se visitaron cuatro academias de policía, tres en el Estado de México y una de la Policía Federal Preventiva.
Los comisionados precisaron que en la elaboración de su informe preliminar se tuvo en consideración el mandato del Pleno del Alto Tribunal para que se investigara si los hechos en Texcoco y San Salvador Atenco derivaron en violaciones graves de garantías individuales, si alguien las ordenó, si obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías.
Todo ello sin referirse a aspectos relacionados con formas de reparación de la violación de garantías, jurídicas o civiles, así como tampoco sobre posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas, pero sí procurar identificar el cargo y nombre de las personas que hubieron participado en los hechos.
Los magistrados abundaron que, conocidos los principios que rigen y limitan el uso de la fuerza pública, se profundizó en el conocimiento de las corporaciones policiales que intervinieron, lo que permitió saber sus cualidades, destrezas, aptitudes, equipamiento, remuneraciones y riesgos; pero también sus carencias, su grado de capacitación y cómo se lleva ésta a cabo.
Además, las condiciones en que las policías desahogan los procedimientos de investigación y disciplinarios sobre posibles acciones ilegales o arbitrarias de los elementos, lo que involucra la transparencia de esos procedimientos y quienes intervienen en ellos.
Se analizó también al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que, entre otras organizaciones, intervino en los hechos que motivaron los operativos policiales, destacando sus orígenes, su forma de proceder en las manifestaciones o reclamos que a lo largo de su existencia han realizado; las acciones en las que se vieron directamente afectados sus integrantes por actos de gobierno y sus acciones de gestión a favor de otros movimientos.
Con la presentación del informe preliminar, la comisión concluye su trabajo, y corresponde ahora al ministro Gudiño Pelayo preparar el dictamen en que será sometido a la consideración del Pleno del Alto Tribunal.