Bernardo Bátiz V. jusbbv@hotmail.com
Ya estaríamos en eso, en la reforma del Estado, si el Tribunal Electoral del Poder Judical de la Federación hubiera reconocido a quien realmente triunfó en las elecciones de 2006; estaríamos ya viviendo en una economía de austeridad, de eficacia, de honradez, con los ojos puestos en las necesidades de la nación, y estaríamos viendo cómo las instituciones del Estado sirven para mejorar la situación general del pueblo.
Pero no fue así y nuevamente se pospone un cambio de fondo que se ha dejado pasar en varias ocasiones anteriores; la más destacada fue cuando en el año 2000 Fox no supo o no pudo, o no lo dejaron, responder a las muchas expectativas que los votantes pusieron en su candidatura, sin duda diferente durante las elecciones a las candidaturas de sus predecesores, pero con un resultado, ya en el gobierno, peor que los que habíamos sufrido con anterioridad.
Una reforma a fondo del Estado implica modificaciones profundas en cuanto al uso de los instrumentos de poder que sirven ahora a unos cuantos privilegiados y que deben emplearse en servir primero a los pobres y enseguida a todos los demás, cuidando del patrimonio de nuestra patria; esto es, como se lo han propuesto el “gobierno legítimo” y su presidente Andrés Manuel López Obrador, defendiendo la soberanía nacional, el patrimonio de la nación, especialmente el petróleo, pero también la electricidad, las costas, los recursos naturales y, sin duda alguna, el patrimonio cultural que nos identifica.
Según la Ley de la Reforma del Estado, disposición legislativa disparatada consistente, más que en una verdadera ley, en la expresión de un deseo, ésta ya ha quedado rebasada e incumplida, puesto que la intención expresada en uno de sus preceptos era tenerla lista para el fin del año que acaba de terminar, como si se pudiera reformar el Estado sólo con acuerdos parlamentarios y sin la injerencia e intervención directa de la gente.
Una verdadera reforma del Estado requerirá de una nueva Constitución, tema del que se habló mucho hace un año y del que ahora todo mundo parece olvidarse. Sería una verdadera novedad que sin violencia, mediante un amplio movimiento social desde abajo, se pudiera llevar a cabo un cambio que rompiera el sino fatal de que cada nueva Constitución mexicana lleva sobre sus hombros una guerra interna.
Las reformas que se han aprobado, en contra de la opinión de la gente, en materia de justicia, seguridad social, impuestos, comercio exterior, entre otras, no han tenido como objetivo cambiar para mejorar, sino, muy por el contrario, son nuevos instrumentos de sometimiento y control que están tensando la cuerda que puede reventar en cualquier momento; contra estas reformas está la propuesta del movimiento enérgico, pero civil y pacífico, que cuenta con varios mecanismos de acción. Uno es el Frente Amplio Progresista que actúa en el flanco institucional de los congresos federal y locales y gobiernos municipales y estatales.
Está, además, el gran movimiento de masas que es la convención nacional democrática, con sus asambleas periódicas, y principalmente la inusitada movilización de cientos de miles de mexicanos que se han incorporado como colaboradores del “gobierno legítimo”, mediante la firma de una carta compromiso y la obtención de una credencial que los acredita con ese carácter.
Son ya, en 11 meses de trabajo, cerca de 2 millones de ciudadanos dispuestos a lograr la verdadera reforma política apoyando a quien, lo saben con certeza, es un dirigente político excepcional, cuya principal característica es no darse por vencido y continuar persiguiendo su objetivo, que es lograr un país para todos, en el que cada quien pueda tener acceso a lo necesario para vivir, a educación, a cultura, a seguridad social, a salud, a vivienda, y todos disfrutando en un ambiente de libertad y armonía.
2008 será crucial para seguir adelante y para demostrar que cuando se tienen ideales y se trabaja por ellos, ni todo el dinero ni todas las televisoras y radiodifusoras juntas, ni todas las fuerzas armadas, detienen al pueblo movilizado y convencido del cada vez más necesario cambio de estructuras.
