Xalapa, Ver., a 30 de junio de 2009
El Comité Estatal de Acción Nacional en Veracruz solicitó al Instituto Federal Electoral cuatro medidas cautelares para los comicios del próximo domingo 5 de julio, entre las que se encuentran la intervención del Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva para vigilar a las dependencias hoy investigadas por presuntos delitos electorales, entre ellas la policía ministerial del Estado y las municipales.
El PAN ha solicitado también la presencia de un observador internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en cada uno de los distritos electorales del estado y uno general, informó el director jurídico, Víctor Manuel Salas Rebolledo en conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Arián Gabriel Hernández.
Acción Nacional urgió al IFE, como organizador de los comicios que es, “cumpla con su facultad de garantizar los principios rectores de imparcialidad, legalidad, certeza, independencia, objetividad y profesionalismo de la elección del 5 de julio próximo”.
En el caso de Veracruz, dijo, la fuerza pública local no garantiza imparcialidad, cuando se le ha visto repartiendo despensas,balones o láminas para los candidatos del PRI o reprimiendo a los movilizadores sociales del PAN.
El funcionario del partido destacó que la solicitud de las medidas cautelares se debe a “los hechos violentos de los últimos días en contra de militantes de Acción Nacional”, además de las seguras acciones de acarreo, coacción y compra de votos por parte de empleados estatales, tras conocerse “las grabaciones en las cuales se escuchó al gobernador, Fidel Herrera Beltrán y a su secretario particular, Luis Arturo Ugalde Álvarez ordenar a funcionarios del Gobierno del Estado operar las elecciones de 2007 y la de 2009 a favor del PRI”.
El primer punto solicitado fue “la no intervención de las fuerzas públicas dependientes del Gobierno del Estado de Veracruz o de los ayuntamientos, ni cualquier otro tipo de ‘supuesta’ colaboración que permita a dependencias estatales incidir en el desarrollo de la próxima jornada comicial.
Existen ya varias denuncias contra tales dependencias de la fuerza pública por quebrantar en forma parcial y violenta el buen desarrollo del proceso electoral vigente.
Es preciso recordar, dijo Salas Rebolledo, que “hace algunos días el secretario de Gobierno Reynaldo Escobar Pérez, uno de los indiciados por las denuncias presentadas hace unos días y quien anda con su amparo bajo el brazo, fue a la Junta Local del IFE a ponerse a las órdenes del instituto para presuntamente ‘apoyar’ en las elecciones”.
“Cualquier tipo de intervención del Gobierno del Estado, será ponerle en bandeja de plata la posibilidad de que repita hoy, el fraude electoral que realizó en 2007 a favor del PRI”, añadió el funcionario del partido.
Al solicitar la intervención del Ejército y las fuerzas de Seguridad Pública Federal, dijo que esta vigilancia debe darse “por lo menos tres días previos a la jornada electoral, porque existe temor fundado de la ciudadanía sobre el abuso de autoridad, el cual ha sido denunciado por la comisión de hechos constitutivos de delitos como privación ilegal de la libertad, peculado, cohecho, abuso de autoridad, coacción, intimidación, amenazas, coalición de funcionarios y diversos tipos penales relacionados con los anteriores”.
Este recuento, dijo, se dará a conocer seguramente mañana.
Otro tema muy importante con el fin de evitar la coacción del voto, dijo Salas, fue la solicitud para impedir el ingreso a las mamparas de votación y urnas con equipos fotográficos y de videograbación, incluidos equipos celulares y todos aquellos que propicien una presión para los votantes.
“Existen experiencias en procesos electorales pasados, donde hay testimoniales de ciudadanos que fueron presionados a votar por determinado partido político exhibiendo como prueba la fotografía tomada con equipos celulares en la mampara electoral, de la boleta marcada por determinado partido político”, explicó.
Al volver al tema de los observadores electorales, dijo que son necesarios el mayor número de ellos frente al evidente clima de violencia e inestabilidad pública generada concretamente por el Gobierno del Estado de Veracruz y las fuerzas públicas y de protección civil a su cargo, además de los gobiernos municipales de extracción priista.
Salas Rebolledo recordó que al menos 32 funcionarios del Gobierno de Veracruz, entre ellos el gobernador Fidel Herrera Beltrán; el secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez; el secretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez; y el ex secretario de Finanzas y Planeación, Javier Duarte, son investigados por el evidente fraude electoral que orquestaron en 2007.
