Por: Lic. Imelda Torres Sandoval
Abogada postulante en materia agraria.
Egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana
UAM AZC MX
Cada vez que desahogo una audiencia en el Tribunal Agrario y me enfrento a conflictos originados por organizaciones campesinas o seudo líderes que manipulan a los campesinos como mercancía para sus propios fines, recuerdo la cátedra de filosofía del Derecho que tuve oportunidad de escuchar hace once años cuando cursé el Diplomado en Derecho Civil en mi Alma Mater, la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Azcapotzalco.
Desafortunadamente no recuerdo el nombre del mentor, pero lo que me dejó profundamente impresionada fue la lectura sobre los ensayos de Ronald Dworkin aquellas mañanas lluviosas de julio de 1998 en los jardines de mi Casa Abierta al Tiempo.
La teoría del Derecho de Ronald Dworkin es la refutación del positivismo y utilitarismo jurídico. Es decir, Dworkin propone que en ciertas decisiones judiciales complicadas (hard case, les llama) no es posible llegar a una decisión realmente justa si sólo se aplica la norma, dejando de lado una auténtica interpretación jurídica basada en la moral y el contexto socio político del caso en concreto.
Aquél mentor del diplomado, parafraseando a Dworkin, con su debida distancia ya que los estudios de este jurista están basados en el derecho norteamericano, concluyó que en México podemos realizar plantear una división del derecho, a saber, clasificando aquellas ramas donde se presenten hard cases (casos difíciles), y aquellas ramas donde sólo se generen soft case (casos “suaves”, sencillos). Resultando dentro de los sof cases las ramas del derecho fiscal, administrativo, civil y penal, por que en estas disciplinas, para obtener una resolución sólo es necesario aplicar la norma para obtener una decisión ajustada a derecho. Pero, los hard cases, se presentan prioritariamente en la rama del Derecho Social y en el ámbito del Derecho Constitucional. Es decir, para resolver asuntos laborales y agrarios y donde se involucre la necesidad de interpretar nuestra Carta Magna, es necesario además de aplicar la norma, realizar una verdadera interpretación jurídica basada en la moral y considerando los aspectos sociales y políticos, que sin duda, determinarán que la decisión judicial sea justa o no.
Por ello, sin duda que las decisiones judiciales agrarias son hard cases. No es posible dictar sentencia sólo apegándose a la norma jurídica. El Derecho Agrario recoge esta filosofía dworkiana al considerar que el juez debe dictar su resolución a verdad sabida. Por eso, el Magistrado debe estar presente en las audiencias de ley ordenadas por el Artículo 185 de la Ley Agraria. Sólo así el Magistrado puede enterarse y conocer no sólo los planteamientos de derecho de las partes involucradas sino que también apreciará el contexto social y político que origina el conflicto agrario.
Y por ello es tan necesario que todo aquel que se involucre en un conflicto agrario entienda la necesidad de actuar moral y responsablemente para buscar una solución justa a tan delicados asuntos. En un país donde el 51% del territorio nacional se encuentra sujeto a regimen ejidal, no podemos seguir tolerando autoridades a nivel municipal o estatal y organizaciones campesinas que entorpezcan el trabajo de los Tribunales Agrarios. Si no tienen la capacidad moral y política, y mucho menos el conocimiento exacto del derecho agrario, mejor que ni se metan.
Desafortunadamente no recuerdo el nombre del mentor, pero lo que me dejó profundamente impresionada fue la lectura sobre los ensayos de Ronald Dworkin aquellas mañanas lluviosas de julio de 1998 en los jardines de mi Casa Abierta al Tiempo.
La teoría del Derecho de Ronald Dworkin es la refutación del positivismo y utilitarismo jurídico. Es decir, Dworkin propone que en ciertas decisiones judiciales complicadas (hard case, les llama) no es posible llegar a una decisión realmente justa si sólo se aplica la norma, dejando de lado una auténtica interpretación jurídica basada en la moral y el contexto socio político del caso en concreto.
Aquél mentor del diplomado, parafraseando a Dworkin, con su debida distancia ya que los estudios de este jurista están basados en el derecho norteamericano, concluyó que en México podemos realizar plantear una división del derecho, a saber, clasificando aquellas ramas donde se presenten hard cases (casos difíciles), y aquellas ramas donde sólo se generen soft case (casos “suaves”, sencillos). Resultando dentro de los sof cases las ramas del derecho fiscal, administrativo, civil y penal, por que en estas disciplinas, para obtener una resolución sólo es necesario aplicar la norma para obtener una decisión ajustada a derecho. Pero, los hard cases, se presentan prioritariamente en la rama del Derecho Social y en el ámbito del Derecho Constitucional. Es decir, para resolver asuntos laborales y agrarios y donde se involucre la necesidad de interpretar nuestra Carta Magna, es necesario además de aplicar la norma, realizar una verdadera interpretación jurídica basada en la moral y considerando los aspectos sociales y políticos, que sin duda, determinarán que la decisión judicial sea justa o no.
