A los Jubilados y Pensionados se les debe pagar, nunca pegar

Senador Héctor Yunes Landa 

Los hechos ocurridos el pasado 23 de diciembre serán tristemente recordados. Por fortuna no hubo que lamentar daños mayores. Todo uso de violencia en contra de los ciudadanos es condenable, a menos que se trate de delincuentes o de grupos con la clara intención de provocar problemas e inestabilidad. Esto es aún más grave cuando se atenta contra un grupo tan vulnerable como son los adultos mayores, quienes merecen nuestra consideración y solidaridad.

Ellos representan nuestra historia, de dónde venimos, nos han dado un ejemplo de trabajo, esfuerzo y dedicación, que les ha permitido legarnos un estado y un país, que sin duda es mejor que el que hoy hemos logrado construir las generaciones actuales.

No es con actos violentos ni con el uso desmedido de la fuerza pública como se tratan los reclamos ciudadanos, siempre debe privilegiarse el diálogo y la razón. Repruebo de forma contundente la forma autoritaria con la que se reprimió la libertad de expresión de los pensionados y jubilados, es un acto condenable a todas luces. No debemos perder de vista que si ellos protestaron y decidieron bloquear las vialidades fue porque se vieron obligados a hacerlo, ante el engaño y la falta de atención a sus legítimas demandas. No exigían más allá de lo que justamente les corresponde.

Mi presencia al día siguiente en la "Plaza Lerdo" puede ser criticada por algunos, pero hay constancia de la atención que un servidor ha brindado desde hace tiempo, y si acudí, y lo haría de nuevo, fue con la única motivación de seguir respaldando esta justa lucha por el pago al que tienen derecho; pago, que desde los primeros días de diciembre he gestionado ante la petición particular de la Asociación Gestora del Magisterio (Asogema) con quienes me reuní, comunicándome ese mismo instante con el titular del IPE, a quien le solicite especial atención en este caso y que se tomaran las previsiones necesarias para el pago oportuno, comentándonos que estos serían atendidos oportunamente.

Sin embargo, existe un retroactivo pendiente de enero a octubre de este año, derivado del aumento en el salario que fue del 3.4 por ciento. De ahí la frustración y enojo, transformados ahora en indignación y odio, por la manera en que se les "replegó".

Estoy convencido al igual que muchos políticos y ciudadanos, jóvenes y adultos, nacionales o extranjeros, coincidimos en reprobar la violencia como forma de ejercer el poder y dar respuesta a peticiones justas, en especial si se ejerce sobre los que requieren más protección.

Reitero que siempre he considerado que nuestros adultos mayores son parte fundamental en la vida de nuestro estado, por ello merecen todo nuestro apoyo, atención y respeto. 

Lo sucedido no sólo es un acto inhumano sino también un delito que debe investigarse, tanto por la agresión como por el retraso en sus pagos. Por ello debe investigarse a fondo y conocerse su origen para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables.

Actos como el de esta semana sólo genera desconfianza y desencanto hacia los políticos y hacia las instituciones, me sumo desde aquí a la expresión del diputado local Ricardo Ahued, cuando ese mismo día afirmó que este tipo de hechos hacen que algunos políticos den pena.