Ya estaríamos en eso, en la reforma del Estado, si el Tribunal Electoral del Poder Judical de la Federación hubiera reconocido a quien realmente triunfó en las elecciones de 2006; estaríamos ya viviendo en una economía de austeridad, de eficacia, de honradez, con los ojos puestos en las necesidades de la nación, y estaríamos viendo cómo las instituciones del Estado sirven para mejorar la situación general del pueblo.
Pero no fue así y nuevamente se pospone un cambio de fondo que se ha dejado pasar en varias ocasiones anteriores; la más destacada fue cuando en el año 2000 Fox no supo o no pudo, o no lo dejaron, responder a las muchas expectativas que los votantes pusieron en su candidatura, sin duda diferente durante las elecciones a las candidaturas de sus predecesores, pero con un resultado, ya en el gobierno, peor que los que habíamos sufrido con anterioridad.
Una reforma a fondo del Estado implica modificaciones profundas en cuanto al uso de los instrumentos de poder que sirven ahora a unos cuantos privilegiados y que deben emplearse en servir primero a los pobres y enseguida a todos los demás, cuidando del patrimonio de nuestra patria; esto es, como se lo han propuesto el “gobierno legítimo” y su presidente Andrés Manuel López Obrador, defendiendo la soberanía nacional, el patrimonio de la nación, especialmente el petróleo, pero también la electricidad, las costas, los recursos naturales y, sin duda alguna, el patrimonio cultural que nos identifica.
Según la Ley de la Reforma del Estado, disposición legislativa disparatada consistente, más que en una verdadera ley, en la expresión de un deseo, ésta ya ha quedado rebasada e incumplida, puesto que la intención expresada en uno de sus preceptos era tenerla lista para el fin del año que acaba de terminar, como si se pudiera reformar el Estado sólo con acuerdos parlamentarios y sin la injerencia e intervención directa de la gente.
Una verdadera reforma del Estado requerirá de una nueva Constitución, tema del que se habló mucho hace un año y del que ahora todo mundo parece olvidarse. Sería una verdadera novedad que sin violencia, mediante un amplio movimiento social desde abajo, se pudiera llevar a cabo un cambio que rompiera el sino fatal de que cada nueva Constitución mexicana lleva sobre sus hombros una guerra interna.
Las reformas que se han aprobado, en contra de la opinión de la gente, en materia de justicia, seguridad social, impuestos, comercio exterior, entre otras, no han tenido como objetivo cambiar para mejorar, sino, muy por el contrario, son nuevos instrumentos de sometimiento y control que están tensando la cuerda que puede reventar en cualquier momento; contra estas reformas está la propuesta del movimiento enérgico, pero civil y pacífico, que cuenta con varios mecanismos de acción. Uno es el Frente Amplio Progresista que actúa en el flanco institucional de los congresos federal y locales y gobiernos municipales y estatales.
Está, además, el gran movimiento de masas que es la convención nacional democrática, con sus asambleas periódicas, y principalmente la inusitada movilización de cientos de miles de mexicanos que se han incorporado como colaboradores del “gobierno legítimo”, mediante la firma de una carta compromiso y la obtención de una credencial que los acredita con ese carácter.
Son ya, en 11 meses de trabajo, cerca de 2 millones de ciudadanos dispuestos a lograr la verdadera reforma política apoyando a quien, lo saben con certeza, es un dirigente político excepcional, cuya principal característica es no darse por vencido y continuar persiguiendo su objetivo, que es lograr un país para todos, en el que cada quien pueda tener acceso a lo necesario para vivir, a educación, a cultura, a seguridad social, a salud, a vivienda, y todos disfrutando en un ambiente de libertad y armonía.
2008 será crucial para seguir adelante y para demostrar que cuando se tienen ideales y se trabaja por ellos, ni todo el dinero ni todas las televisoras y radiodifusoras juntas, ni todas las fuerzas armadas, detienen al pueblo movilizado y convencido del cada vez más necesario cambio de estructuras.
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