Por ello, sin duda que las decisiones judiciales agrarias son hard cases. No es posible dictar sentencia sólo apegándose a la norma jurídica. El Derecho Agrario recoge esta filosofía dworkiana al considerar que el juez debe dictar su resolución a verdad sabida. Por eso, el Magistrado debe estar presente en las audiencias de ley ordenadas por el Artículo 185 de la Ley Agraria. Sólo así el Magistrado puede enterarse y conocer no sólo los planteamientos de derecho de las partes involucradas sino que también apreciará el contexto social y político que origina el conflicto agrario.
Y por ello es tan necesario que todo aquel que se involucre en un conflicto agrario entienda la necesidad de actuar moral y responsablemente para buscar una solución justa a tan delicados asuntos. En un país donde el 51% del territorio nacional se encuentra sujeto a regimen ejidal, no podemos seguir tolerando autoridades a nivel municipal o estatal y organizaciones campesinas que entorpezcan el trabajo de los Tribunales Agrarios. Si no tienen la capacidad moral y política, y mucho menos el conocimiento exacto del derecho agrario, mejor que ni se metan.
Esto lo digo por que en la audiencia del día de ayer que desahogué en el Tribunal Unitario Agrario de Tuxpan, Ver. se entorpeció gravemente la conciliación de intereses en un conflicto del Ejido Piedra Grande El Guayabo (muncipio de Ixhuatlán de Madero, Ver.) por que 49 de los 50 demandados rechazan la jurisdicción agraria por que están en platicas con gobierno del Estado para resolver la demanda de restitución de tierras de uso común que ya enfrentan, y se negaron a proporcionar documentos a Procuraduría Agraria para su adecuada defensa.
Lo que no los hacemos entender, ni la abogada de la Procuraduría Agraria de la Residencia de Álamo Lic. Rosa Icela del Ángel ni yo, es que deben dar debida contestación a la demanda que la Asamblea del Ejido Piedra Grande el Guayabo interpuso en su contra, para eso era la audiencia que ayer les brindó el Tribunal Agrario, y que las mesas de diálogo que organizan sus líderes campesinos, que ni abogados son, no los van a eximir de una decisión judicial que puede originar la orden del inmediato desalojo de sus parcelas.
Líderes campesinos sin moral y sin conocimiento del derecho agrario sólo conducen a sus agremiados a conflictos sociales que se convierten en auténticos hard case, los cuales sólo pueden ser resueltos por profesionales del Derecho Agrario y por autoridades jurisdiccionales que entiendan que los conflictos agrarios son en realidad conflictos políticos, que requieren una decisión justa, que va muchas de las veces más allá de lo que la simple norma dispone.
Afortunadamente el Tribunal Unitario Agrario de Tuxpan cuenta con un magistrado y su secretario de acuerdos, los Licenciados Benjamin Arellano Navarro y Regina Villanueva Galindo, que trabajan sin horario a favor de la justicia agraria, no sólo con el conocimiento exacto del Derecho Agrario, sino con la capacidad moral y política para resolver tan difíciles asuntos. Exhorto a todos los involucrados en el conflicto de Piedra Grande el Guayabo, y en cualquier asunto agrario, que dejémos hacer su trabajo a los expertos en esta materia: los titulares y personal actuante de los tribunales agrarios.
Hasta la próxima.
EFECTIVAMENTE CONOZCO AL MAGISTRADO Y SU SECRETARIO, SON PERSONAS QUE CONOCEN PERFECTAMENTE LA MATERIA AGRARIA, Y CONOZCO LOS SERVICIOS DE LA PROCURADURIA AGRARIA, ESTA ULTIMA SIEMPRE HA OPTADO POR LA CONCILIACION, PERO HAY ASUNTOS QUE NO NECESARIAMENTE SE RESUELVEN ATRAVES DE LA CONCILIACION, ES MEJOR DARLES DEFINITIVIDAD JURIDICA, Y A ENTENDER DE ESTE TRIBUNAL MI CRITERIO ES QUE ES UNO DE LOS MEJORES DE EL PAIS. Y LOS SERVIDORES QUE ACTUALMENTE ESTAN SON PERSONAS MUY EFICIENTES Y QUE EXACTAMENTE SUPER DOTADAS PARA RESOLVER LOS ASUNTOS MAS ALGIDOS DE LA REGION. ENHORABUENA LA LLEGADA. OJALA ASI FUERAN TODOS PERO HAY ALGUNOS QUE SOLO LES HACE FALTA REBUZNAR
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