ESTADO DE NECESIDAD.

Isael Petronio Cantú Nájera

En Michoacán, particularmente, la idea de un Estado fallido se concretiza con los cientos o miles de muertos de manera violenta y la manifiesta incapacidad de policías, ministerios públicos, jueces de todas las instancias, soldados y marines para garantizar seguridad a la población. En Michoacán todos los partidos se han topado con la fuerza deletérea de la delincuencia organizada de los cárteles de la droga; de los que sobresalen los Caballeros Templarios, Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Un reportaje en la Jornada[1] revela que las muertes violentas en 1997 fueron 757 y que en el 2010 llegó a 661 y en el 2013 hasta el mes de septiembre había muerto de forma violenta 645 personas, representando una incidencia de 16.6 por cada mil habitantes. Al par con los homicidios, se elevaron los secuestros, la extorsión y el robo de vehículos con violencia.

Sin necesidad de mucha teoría y con el simple hecho de ver policías, soldados y marinos deambulando por las calles, el ciudadano común, sabe que esos cuerpos representan el poder del gobierno para garantizar la paz y la seguridad a todos por igual; sin embargo, cuando los criminales conviven con los integrantes de los cuerpos de seguridad y en los procesos electorales imponen autoridades en los municipios, ese mismo ciudadano, sospecha que nadie le está brindando seguridad alguna y se encuentra expuesto a sufrir todo tipo de injurias y daños. Cuando los aparatos de seguridad han perdido su institucionalidad y son brazos armados de la delincuencia, el Estado de Derecho se desvanece o de plano desaparece: se vuelve a un Estado primitivo donde por lo común domina el más fuerte o mejor armado.

Las leyes penales en el país prevén la legítima defensa como atenuante o eximente, cuando, un ciudadano ante la incapacidad de las autoridades de protegerlo frente a la injuria o la acción violenta del atacante, logra protegerse con sus propias manos. Esta legítima defensa se concibe como un estado de necesidad genérico; sin embargo, se puede estar en un Estado de Necesidad, justo cuando “colisionan” dos derechos y se debe de sacrificar el menor por el mayor[2]. 

Carnéades fue director de la Academia fundada por Aristóteles y a él se debe la siguiente metáfora sobre el significado del Estado de Necesidad, dice el filósofo: “habiéndose hundido un barco, sólo quedan dos sobrevivientes y una mísera tabla que únicamente puede sostener a uno de ellos, así, el Estado de necesidad de ambos los lleva a privilegiar su instinto de supervivencia, lo cual trae como consecuencia que uno solo quede vivo”

Las narraciones públicas de los líderes de las “autodefensas” en Michoacán[3] son sin duda una “Tabla de Carnéades” ampliada por miles de familias acosadas, asesinadas, extorsionadas y violentadas por bandas criminales, llámense como se llamen, que los ha obligado a hacerse justicia por su propia mano, toda vez que el Estado y sus aparatos de seguridad no se la han dado; estando así las cosas el dilema es: Se ahoga la población o ahogan a los delincuentes.

Frente a la erosión y lo fallido del Estado de Derecho en Michoacán, el gobierno de la República, por segunda ocasión, así comenzó Calderón su mandato, ha respondido a la falta de seguridad llevando al ejército, a la marina, a la policía federal y una enorme bolsa de dinero con 45,500 millones de pesos para resolver el grave conflicto… sin embargo, ahí siempre ha habido todos esos cuerpos de seguridad y cada año el presupuesto del estado se ha venido incrementando sin importar el tipo de gobierno que exista: priista, panista o perredista, es decir: hay colusión y corrupción, pues los policías, soldados y marinos terminan del lado del narco y el dinero impulsando sus negocios lícitos e ilícitos. Por ello, si las condiciones socioeconómicas y políticas no cambian: Peña Nieto estará echando dinero bueno al malo, pero además, siendo las “autodefensas” la respuesta natural al estado de necesidad creado por la falta de seguridad, al asimilarlas y destruirlas, parte la única tabla de salvación que tenía el pueblo michoacano; pues una vez que se acabe el dinero o termine en manos de los delincuentes y los integrantes de los aparatos de seguridad se retiren: cabe la posibilidad de que éstos se reorganicen y suman de nuevo a Michoacán en una “guerra civil”.

Dos cosas tiene que hacer en todo caso Peña Nieto: cortar de tajo las fuentes de financiamiento de los delincuentes y administrar escrupulosamente los recursos, pues recordemos que “La Tuta” estaba en padrón de beneficiarios en PROCAMPO y peor aún, registrado como maestro por la SEP[4]; y reforzar el control ciudadano en los aparatos de seguridad pública, para que se aplique una política de tolerancia cero: caiga quien caiga, sea del partido que sea, pues igual podemos ver a la Senadora del PRD, Iris Vianey bailando con la hija del prominente líder Templario Enrique Plancarte; que Presidentes municipales del PAN y del PRI recibiendo apoyos financieros para sus campañas electorales, tal y como lo documenta la Revista Proceso en su número 1931.

El gobierno del la República está obligado a garantizar la seguridad de los mexicanos, la cual comienza, sin duda alguna, con tener los elementos necesarios para vivir una vida decorosa que nos motive a defenderla y rechazar lo ilegal: trabajo, salario digno, educación, salud, etc., si no es así: todos seremos, dentro de poco, el estado convulso que es Michoacán. 

[1] http://www.jornada.unam.mx/2013/11/03/politica/003n1pol 

[2] http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado-de-necesidad/estado-de-necesidad.htm 

[3] http://aristeguinoticias.com/1811/mexico/si-caen-los-7-lideres-templarios-dejamos-las-armas-autodefensas-en-mvs/ 

[4] http://www.informador.com.mx/mexico/2010/254938/6/la-tuta-cobra-como-maestro.htm