Por: Imelda Torres Sandoval
jurisagro@yahoo.com.mx
A mediado día de este lunes 20 de septiembre, aproximadamente 30 familias de la Localidad de El Guayabo, del Municipio de Álamo, decidieron instalar improvisadas casas de campaña y cocinas, decididas a acampar en las banquetas de la Calle Emiliano Zapata, de la Colonia Rodríguez Cano, domicilio oficial de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte.
Cuestionados por los medios y transeúntes que pasaban por el Boulevard Independencia, los manifestantes señalaron que están decididos a plantarse permanentemente en las inmediaciones de la Subprocuraduría de Justicia, ya que hace más de 2 años interpusieron una denuncia por hechos que consideraron en agravio de su patrimonio, cometido presuntamente por integrantes del Movimiento de los 400 Pueblos.
“Interpusimos ya incluso un amparo para exigir que se nos haga justicia pronta y expedita, como dice la Constitución, radicado en el Juzgado Octavo de Tuxpan con el número 449/2010, ya que pusimos nuestra denuncia por el desalojo violento de nuestras casas por parte de la gente de César del Ángel desde el 19 de febrero del 2008, pero se ha hecho caso omiso. Ya nos plantamos 3 meses en el Ministerio Público de Álamo y lo único que hemos recibido es la burla de este supuesto servidor público, que le contestó al Juzgado Octavo de Distrito, en su informe justificado, que ya reservó la investigación ministerial desde el 20 de abril de este año; pero lo que no entendemos es porque nunca se nos notificó de dicho acuerdo. Y tampoco sabemos porque, si el Ministerio Público de Álamo ya reservó por que supuestamente no hay elementos para consignar, sigue citando a los responsables que señalamos en nuestra denuncia. Por eso estamos aquí, porque estamos exigiendo una respuesta clara de que está pasando con nuestra denuncia, que nos diga el Subprocurador Tomás Cristóbal cuanto tiempo vamos a estar en la calle, despojados de nuestras casas por la gente de César del Ángel”, manifestó a este medio Damián Cuervo Mejía, representante de las 75 familias supuestamente desalojadas de la Localidad del Guayabo desde el año 2008.
Apostados con sus enseres domésticos y sus pocas pertenencias, mujeres con niños en brazos y hombres preparando la lumbre para el café, ya entrando la noche, aproximadamente a las nueve p.m., recibieron la visita del Diputado Federal Miguel Martin, quien ha sido su principal apoyo en la asesoría legal que los llevó a promover el amparo mencionado.
Miguel Martín López les externó su completa solidaridad y preocupación por que se les otorgue la oportunidad a los desalojados de Guayabo de defender sus derechos ante un juez. “Es una garantía básica de todos que podamos defender nuestras propiedades y familia. Vamos a apoyarlos para que la Subprocuraduría y el Ministerio, lo más pronto posible, determine ya la investigación ministerial. No puede ser posible que en un Estado de Derecho a 75 familias se les deje en la calle dos años, sin que se les otorgue la posibilidad de defender sus derechos ante un juez. De ser necesario, exhortaremos al propio Gobernador Fidel Herrera para que intervenga en este asunto, y otorgue las mínimas garantías de justicia a estas familias, antes de que finalice su mandato.” puntualizó finalmente el legislador federal.
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A mediado día de este lunes 20 de septiembre, aproximadamente 30 familias de la Localidad de El Guayabo, del Municipio de Álamo, decidieron instalar improvisadas casas de campaña y cocinas, decididas a acampar en las banquetas de la Calle Emiliano Zapata, de la Colonia Rodríguez Cano, domicilio oficial de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte.
Cuestionados por los medios y transeúntes que pasaban por el Boulevard Independencia, los manifestantes señalaron que están decididos a plantarse permanentemente en las inmediaciones de la Subprocuraduría de Justicia, ya que hace más de 2 años interpusieron una denuncia por hechos que consideraron en agravio de su patrimonio, cometido presuntamente por integrantes del Movimiento de los 400 Pueblos.
“Interpusimos ya incluso un amparo para exigir que se nos haga justicia pronta y expedita, como dice la Constitución, radicado en el Juzgado Octavo de Tuxpan con el número 449/2010, ya que pusimos nuestra denuncia por el desalojo violento de nuestras casas por parte de la gente de César del Ángel desde el 19 de febrero del 2008, pero se ha hecho caso omiso. Ya nos plantamos 3 meses en el Ministerio Público de Álamo y lo único que hemos recibido es la burla de este supuesto servidor público, que le contestó al Juzgado Octavo de Distrito, en su informe justificado, que ya reservó la investigación ministerial desde el 20 de abril de este año; pero lo que no entendemos es porque nunca se nos notificó de dicho acuerdo. Y tampoco sabemos porque, si el Ministerio Público de Álamo ya reservó por que supuestamente no hay elementos para consignar, sigue citando a los responsables que señalamos en nuestra denuncia. Por eso estamos aquí, porque estamos exigiendo una respuesta clara de que está pasando con nuestra denuncia, que nos diga el Subprocurador Tomás Cristóbal cuanto tiempo vamos a estar en la calle, despojados de nuestras casas por la gente de César del Ángel”, manifestó a este medio Damián Cuervo Mejía, representante de las 75 familias supuestamente desalojadas de la Localidad del Guayabo desde el año 2008.
Apostados con sus enseres domésticos y sus pocas pertenencias, mujeres con niños en brazos y hombres preparando la lumbre para el café, ya entrando la noche, aproximadamente a las nueve p.m., recibieron la visita del Diputado Federal Miguel Martin, quien ha sido su principal apoyo en la asesoría legal que los llevó a promover el amparo mencionado.
Miguel Martín López les externó su completa solidaridad y preocupación por que se les otorgue la oportunidad a los desalojados de Guayabo de defender sus derechos ante un juez. “Es una garantía básica de todos que podamos defender nuestras propiedades y familia. Vamos a apoyarlos para que la Subprocuraduría y el Ministerio, lo más pronto posible, determine ya la investigación ministerial. No puede ser posible que en un Estado de Derecho a 75 familias se les deje en la calle dos años, sin que se les otorgue la posibilidad de defender sus derechos ante un juez. De ser necesario, exhortaremos al propio Gobernador Fidel Herrera para que intervenga en este asunto, y otorgue las mínimas garantías de justicia a estas familias, antes de que finalice su mandato.” puntualizó finalmente el legislador federal.
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