ENVIADO A VAXTUXPAN...
Por Dip. Laura Itzel Castillo Juárez...
El derecho a una vivienda digna y decorosa debiera ser considerado no solamente una prerrogativa constitucional individual, sino un eje social articulador donde la mujer juega un papel preponderante. Sin embargo en las últimas décadas se ha desmantelado prácticamente el sistema de seguridad social. A partir de los lineamientos dictados por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional los derechos de las mexicanas y los mexicanos, reconocidos en nuestra Constitución, han sido violados. De esta manera, el Estado mexicano ha ido relegando su responsabilidad social en materia de salud, educación, alimentación, trabajo, salario y vivienda.
El denominado “pacto social”, producto de la Revolución mexicana, estableció un sistema de seguridad social, público, solidario y universal, que ha sido trastocado significativamente. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los tres pilares del Estado mexicano en este terreno, han sufrido profundas modificaciones en sus funciones y responsabilidades originales.
Sin embargo, a partir de las reformas legislativas impulsadas por el PRI y aprobadas por el PAN en 1995, los organismos nacionales de vivienda se han convertido en entes financieros que otorgan créditos a la población para que ésta acceda a la oferta del mercado, primordialmente de grandes empresas desarrolladoras. La intervención gubernamental se limita a otorgar subsidios a la población de menores recursos como complemento al crédito. Es decir, en lugar de destinar los recursos públicos a atender el rezago y las necesidades de techo de la población de escasos recursos (que se calcula es de más de 12 millones de habitaciones), los gobiernos han orientado el gasto a la producción de vivienda en función de los intereses del mercado, situación que deja aún más vulnerables a las mujeres, pues el interés del Estado ya no es proteger a las familias a través del fondo de previsión social, sino el interés inmobiliario a través del denominado “tren de vivienda”.
La experiencia del CDV, organización civil que presido, permite afirmar que la feminización de la pobreza tiene uno de sus rostros más claros cuando una mujer se hace cargo del hogar, de los hijos e hijas y del crédito de la vivienda, cuando su pareja se “va del otro lado”, o simplemente se ausenta. La migración en unos casos y la irresponsabilidad paternal en otros son las principales causas de que el titular del crédito abandone el hogar y la pareja sigue cubriendo las mensualidades, sin poder escriturar a su nombre.
Como una forma de responder a esta injusticia de género propuse en esta LXI Legislatura una iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit, que busca otorgar plena seguridad jurídica a las mujeres cuando por diversas razones se quedan al frente de la familia y de la deuda económica.
De esta manera el Instituto celebrará un convenio con el o la cónyuge o concubina, para la escrituración y la transferencia de las obligaciones correspondientes. De tal manera que la probable aparición del ausente no le confiere el derecho de recuperar la vivienda ni el crédito, salvo que demuestre un acuerdo previo con quien hubiese obtenido la propiedad.
La propuesta forma parte de una serie de actividades en la lucha contra la feminización de la pobreza desde la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados: un foro, una investigación documemtal y de campo, además de la elaboración de un libro y una cartilla manual con los derechos de las mujeres en las unidades habitacionales, sobre los cuales se informará oportunamente. En nuestra patria debemos erradicar la deshonestidad, la injusticia y el desamor.
El derecho a una vivienda digna y decorosa debiera ser considerado no solamente una prerrogativa constitucional individual, sino un eje social articulador donde la mujer juega un papel preponderante. Sin embargo en las últimas décadas se ha desmantelado prácticamente el sistema de seguridad social. A partir de los lineamientos dictados por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional los derechos de las mexicanas y los mexicanos, reconocidos en nuestra Constitución, han sido violados. De esta manera, el Estado mexicano ha ido relegando su responsabilidad social en materia de salud, educación, alimentación, trabajo, salario y vivienda.
El denominado “pacto social”, producto de la Revolución mexicana, estableció un sistema de seguridad social, público, solidario y universal, que ha sido trastocado significativamente. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los tres pilares del Estado mexicano en este terreno, han sufrido profundas modificaciones en sus funciones y responsabilidades originales.
Sin embargo, a partir de las reformas legislativas impulsadas por el PRI y aprobadas por el PAN en 1995, los organismos nacionales de vivienda se han convertido en entes financieros que otorgan créditos a la población para que ésta acceda a la oferta del mercado, primordialmente de grandes empresas desarrolladoras. La intervención gubernamental se limita a otorgar subsidios a la población de menores recursos como complemento al crédito. Es decir, en lugar de destinar los recursos públicos a atender el rezago y las necesidades de techo de la población de escasos recursos (que se calcula es de más de 12 millones de habitaciones), los gobiernos han orientado el gasto a la producción de vivienda en función de los intereses del mercado, situación que deja aún más vulnerables a las mujeres, pues el interés del Estado ya no es proteger a las familias a través del fondo de previsión social, sino el interés inmobiliario a través del denominado “tren de vivienda”.
La experiencia del CDV, organización civil que presido, permite afirmar que la feminización de la pobreza tiene uno de sus rostros más claros cuando una mujer se hace cargo del hogar, de los hijos e hijas y del crédito de la vivienda, cuando su pareja se “va del otro lado”, o simplemente se ausenta. La migración en unos casos y la irresponsabilidad paternal en otros son las principales causas de que el titular del crédito abandone el hogar y la pareja sigue cubriendo las mensualidades, sin poder escriturar a su nombre.
Como una forma de responder a esta injusticia de género propuse en esta LXI Legislatura una iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit, que busca otorgar plena seguridad jurídica a las mujeres cuando por diversas razones se quedan al frente de la familia y de la deuda económica.
De esta manera el Instituto celebrará un convenio con el o la cónyuge o concubina, para la escrituración y la transferencia de las obligaciones correspondientes. De tal manera que la probable aparición del ausente no le confiere el derecho de recuperar la vivienda ni el crédito, salvo que demuestre un acuerdo previo con quien hubiese obtenido la propiedad.
La propuesta forma parte de una serie de actividades en la lucha contra la feminización de la pobreza desde la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados: un foro, una investigación documemtal y de campo, además de la elaboración de un libro y una cartilla manual con los derechos de las mujeres en las unidades habitacionales, sobre los cuales se informará oportunamente. En nuestra patria debemos erradicar la deshonestidad, la injusticia y el desamor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario