Por Uriel Flores Aguayo
urielfloresaguayo@hotmail.com
En nuestro país están pasando cosas graves en cuanto a la seguridad de las personas y sus bienes; Veracruz y Xalapa no escapan a la ola amenazante y violenta que dirige el que podemos llamar el quinto poder.
Los ciudadanos, pero también los servidores públicos de menos nivel, estamos indefensos ante la cada vez mayor inseguridad que nos invade. Son de tal obviedad y magnitud los peligros que acechan a cualquier persona que resulta tragicómico observar que las autoridades no hacen nada o hacen como que hacen. Es posible que prefieran sobrellevar la situación dura y difícil de la inseguridad y más bien ocupante de asuntos lucidores.
Ante los secuestros, “levantotes”, amenazas y extorsiones el ciudadano prácticamente está solo o prefiere estarlo ante la duda sobre la independencia y capacidad de algunas autoridades. Es de tal impacto lo que ocurre a nuestro alrededor que bien se puede pensar en que la autoridad cedió su papel o lo negoció con alguna fuerza oscura, sobre todo en los niveles locales.
El estado mexicano esté en crisis al no cumplir con una de sus funciones sustanciales que es la de la seguridad, sin la cual entramos a la ley de la selva. Esa crisis viene del ayer priísta, cuando, sin embargo, se mantenía cierto control de la delincuencia organizada; se consolidó en la omisión y opacidad de la etapa foxista y estalló en la ineptitud e ilegitimidad de Calderón. Es evidente que vamos retorciendo en los temas de legalidad y todo lo relacionado con la seguridad.
Circula la hipótesis de que el gobierno federal pudiera estar administrando la violencia en una estrategia de miedo social para, de pronto, dar golpes espectaculares, aprehender a dos o tres mafiosos mayores y disminuir la inseguridad con la finalidad de generar la simpatía de la gente y pretender una legitimidad que no obtuvo con votos. A como están las cosas de terroríficas y desalentadores tal vez sea deseable que se actualice esa hipótesis a confirmar la derrota del estado mexicano, que si bien no se extingue sí se vuelve fallido.
Las manifestaciones por la paz que vienen y otro tipo de expresiones ciudadanas en torno a la violencia deben traducirse en acciones permanentes y en medidas integrales. Es de elemental salud democrática que no se mezclen los objetivos superiores con agendas ideológicas y políticas como ya ocurrió anteriormente cuando se trató de cuestionar a López Obrador, en ese entonces Jede de Gobierno del Distrito Federal. Una marcha no basta, no tiene más efecto que poner un tema en el centro del interés nacional, por lo que debería pensarse en los pasos siguientes.
En ese contexto muchas autoridades se desentienden de esos temas o los afrontan con el valor de alguna declaración, una foto o una iniciativa mediática. No es con el populismo penal no con llamadas de abstracto como el ciudadano se sentirá más seguro, hace falta mucho más.
Pocas veces como ahora en que el ciudadano vive con el miedo se habían visto tan lejanos los gobiernos de todos los niveles: tan ausentes, artificiales, ociosos, ineptos y prescindibles. A una persona golpeada o extorsionada qué le puede preocupar quién quiere ser diputado el año que viene, cuánto se gastará el IFE, qué hacen los diputados en las olimpiadas, qué significa la araucaria de Xalapa y tantos otros asuntos de una “normalidad” que no existe, que sólo se sostiene en una formalidad de discurso.
Ojalá no sea tan tarde, ojalá todavía podamos hacer algo antes de hundirnos en el terror, una vida que no merecen nuestros hijos y que no merece ningún mexicano.
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