El bono secreto y la objetiva corrupción

Isael Petronio Cantú Nájera

La secritud arropa la prevaricación; pero en el caso de los servidores públicos: a la corrupción.

Esconder todo acto contrario a la legalidad conlleva un doble ilícito, el que se cometió y el ocultamiento del mismo; que le permite al agente actuar con impunidad y seguir violentado el orden social o legal establecido. El delincuente en ese caso actúa con dolo, sabe que lo que hace está mal y por ello, lo realiza en secreto, en la oscuridad, con el objeto de que nadie lo vea. Subyace el cinismo y la mentira, cuando es descubierto, aduce en su defensa, que no sabía que tal acto era un delito. ¿Por qué lo hizo en secreto entonces?

En nuestro país, cuyos índices de corrupción son altos y están destruyendo todas las instituciones estaduales, la existencia de un “bono secreto” con valor de millones de pesos que se entregan a sí mismos los diputados federales, muchos de los estatales, los senadores y demás funcionarios en otras dependencias: habla del deteriorado Estado de Derecho en el cual estamos viviendo y de la ínfima consciencia democrática y legal que tienen esos servidores públicos al aprovecharse de su cargo y robarse el erario; porque eso es lo que hacen y por ello recurren a la secritud.

Pero hay más delitos en ese acto, hay Ejercicio ilícito de funciones públicas (CPF. Art. 214), Ejercicio abusivo de funciones (CPF. Art. 220), Tráfico de influencia (CPF. Art. 221), Cohecho (CPF. Art. 222), Peculado (CPF. Art. 223), Enriquecimiento ilícito (CPF. Art. 224), todos ellos, tipificados en el Título Décimo: “Delitos por hechos de corrupción” del Código Penal Federal.

Pero, ellos dirán, que dicho “bono secreto” no es ilegal y menos representa un delito de corrupción, porque en su “normatividad” leyes secundarias o reglamentos o acuerdos en lo “oscurito”, lo validan.

Esos delincuentes saben que otorgarse jugosos bonos, regalías o como les quieran llamar, nunca serán toleradas por los ciudadanos cuyo salario promedio ronda, los 6,870 pesos mensuales.

Los atracadores, no obstante que sus salarios están en 148, 558 pesos mensuales[1] y hasta más. Se otorgan un bono secreto o navideño o atraco, como le digan ronda los 361,000 pesos, que llega hasta los 718,000 pesos de acuerdo a las fuentes públicas que hoy se conocen[2], si se le suma lo que les corresponde por “ley”.

Es entendible que todos aquellos políticos cuya identidad con el otrora partido casi único, no tuvieran empacho en hacerse ricos robando el erario, su máxima era esa: “No me den ¡Pónganme donde hay!” y así, desde el “carrancearse” las cosas, hasta los “cañonazos de 50 mil pesos”, ahora convertido a dólares o euros; los cobros, mordidas, cochupos, sobornos y todo un gran etcétera de pillerías en contra del dinero público, eran el concurso de la corrupción, la cual, fue premiada con el doctorado Honoris causa al Negro Durazo otorgado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. o exhibida en toda su crudeza, en la compra de la Casa Blanca por Peña Nieto o alambicada con la huida apoyada oficialmente de Javier Duarte de Ochoa o la defensa de Moreira en España por la Secretaria de Relaciones Exteriores. Eso está bien, digo, así son los priistas ¿Pero los perredistas?

Solo para recordarlo y hacer patente que todo diputado que se beneficie de la corrupción traiciona el siguiente principio:

4.3.2. Transparencia y Rendición de Cuentas.

Los principios de transparencia y rendición de cuentas son instrumentos indispensables para fortalecer la credibilidad de nuestro Partido ante la sociedad, garantizando la estricta aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en todos los niveles orgánicos de nuestro Instituto Político y de nuestros representantes populares. También debemos exigir su aplicación en todos los niveles de gobierno y de la sociedad, y si no es así́ obligadamente denunciarlo, para avanzar contundentemente contra la corrupción e impunidad, que tanto daña a nuestro país.

Resulta pertinente, entonces, que nuestros diputados o servidores públicos por designación, no solamente están obligados a luchar contra la corrupción, sino a denunciarla y evitar que los corruptos queden impunes. En el caso del bono secreto, de manera pública la presidenta del Partido y de buen modo, ha conminado a los diputados que dicho bono sea rechazado y reasignado a causas sociales, que contribuyan al bien común.

Sino lo hacen, debería ser contundente la presidenta, pues esos diputados y diputadas, al estar traicionando los principios del partido: deben ser expulsados.

Es obvio, ya lo hemos visto en el patético caso de Iguala, que, sino se para la vorágine de la descomposición, del desorden, de la burla a los estatutos, a la línea política y al programa el PRD desaparecerá en medio de la corrupción.

Hoy es el bono secreto y ¿mañana?

[1] http://www3.diputados.gob.mx/camara/004_transparencia/000_canales_principales/002_camara_de_diputados/03_remuneraciones

[2] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/1/diputados-se-dan-bono-secreto-por-fin-de-ano