J. Enrique Olivera Arce
Reforma agropecuaria, lo que viene
Peña Nieto no es monedita de oro, como se pudo observar en los resultados de la elección presidencial del 2012. Sin embargo, habiendo iniciado su mandato con un afán renovador que por principio de cuentas apuntaba a un combate real a la corrupción, se ganó el beneficio de la duda, sobre todo, en amplios sectores de clase media impactados por la defenestración y encarcelamiento de “la maestra”, Elba Esther Gordillo.
Hoy día las cosas son diferentes, el presidente Peña acusa un notable descenso en popularidad, el beneficio de la duda se ha perdido y sus reformas presuntamente estructurales, como el mismo afirma, encuentran resistencia y rechazo en amplios sectores de la población.
Entre errores propios del “aprendizaje” de inicio de sexenio, arrastre no previsto de inercias nocivas de usos y costumbres políticas, y un entorno internacional negativo, la falta de claridad de rumbo y destino propició un sub ejercicio presupuestal a lo largo de 9 meses del orden de 28 mil millones de pesos, que impactó en la vida económica de las entidades federativas y, por ende, en el conjunto de la economía nacional, generándose un clima de estancamiento y desaceleración cercano a la recesión que ya impacta, a su vez, en la economía familiar.
Caldo de cultivo para el descontento y protesta ciudadana, que enmarca el rechazo a las reformas laboral, de comunicaciones, educativa y fiscal propuestas por el titular del ejecutivo federal.’ Así como el estira y afloja en el Congreso de la Unión por una reforma electoral que pretende modificar sin consenso, reglas del juego para la partidocracia.
Esto como prolegómeno a la “madre de todas las batallas”, la reforma energética, que en sus propósitos y alcances no del todo explicitados, más que sumar divide lo mismo a las fuerzas político-electorales, que a las élites empresariales, academia y a una escéptica opinión pública poco informada pero perspicaz en sus percepciones.
Ante la proximidad del Primer Informe de Gobierno del Sr. Peña, las cosas no le pintan como este deseara y, en su frustración e impotencia, se obliga a sí mismo a imponer más que a convencer, mostrándose proclive a un autoritarismo que, de entrada, genera más rechazo y resistencia social a leyes y políticas públicas reformistas que se derivan de modificaciones constitucionales que viene aprobando un Congreso pusilánime, sometido tanto al poder ejecutivo como a intereses coyunturales partidistas.
En este escenario de deterioro económico con pinceladas de inseguridad e ingobernabilidad en diversas regiones del país, el presidente Peña anuncia una más de sus reformas en cascada, la del sector agropecuario, sin tener claro que con la continuidad de la contrarreforma salinista en el campo, se mete en camisa de once varas.
Si bien México está ávido de incrementos substanciales en productividad y rentabilidad de la fábrica nacional para hacerle frente al mercado mundial en condiciones de los mínimos de competitividad que este exige, no se puede aplicar tabla rasa en aplicación de políticas públicas neoliberales en un sector en el que la desigualdad social, económica, tecnológica e incluso orográfica, climática y ecológica, es la constante.
El afirmar que se buscaría pasar de los subsidios a los incentivos productivos, buscando poner al día las normas y reglamentos del sector para incentivar las inversiones, combatir la pobreza, generar más empleos y elevar su productividad, como lo comentara el Sr. Peña con diputados de su partido, sin tener a mano un diagnóstico socio-histórico de la conformación estructural del campo mexicano, es a mi juicio un paso al vacío.
A lo largo de más de 70 años el PRI-gobierno, en congruencia con su traición a los postulados de la Revolución Mexicana, con una Reforma Agraria más ambiciosa en el papel que en los hechos, lo intentó todo, valiéndose de diversas fórmulas, unas extralógicas y otras de manufactura nacional, contando con lo mejor del pensamiento agrario que, teórica y pragmáticamente estuviera a disposición del régimen. El PRI topó con pared al igual que en su momento, con la alternancia aconteciera con el PAN en el poder.
La contrarreforma salinista continuada con Zedillo, lo único que logró fue profundizar las contradicciones propias del sector, agudizándose desigualdad, pobreza y abandono de la producción en el campo mexicano.
De que la estrategia asistencialista que substituyera al paternalismo populista, con fines más electoreros que de racionalidad productiva, ha sido un fracaso, no hay duda. La fórmula no funcionó, salvo para incrementar corrupción. Debe por tanto someterse a una revisión estricta para actuar en consecuencia. Se requiere una reforma sí, pero de fondo, que incida a profundidad en la estructura agraria y productiva del campo mexicano pero, por favor, sin pensar en Monsanto, sus semillas transgénicas y su control de la producción y del mercado, como beneficiario directo.
Y este nuevo capítulo de una reforma agraria inacabada, traicionada y vuelta a traicionar por la revolución hecha gobierno, considero no puede ser otro que aquel que surja tanto de un diagnóstico preciso, regional, micro regional y por cuencas hidrológicas de la realidad del campo mexicano, pero sobre todo, de un nuevo pacto social incluyente en el medio rural, que con visión de largo aliento y voluntad política, convenga en que no es ya posible que el campo mexicano continúe transfiriendo capital neto vía políticas de precios de alimentos y materias primas, al hoy magro desarrollo nacional.
Si profesores, sindicatos, pequeños, medianos y grandes empresarios, están brincando de la sartén al comal con lo que ya se aprobara en materia de reformas presuntamente estructurales, no quiero imaginarme lo que sucedería, no estando el horno para bollos, si a continuación de la reforma energética, diputados y senadores le entraran a una reforma agropecuaria como la que pretende el Sr. Peña. Este debe pensarlo dos veces antes de que se le incendie la pradera en su afán modernizador y transformador, que no es otro que darle oxígeno a un neoliberalismo trasnochado cuyo fracaso histórico transita a lo largo y ancho de los llamados países del primer mundo.
Hojas que se lleva el viento
El gobernador veracruzano les modificó la plana a sus críticos. Personalmente el Sr. Dr. Javier Duarte de Ochoa, ante la cúpula de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), aclaró que las 600 empresas de nueva creación en el trienio en curso, no son MIPYMES, sino grandes empresas aportadoras de multimillonarias inversiones en dólares y generadoras de más de 200 mil nuevos empleos. Las MIPYMES ordinarias de nueva creación, para ser precisos mencionó, ascienden a 8,400.
Como en su momento Fidel Herrera respondiera a la crítica por sus presuntos logros en materia de construcción de un titipuchal de puentes, si no las han visto, búsquenlas, que 9,000 empresas de nueva creación no se pueden esconder bajo la alfombra.- Xalapa, Ver., noviembre 13 de 2013.
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