Por Dip. Laura Itzel Castillo Juárez...
La pobreza representa el mal más lastimero de nuestra nación. Es origen de la injusticia, de la discriminación y es una abundante fuente de reclutas del crimen organizado, de las fuerzas armadas, de la migración y de otras graves heridas de la patria. La feminización de la pobreza es el rostro más injusto, más vulnerable.
En la entrega pasada informamos que más de la cuarta parte de las familias mexicanas tiene como responsable a una mujer. En México, la mayoría de las mujeres no son directamente las derechohabientes acreditadas; sin embargo, ante la ausencia de la pareja, son quienes asumen la responsabilidad de buscar cómo pagar las mensualidades, pero sin tener la garantía de adquirir los derechos de propiedad.
Por ello, muchas de ellas se convierten en mujeres mexicanas que al paso de los años llegan a perder el patrimonio inmobiliario, ya que la titularidad está a nombre del varón, quien a pesar de no haber asumido el compromiso económico para el finiquito de la deuda, es originalmente el acreditado y por tanto, jurídicamente, el propietario de la vivienda. Presenté una iniciativa para resolver esta problemática ante el Infonavit que explicaré posteriormente.
Por ahora es fundamental recordar la base legal de nuestro sistema jurídico. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”; también establece que “Toda familia tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”, y que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
En la actualidad subsisten países en el mundo que no reconocen estos derechos consagrados en nuestra Carta Magna; incluso subsisten leyes discriminatorias en cuanto a la propiedad y la herencia. Nuestra nación, como la mayoría en el planeta, reconoce legalmente derechos iguales para todos y todas. Sin embargo, el problema radica en la falta de implementación de estos preceptos, así como en la ausencia de leyes que verdaramente hagan efectivos estos principios.
Los roles prevalecientes de género en nuestro país, en los hechos limitan a las mujeres ante la justicia. Situación que se ve agravada cuando se liga a fenómenos discriminatorios por el origen étnico, un bajo nivel educativo, la pobreza, la marginación y sobre todo, una prevaleciente cultura machista.
En la entrega pasada informamos que más de la cuarta parte de las familias mexicanas tiene como responsable a una mujer. En México, la mayoría de las mujeres no son directamente las derechohabientes acreditadas; sin embargo, ante la ausencia de la pareja, son quienes asumen la responsabilidad de buscar cómo pagar las mensualidades, pero sin tener la garantía de adquirir los derechos de propiedad.
Por ello, muchas de ellas se convierten en mujeres mexicanas que al paso de los años llegan a perder el patrimonio inmobiliario, ya que la titularidad está a nombre del varón, quien a pesar de no haber asumido el compromiso económico para el finiquito de la deuda, es originalmente el acreditado y por tanto, jurídicamente, el propietario de la vivienda. Presenté una iniciativa para resolver esta problemática ante el Infonavit que explicaré posteriormente.
Por ahora es fundamental recordar la base legal de nuestro sistema jurídico. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”; también establece que “Toda familia tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”, y que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
En la actualidad subsisten países en el mundo que no reconocen estos derechos consagrados en nuestra Carta Magna; incluso subsisten leyes discriminatorias en cuanto a la propiedad y la herencia. Nuestra nación, como la mayoría en el planeta, reconoce legalmente derechos iguales para todos y todas. Sin embargo, el problema radica en la falta de implementación de estos preceptos, así como en la ausencia de leyes que verdaramente hagan efectivos estos principios.
Los roles prevalecientes de género en nuestro país, en los hechos limitan a las mujeres ante la justicia. Situación que se ve agravada cuando se liga a fenómenos discriminatorios por el origen étnico, un bajo nivel educativo, la pobreza, la marginación y sobre todo, una prevaleciente cultura machista.
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