martes, 3 de febrero de 2009

IGNORA EL GOBIERNO DEL D.F. A TRANSPORTISTAS


México, D. F., a 3 de febrero de 2009
Concesionarios del Transporte Público de Pasajeros miembros de la Ruta 1, dieron a conocer esta mañana en conferencia de prensa que el Gobierno del Distrito Federal los ha ignorado durante los últimos cinco meses, en los que tampoco ha ofrecido a los juzgados el proyecto ejecutivo del Corredor Cero Emisiones que pretende comenzar a operar los próximos días en el Eje Central Lázaro Cárdenas, por lo que dijeron estar dispuestos a llegar hasta sus últimas consecuencias.
Por lo pronto buscan la protección de la justicia mediante el Juicio de Amparo 1609/2008 interpuesto ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal para que no se violen sus garantías y puedan continuar circulando en el Eje Central.
Además, expresaron, harán las denuncias de hechos correspondientes en contra el secretario de Transportes y Vialidad y el director General de Transportes, Armando Quintero Martínez y Martín Mejía Zayas, respectivamente, por violentar ordenamientos jurídicos al ofrecer datos falsos a autoridades judiciales con el fin de que les sea negado el amparo solicitado.
Noé Rendón leyó un comunicado a nombre de los concesionarios, donde subrayó: "Creemos que sus colaboradores no informan al Jefe de Gobierno de lo que ocurre en la ciudad y con sus ciudadanos, ya que desde el día 20 de agosto de 2008 le entregamos una carta en sus oficinas, a la espera de una respuesta a nuestras peticiones y ésta aún no se ha dado", motivo por el que hoy se lo hicieron saber públicamente.
Incluso, argumentó que "vivimos en un terror psicológico ante la posible pérdida de nuestras fuentes de trabajo".
Rendón dijo que el anuncio oficial del 23 de junio pasado y otros tantos realizados por la SETRAVI sobre el Corredor Cero Emisiones, "han dejado ver que nuestros temores de un proyecto que no contempla la participación de los concesionarios es real para quienes hemos prestado dicho servicio por 39 años".
Por el contrario, destacó Noé Rendón: "No nos oponemos a un cambio que beneficie a personas con capacidades diferentes, al medio ambiente y a la sociedad en general. Sin embargo, exigimos ser incluidos en este proyecto y el respeto a nuestros derechos".
En palabras de su vocero, los transportistas dijeron que no buscan "derrocar a nadie, ni perseguimos un 'hueso político', (sino) sólo estamos en contra de una injusticia que nos impida proveer de lo necesario a nuestras familias".
Destacaron, además, que dan la cara y "defenderemos nuestros derechos hasta el último aliento, pese a quien le pese" porque aseguran ser ciudadanos de primera con todos los derechos y no de tercera como hasta ahora se los han dejado sentir las autoridades.
Por lo que exigieron al Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, que "tome las medidas necesarias para impedir que se presente lo que consideramos un atropello a los derechos humanos elementales de miles de personas que vivimos en la incertidumbre ante esta situación".
Al ser cuestionados sobre la probabilidad de que la SETRAVI les retire las concesiones, el abogado Antonio Ortega Barco destacó que "aunque las autoridades del transporte tienen la facultad de retirar las concesiones, los permisionarios de Ruta 1, como cualquier otro ciudadano poseen garantías por encima de estas decisiones: La Constitución Mexicana e incluso la Ley de Transportes del DF los ampara.
"Legalmente vamos a dar batalla y si es necesario podemos salir a las calles para que nuestra voz sea escuchada", expresó Rendón, quien aseguró que lo que pretende hoy la SETRAVI es hacer un "Simi-corredor", es decir, lo mismo pero con unidades viejas.
Declaró que una muestra de la incongruencia de las autoridades del transporte es la sustitución que actualmente realiza en el parque vehicular de trolebuses, pues cambian unidades de 1998 por vehículos de 1975, eso sí, dicen, "repotenciados" mientras a los concesionarios se nos obliga a cambiar por nuevas unidades.
Al respecto otro de los concesionarios, Bulmaro Herrera Hernández, señaló que cuando las autoridades les piden que compren o cambien sus unidades no pueden exponer su patrimonio familiar: "Ellos nos exigen que comprar, cambiar y mañana nos dicen te quito, no es justo".
El costo de un camión es de un millón 300 mil pesos porque prácticamente nadie puede pagar su precio al contado de 870 mil pesos "Esto nos dicen ahorita y el día de mañana nos quitan… entonces qué vamos hacer para liquidar ese compromiso", se quejó.
Rendón mencionó que su única exigencia es ser parte de ese proyecto. Actualmente son 50 los concesionarios agremiados a este movimiento, los cuales solo piden a las autoridades del GDF que respeten sus derechos de 40 años de prestar sus servicios por la avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, desde Río de Churubusco hasta Tlalnepantla.
Fuente... www.difunet.com

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