Por: Martha Cruz
Imagen: Archivo Vaxtuxpan
Tuxpan, Ver.- Los Obispos de México, preocupados por el presente y por el futuro del país, fundamentalmente por un problema que aqueja a la ciudadanía como lo es la corrupción, favoreciendo la impunidad y el enriquecimiento ilícito, la falta de confianza con respecto a las instituciones políticas, sobre todo en la administración de la justicia y en la inversión pública, no siempre clara, igual y eficaz para todos, así lo externó la jerarquía católica mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación y trasmitido a los feligreses a través de las distintas diócesis-
“Todos somos tentados de corrupción”, recordó el Papa Francisco, quien señala que son siempre los pobres quienes pagan el precio de la corrupción de los políticos, de los empresarios y de los eclesiásticos que descuidan su deber pastoral. “Pagan los hospitales sin medicinas, los enfermos que no tienen remedio, los niños sin educación cuando hay corrupción, también el pobre corre el riesgo de perder los valores, porque se le imponen costumbres, leyes, que son contrarias a los valores”
Desde hace cinco años, en el Mensaje “Que en Cristo Nuestra Paz México tenga vida digna”, los Obispos afirmábamos que la corrupción es una forma de violencia que, “al inocularse en las estructuras de servicio público, se transforma en delincuencia organizada, ya que de manera descarada se impone «la mordida» como condición a los ciudadanos para recibir un beneficio o servicio gratuito”.
Para hacer frente a este gravísimo mal se requieren múltiples acciones conjuntas. Entre ellas, la reforma de leyes y la creación de instituciones que, de forma integral, coordinada y en tiempo real, prevengan, identifiquen, investiguen y modifiquen situaciones o condiciones que propicien la corrupción; sancionen oportunamente a los corruptos y hagan realidad el resarcimiento de los daños causados.
En este sentido, es necesario que las posibles reformas constitucionales y legales susciten un Sistema Nacional Anticorrupción, conformado por organismos autónomos que, gozando de independencia, profesionalismo, confiabilidad, facultades y recursos, incluyan en su rango de acción a todos los Órganos del Estado a nivel federal, estatal y municipal, sin olvidar a los poderes judiciales federal y locales, así como a los órganos constitucionales autónomos.
No puede quedar fuera de esta reforma la revisión del “fuero” del que gozan algunos servidores públicos y que podría hacer naufragar el sistema entero si es utilizado como “escudo” de impunidad. También debe replantearse la figura del “juicio político” tanto en sus sujetos como en los supuestos que lo pueden originar, ya que actualmente existe demasiada discrecionalidad y laxitud. Es indispensable que el combate a la corrupción no sea usado con fines de persecución política o de revancha mediática. Cualquier acto de corrupción amerita por sí mismo todo el peso de la ley…
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