Por Laura Itzel Castillo Juárez.
En el colmo del cinismo, hace una semana fue anunciado con bombo y platillo el programa Garantía Infonavit en voz de Víctor Manuel Borrás, director general de ese instituto. La propuesta no es nada nueva y durante su aplicación ha demostrado ser una burla para los trabajadores.
Veamos por qué: Cuando un acreditado pierde su empleo, tiene que realizar complicados trámites burocráticos para que se aplique una ‘prórroga’ a sus pagos. Las gestiones tienen que realizarse antes del mes de haber sido despedido.
Como es obvio, la mayor parte de los derechohabientes nunca logra acceder a ese esquema, bajo variados pretextos. Pero si el trabajador corre la suerte de ser considerado, la “prórroga” se aplica durante 12 meses, máximo. En ese lapso, si bien le suspenden los pagos, le siguen acumulando los intereses de las mensualidades, con lo que la deuda crece en miles de pesos al capitalizarse dichos intereses.
Debido a esta política, el trabajador se ve forzado a reestructurar su crédito con el instituto, ya que al reinicio de los pagos las mensualidades se incrementan. La causa: haber dejado de pagar durante un año los intereses correspondientes.
El Infonavit, en lugar de proteger los derechos de los trabajadores, le ha apostado a su persecución. Mediante la generación de esquemas de cobranza basados en convenios leoninos y violatorios de diversas leyes, se hostiga a los derechohabientes a través de despachos jurídicos contratados para ese fin.
Estos despachos obligan a los acreditados a firmar convenios para que en caso de pérdida de empleo paguen 35% de su último salario, en lugar del 25% que venían sufragando. Asimismo, con convenios judiciales, los obligan a aceptar que si no pagar durante tres meses, el convenio se convierte en sentencia de desalojo.
Garantía Infonavit es una mala copia de la propuesta que hizo el CDV al instituto, a raíz del anuncio de la pérdida de más de 12 mil empleos de Altos Hornos de México en diciembre pasado, donde en una mesa de trabajo en Monclova, Coahuila, se planteó un verdadero programa emergente ante la recesión.
El programa propuesto por el CDV consiste en el congelamiento de la deuda, incluyendo los intereses, hasta en tanto el acreditado obtenga un nuevo empleo. Su aplicación sería automática a partir de la baja ante el IMSS, sin más trámite burocrático.
El pasado domingo en el programa Bitácora Mexicana, que conduce Porfirio Muñoz Ledo, se trató el tema. Fuimos invitados Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de El Barzón; René Sánchez Galindo, jurídico del Consejo de Defensa de la Vivienda, y la que esto escribe. Hicimos distintas denuncias y propuestas. El programa se repite hoy miércoles a las 9:30 de la noche en el canal 34 de la televisión mexiquense.
En el colmo del cinismo, hace una semana fue anunciado con bombo y platillo el programa Garantía Infonavit en voz de Víctor Manuel Borrás, director general de ese instituto. La propuesta no es nada nueva y durante su aplicación ha demostrado ser una burla para los trabajadores.
Veamos por qué: Cuando un acreditado pierde su empleo, tiene que realizar complicados trámites burocráticos para que se aplique una ‘prórroga’ a sus pagos. Las gestiones tienen que realizarse antes del mes de haber sido despedido.
Como es obvio, la mayor parte de los derechohabientes nunca logra acceder a ese esquema, bajo variados pretextos. Pero si el trabajador corre la suerte de ser considerado, la “prórroga” se aplica durante 12 meses, máximo. En ese lapso, si bien le suspenden los pagos, le siguen acumulando los intereses de las mensualidades, con lo que la deuda crece en miles de pesos al capitalizarse dichos intereses.
Debido a esta política, el trabajador se ve forzado a reestructurar su crédito con el instituto, ya que al reinicio de los pagos las mensualidades se incrementan. La causa: haber dejado de pagar durante un año los intereses correspondientes.
El Infonavit, en lugar de proteger los derechos de los trabajadores, le ha apostado a su persecución. Mediante la generación de esquemas de cobranza basados en convenios leoninos y violatorios de diversas leyes, se hostiga a los derechohabientes a través de despachos jurídicos contratados para ese fin.
Estos despachos obligan a los acreditados a firmar convenios para que en caso de pérdida de empleo paguen 35% de su último salario, en lugar del 25% que venían sufragando. Asimismo, con convenios judiciales, los obligan a aceptar que si no pagar durante tres meses, el convenio se convierte en sentencia de desalojo.
Garantía Infonavit es una mala copia de la propuesta que hizo el CDV al instituto, a raíz del anuncio de la pérdida de más de 12 mil empleos de Altos Hornos de México en diciembre pasado, donde en una mesa de trabajo en Monclova, Coahuila, se planteó un verdadero programa emergente ante la recesión.
El programa propuesto por el CDV consiste en el congelamiento de la deuda, incluyendo los intereses, hasta en tanto el acreditado obtenga un nuevo empleo. Su aplicación sería automática a partir de la baja ante el IMSS, sin más trámite burocrático.
El pasado domingo en el programa Bitácora Mexicana, que conduce Porfirio Muñoz Ledo, se trató el tema. Fuimos invitados Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de El Barzón; René Sánchez Galindo, jurídico del Consejo de Defensa de la Vivienda, y la que esto escribe. Hicimos distintas denuncias y propuestas. El programa se repite hoy miércoles a las 9:30 de la noche en el canal 34 de la televisión mexiquense.
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