En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la realización de una consulta a pueblos indígenas mayas de Campeche para conocer su opinión sobre la siembra de soya transgénica en su territorio, la cual debería cumplir con los parámetros de buena fe, consulta libre, informada y culturalmente adecuada.
Sin embargo, las autoridades responsables de que la organización de la consulta se apegue a esos criterios no lo han hecho. Léase la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI).
La Misión de Observación de la ConsultaIndígena Maya –integrada por diversas organizaciones, entre ellas Greenpeace- ha seguido de cerca el desarrollo de la elaboración de la consulta, que actualmente se encuentra en la fase de “Acuerdos Previos” y ya presenta irregularidades, generando desconfianza, división social, un ambiente hostil en las comunidades involucradas y restando validez al proceso.
El 30 de junio, a la reunión de Hopelchén llegaron alrededor de cien agricultores y productores a favor de la siembra de soya genéticamente modificada, lo que impidió el acceso a los representantes de la mayoría de las comunidades indígenas por falta de cupo, por lo que se dividió la sesión en dos espacios paralelos a pesar de la solicitud de los representantes indígenas comunitarios de que se les entregara el plan de trabajo y se suspendiera la sesión por no haber las condiciones mínimas de seguridad y respeto para llevar a cabo la reunión.
En la sesión ocupada por simpatizantes a la siembra de soya genéticamente modificada, en su mayoría ajenos a las comunidades, se presionó a las autoridades a firmar un acta que permitiera la siembra de soya de manera inmediata, incluso amenazaron con cerrar las puertas e impedir la salida de las personas hasta lograr sus objetivos. En ese espacio, también se expuso que había agricultores que ya estaban sembrando soya genéticamente modificada en la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide, que de comprobarse se estaría incurriendo en un acto ilegal que vulnera la suspensión judicial de siembra de esa semilla resuelta por la SCJN.
En la segunda sala, los representantes de 31 comunidades mayas reiteraron su disposición al diálogo y acordaron continuar la fase de acuerdos previos hasta el 15 de octubre.
En la sesión de Tenabo, el 1 de julio, el asesor que representa a comunidades mayas leyó una carta donde informó que debido al antecedente ocurrido en Hopelchén y la reunión posterior convocada por la delegación de SAGARPA en Campeche con productores de soya de la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide y representantes de 4 campos menonitas, sólo recibirían el programa de trabajo de la consulta indígena para analizarlo y continuarían con la fase de acuerdos previos hasta el 15 de octubre al igual que la mayoría de las comunidades de Hopelchén.
La Misión de Observación denunció también que algunos participantes se transportaron en camionetas de empresas distribuidoras de semillas y herbicidas ligadas a Monsanto, dejándolas estacionadas afuera del lugar y por ende violentando el principio de buena fe y consulta libre. Esta empresa tiene un claro interés económico en presionar la aprobación del proyecto y por tanto debe mantenerse completamente alejada del proceso de consulta. El rol que ha mostrado es inaceptable y es contrario a los principios rectores de Empresas y Derechos Humanos establecidos por la ONU.
Fuente: Greenpeace
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