•Embute de cien mil pesos mensuales, mínimo, a una gasolinera
•Mochada de 150 mil pesos mensuales a un prostíbulo
•Mil pesos mensuales de mordida a un simple molino de nixtamal
•Inocencio Yáñez, el primer político federal en renunciar por voluntad propia al gabinete de Enrique Peña Nieto, denuncia trastupijes
Luis Velázquez/Parte I
Alborotada la cabellera al estilo de Salvador Díaz Mirón. La mirada reposada de quien ha leído los diez mil libros de su biblioteca. Hombre metódico que siempre se acompaña de un libro para leer y subrayar en las horas vacías. Pero que, además, siempre ha conservado el mismo peso, sin llevar dieta, Inocencio Yañez se ha convertido en el primer político federal en renunciar al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto.
Otros, claro, han sido separados. Pero Inocencio dimitió por su voluntad a la delegación federal de la PROFECO en Veracruz porque así, digamos, fue el llamado de su voz interior. La voz interior de un académico que durante 25 años impartió clases en la Escuela Superior de Economía del Politécnico y se retiró sin jubilarse. Y que durante 26 años ha trabajado en una plaza federal y ha renunciado sin esperar una pensión.
Soñador, pues, utópico, formado en “la cultura del esfuerzo”, como se le llamó en el siglo pasado, de los 7 a los 9 años de edad Inocencio vivió en Tuxpan debajo de un árbol y sólo tenía el sol y el río Tuxpan y el mar, el Golfo de México, como oasis. Huérfano a los nueve meses, porque su padre fue asesinado en un lío de tierras, su madre lo regaló con la abuela. Dice: “Sé de pobreza y de miseria. Y todo puedo soportar. Menos la corrupción. Tampoco los insultos”.
Así, se fue de PROFECO harto de la deshonestidad. Por ejemplo: desde la Procuraduría Federal del Consumidor establecen cuotas al comercio. Y según “el sapo es la pedrada”. Un prostíbulo, por ejemplo, queda marcado con un embute mensual de 150 mil pesos. Por una sola bomba de diesel en una gasolinera, la cuota es de 175 mil pesos mensuales. Y aun cuando la gasolinera funcione bien, de cualquier modo, mínimo, la mochada mensual es de cien mil pesos.
Un día, por ejemplo, descubrió que en el sur de Veracruz hay unos 500 molinos de nixtamal, a los que habían impuesto una “mordida” de mil pesos mensuales por molino. Es decir, 500 mil pesos al mes.
Otro día, un ciudadano le llevó las pruebas de que en una sucursal del restaurante más próspero de la ciudad de Veracruz vendían un café americano en 25 pesos, y en otro, en 60. Entonces, armó el expediente y decidió clausurar. Fue el día del tercer informe del gobernador en el castillo de San Juan de Ulúa.
De pronto, alguien había filtrado el operativo y desde el gobierno de Veracruz le ordenaron recular.
BANDA DE JUDICIALES EN PROFECO
Dice: hubo en la PROFECO una banda de judiciales que durante los once meses, 15 días y tres horas que permaneció en el cargo lo intimidaron y acorralaron. “Solo hablaban para el insulto y para exigir la renuncia de todo el personal (33 plazas) e imponer a los suyos”.
Así, “quedé aislado”.
Y no obstante los 48 mil 600 pesos mensuales de sueldo, sin nunca haber utilizado un Tsuru para su servicio personal, ni el teléfono oficial para hablar con los amigos, ni viaticar, prefirió renunciar.
Un día, cuenta, la banda de PROFECO le ordenó “rodar cabezas”, rastreando ilícitos a los grandes comerciantes y empresarios de norte a sur de Veracruz y levantando multas altas, demasiado elevadas.
Y en vez de acatar la instrucción superior tendió un puente con las cámaras (CANACO, COPARMEX, etcétera) para que de ser necesario los agremiados se pusieran en orden, y la banda aquella de judiciales enfureció. Fue entonces cuando la CANACO de Xalapa, con Ernesto Pérez Astorga de presidente, solicitó la renuncia del titular de la PROFECO, Alfredo Castillo Cervantes, ungido hoy Comisionado para la Paz en Michoacán, y en donde se ha refugiado con sus otros compinches:
Uno: Jaime Rodríguez Aguilar, quien era director de Delegaciones de PROFECO, y fuera delegado federal de la procuraduría General de Justicia de la nación, PGR, y director de Prevención Social con el gobernador Fidel Herrera.
Dos: Nahún Culebro, jefe de Verificación de PROFECO.
Tres: Gabriel Cambraón, coordinador de PROFECO en el sureste del país.
CORRUPCIÓN DESPUÉS DE INOCENCIO
De si la renuncia de Inocencio Yáñez valió la pena, lo importante es que el antiguo maestro del Politécnico ha sido congruente; pero, en contraparte, en su lugar fue nombrada encargada del despacho Blanca Ludivina Guzmán Allende, quien se desempeñaba como jefa de Verificación, y en su momento fuera acusada de vender plazas de PEMEX en Poza Rica, y de quien corre la siguiente historia:
Apenas unos días como encargada del despacho, con su gente llegaron a un restaurante jarocho a comer y pidieron una cerveza. El mesero les llevó de otra marca. Y los señores de PROFECO armaron un desaguisado.
Entonces, amenazaron con la clausura… a cambio de que la multa sería de 20 mil pesos, y/o en todo caso, una “iguala” de 15 mil pesos.
Y sin respetar el procedimiento, que implica una visita previa al comercio, y ante la negativa del dueño a “la mordida”, el restaurante fue clausurado.
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