Orlando Segura Hervert.
En fecha próxima, la Procuraduría Federal del Consumidor, emitirá de manera oficial un comunicado en el sentido de la ilegalidad cometida por los ayuntamientos, al aplicar la infracción de tránsito y posteriormente enviarlos con la empresa de grúas para que paguen el famoso corralón, dicha cuestión no puede ser, porque el usuario, cliente, o propietario del vehículo en ningún momento solicitó dicho servicio y por lo tanto no hay sustento legal para que se les cobre por esa supuesta multa vial.
La autoridad al sustentar la sanción estipula la cantidad, que en el caso de Tuxpan ronda los 400 pesos por violar la normatividad de la vialidad, luego entonces, si la grúa es del municipio, se supone que el costo va incluido; pero si el funcionario llama a una instancia particular para que traslade el vehículo a un determinado espacio, entonces ahí es donde, el automovilista puede apelar a la Profeco para poner a salvo sus derechos. Así lo declaró el Subdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Veracruz, Guillermo Basurto Origel.
Hasta la fecha, la gran mayoría de los gobiernos municipales e inclusive la Federal de Caminos, cometen el error de pedir a una compañía particular que se lleve determinado vehículo, sin el consentimiento del gobernado, tal cuestión atenta contra los derechos del consumidor quien no estableció ningún acuerdo, ni suscribió contrato alguno, la relación se dio en este caso, con la autoridad o funcionario y por lo tanto, los honorarios correrán a cargo de quien hizo la petición o solicitud
El funcionario federal explicó que lo más probable es que los gobiernos municipales impugnen la disposición, pero se acudirá a los tribunales para que se sienta precedente, de tal forma que se generen cinco resoluciones en un mismo sentido y se plasme la jurisprudencia, con este elemento de carácter jurídico, los ciudadanos podrán contar con nuevas armas legales para defenderse de cualquier atropello que se pueda suscitar.
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