VAXTUXPAN…
El Tribunal Unitario Agrario distrito 32 no pudo ejecutar la orden de desalojo de un terreno en litigio, una superficie de 262 hectáreas, invadido en 1965 por los pobladores de Villahermosa, afectando en aquellas fecha a los ejidatarios de Comejen.
La magistrada Sara Angélica Mejía Aranda, una vez hecha la revisión de todas las pruebas y documentación respectiva, falló a favor de los reclamantes, quienes vienen exigiendo justicia desde hace varios años. Sin embargo, la justicia se tardó en llegar 48 años, pero ahora, quienes en su tiempo invadieron ese espacio, se niegan a cumplir con el ordenamiento jurídico, lo que puede convertir el asunto en un tema de carácter social, así lo indicó Isidoro Martínez Cristóbal, dirigente de Alianza Campesina, agrupación que desde el 2006, retomó el expediente y ahora que ya hay una sentencia, la Secretaría de la Reforma Agraria, no pudo o no quiso darle cumplimiento a la ley, lo que está generando irritación social entre los demandantes.
El entrevistado explicó que no se quiere llegar a la violencia, pero si que se les restituyan las tierras que hace casi 5 décadas, de manera ilegal se apropiaron, dejando en la orfandad a los campesinos que sin perder la esperanza en el derecho agrario, decidieron caminar una y otra vez en el marco de la legalidad.
Antes de que haya un conflicto que llegue al rencor, el encono y hasta los muertos, los funcionarios federales deben actuar con firmeza, pero con sensibilidad para restituir las parcelas a quienes les pertenecen.
Martínez Cristóbal dijo, solicitó a la Reforma Agraria, interlocutores, funcionarios con capacidad de diálogo que pongan orden, que actúen con respeto y fundamento, sin llegar al autoritarismo y la prepotencia, para que haya una solución satisfactoria.
El Tribunal Unitario Agrario distrito 32 no pudo ejecutar la orden de desalojo de un terreno en litigio, una superficie de 262 hectáreas, invadido en 1965 por los pobladores de Villahermosa, afectando en aquellas fecha a los ejidatarios de Comejen.
La magistrada Sara Angélica Mejía Aranda, una vez hecha la revisión de todas las pruebas y documentación respectiva, falló a favor de los reclamantes, quienes vienen exigiendo justicia desde hace varios años. Sin embargo, la justicia se tardó en llegar 48 años, pero ahora, quienes en su tiempo invadieron ese espacio, se niegan a cumplir con el ordenamiento jurídico, lo que puede convertir el asunto en un tema de carácter social, así lo indicó Isidoro Martínez Cristóbal, dirigente de Alianza Campesina, agrupación que desde el 2006, retomó el expediente y ahora que ya hay una sentencia, la Secretaría de la Reforma Agraria, no pudo o no quiso darle cumplimiento a la ley, lo que está generando irritación social entre los demandantes.
El entrevistado explicó que no se quiere llegar a la violencia, pero si que se les restituyan las tierras que hace casi 5 décadas, de manera ilegal se apropiaron, dejando en la orfandad a los campesinos que sin perder la esperanza en el derecho agrario, decidieron caminar una y otra vez en el marco de la legalidad.
Antes de que haya un conflicto que llegue al rencor, el encono y hasta los muertos, los funcionarios federales deben actuar con firmeza, pero con sensibilidad para restituir las parcelas a quienes les pertenecen.
Martínez Cristóbal dijo, solicitó a la Reforma Agraria, interlocutores, funcionarios con capacidad de diálogo que pongan orden, que actúen con respeto y fundamento, sin llegar al autoritarismo y la prepotencia, para que haya una solución satisfactoria.
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