México: Acusaciones contra periodista limitan indebidamente la libertad de expresión.

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Imagen: twitter.com

CDMX.- Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que el reconocido académico y periodista mexicano Sergio Aguayo ha sido demandado civilmente por difamación (daño moral), sobre la base de una columna de opinión que publicó en enero pasado respecto a la detención, en España, de Humberto Moreira Valdés, ex gobernador del estado de Coahuila, al norte de México.

La demanda contra Sergio Aguayo exige una retractación de su opinión y el pago de al menos 550 000 dólares por concepto de reparación. Para pedir dicho monto, el ex gobernador ha pedido al juez que no se aplique el límite máximo que la ley mexicana establece por este tipo de demandas (1400 dólares, aproximadamente).

Toda persona tiene derecho a la protección de su honra y reputación, lo cual en ocasiones puede requerir la eventual intervención del sistema de justicia civil. Sin embargo, en este caso particular Amnistía Internacional está preocupada por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México.

La opinión publicada por Sergio Aguayo se realizó como parte del ejercicio legítimo de su libertad de expresión. Los asuntos de interés público deben estar sujetos a un amplio escrutinio por parte de diversos actores sociales y, por lo tanto, funcionarios y otras figuras públicas pueden estar sujetos a la crítica sin que dicha actuación vulnere sus derechos humanos.

Amnistía Internacional considera que la suma exigida como reparación en la demanda es excesiva y podría constituir una forma de sanción e intimidación con efectos inhibitorios de la libertad de expresión en el debate público.

La organización hace un llamado a las autoridades mexicanas a asegurarse que el sistema de justicia civil no sea utilizado para hostigar y desacreditar a las voces críticas mediante la imposición de sanciones civiles que derivan exclusivamente del ejercicio pacifico de los derechos humanos. Las autoridades están obligadas a garantizar que las y los periodistas puedan desempeñar su trabajo sin miedo a sufrir represalias y satisfacer el derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada sobre todos los asuntos de interés público.