El Comité Estatal de Acción Nacional en Veracruz solicitó al Instituto Federal Electoral cuatro medidas cautelares para los comicios del próximo domingo 5 de julio, entre las que se encuentran la intervención del Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva para vigilar a las dependencias hoy investigadas por presuntos delitos electorales, entre ellas la policía ministerial del Estado y las municipales.
El PAN ha solicitado también la presencia de un observador internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en cada uno de los distritos electorales del estado y uno general, informó el director jurídico, Víctor Manuel Salas Rebolledo en conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Arián Gabriel Hernández.
Acción Nacional urgió al IFE, como organizador de los comicios que es, “cumpla con su facultad de garantizar los principios rectores de imparcialidad, legalidad, certeza, independencia, objetividad y profesionalismo de la elección del 5 de julio próximo”.
En el caso de Veracruz, dijo, la fuerza pública local no garantiza imparcialidad, cuando se le ha visto repartiendo despensas,balones o láminas para los candidatos del PRI o reprimiendo a los movilizadores sociales del PAN.
El funcionario del partido destacó que la solicitud de las medidas cautelares se debe a “los hechos violentos de los últimos días en contra de militantes de Acción Nacional”, además de las seguras acciones de acarreo, coacción y compra de votos por parte de empleados estatales, tras conocerse “las grabaciones en las cuales se escuchó al gobernador, Fidel Herrera Beltrán y a su secretario particular, Luis Arturo Ugalde Álvarez ordenar a funcionarios del Gobierno del Estado operar las elecciones de 2007 y la de 2009 a favor del PRI”.
El primer punto solicitado fue “la no intervención de las fuerzas públicas dependientes del Gobierno del Estado de Veracruz o de los ayuntamientos, ni cualquier otro tipo de ‘supuesta’ colaboración que permita a dependencias estatales incidir en el desarrollo de la próxima jornada comicial.
Existen ya varias denuncias contra tales dependencias de la fuerza pública por quebrantar en forma parcial y violenta el buen desarrollo del proceso electoral vigente.
Es preciso recordar, dijo Salas Rebolledo, que “hace algunos días el secretario de Gobierno Reynaldo Escobar Pérez, uno de los indiciados por las denuncias presentadas hace unos días y quien anda con su amparo bajo el brazo, fue a la Junta Local del IFE a ponerse a las órdenes del instituto para presuntamente ‘apoyar’ en las elecciones”.
“Cualquier tipo de intervención del Gobierno del Estado, será ponerle en bandeja de plata la posibilidad de que repita hoy, el fraude electoral que realizó en 2007 a favor del PRI”, añadió el funcionario del partido.
Al solicitar la intervención del Ejército y las fuerzas de Seguridad Pública Federal, dijo que esta vigilancia debe darse “por lo menos tres días previos a la jornada electoral, porque existe temor fundado de la ciudadanía sobre el abuso de autoridad, el cual ha sido denunciado por la comisión de hechos constitutivos de delitos como privación ilegal de la libertad, peculado, cohecho, abuso de autoridad, coacción, intimidación, amenazas, coalición de funcionarios y diversos tipos penales relacionados con los anteriores”.
Este recuento, dijo, se dará a conocer seguramente mañana.
Otro tema muy importante con el fin de evitar la coacción del voto, dijo Salas, fue la solicitud para impedir el ingreso a las mamparas de votación y urnas con equipos fotográficos y de videograbación, incluidos equipos celulares y todos aquellos que propicien una presión para los votantes.
“Existen experiencias en procesos electorales pasados, donde hay testimoniales de ciudadanos que fueron presionados a votar por determinado partido político exhibiendo como prueba la fotografía tomada con equipos celulares en la mampara electoral, de la boleta marcada por determinado partido político”, explicó.
Al volver al tema de los observadores electorales, dijo que son necesarios el mayor número de ellos frente al evidente clima de violencia e inestabilidad pública generada concretamente por el Gobierno del Estado de Veracruz y las fuerzas públicas y de protección civil a su cargo, además de los gobiernos municipales de extracción priista.
Salas Rebolledo recordó que al menos 32 funcionarios del Gobierno de Veracruz, entre ellos el gobernador Fidel Herrera Beltrán; el secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez; el secretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez; y el ex secretario de Finanzas y Planeación, Javier Duarte, son investigados por el evidente fraude electoral que orquestaron en 2007.
No hay comentarios:
Publicar un comentario