Por Pablo Gómez..
La declaración patrimonial de los servidores públicos abarca la totalidad de sus propiedades y posesiones, las fechas de adquisición, el valor original, la ubicación de los inmuebles y, en el caso de las daciones, donativos o legados, la procedencia de las mismas. Además, incluye los depósitos bancarios, los valores, inversiones, los préstamos otorgados y las deudas, así como el menaje de casa, el efectivo, las joyas, obras de arte, etcétera. Es decir, todo lo que se posee y lo que se debe (activos, pasivos y capital, diría un contador). Incluye también todo lo anterior en posesión o propiedad de su cónyuge y sus dependientes. Esa es la ley.
Ahora bien, la declaración patrimonial de Peña y otros funcionarios de su gobierno no contiene estas características. Es un listado de propiedades sin ubicación, sin valor de adquisición y sin origen. Es también el sueldo neto que se conoce con la lectura del presupuesto, sin saber cómo andan las cuentas bancarias y de valores. No hay otras propiedades muebles ni dinero, depósitos y deudas. En palabras sencillas, esos servidores públicos dieron a conocer lo que quisieron, pero no lo que la ley señala. Sin embargo, dijeron que lo hacían por mandato legal. Eso tampoco es cierto, debido a que la legislación federal abre dos opciones: hacer pública la declaración o mantenerla reservada. Peña y los demás no hicieron ninguna de las dos cosas, o mejor dicho, hicieron público lo que decidieron pero mantuvieron la declaración oficial –la entregada efectivamente– bajo reserva de ley.
No hay cambio alguno. Todo sigue igual en el momento en que el gobierno anuncia que, al menos en esta materia, las cosas han cambiado. Si se sigue por ese camino, el de decir que hay cambios pero manteniendo la misma situación, la administración de Peña va a ir cayendo por el despeñadero.
Si el gobierno de Peña hubiera querido introducir un verdadero cambio en materia de publicidad de los patrimonios de sus integrantes, éstos habrían tenido que marcar con una equis el recuadro donde se pregunta al declarante si sus datos pueden ser públicos. Con una simple entrada a la base de datos correspondiente, cualquier persona hubiera podido leer la declaración patrimonial de Peña y secretarios de despacho. Pero se hizo una ceremonia –parafernalia que resultó mentira—en la que se fingió un acto de presentación de la declaración de Peña.
La posibilidad de que las declaraciones patrimoniales puedan ser públicas si lo acepta el declarante fue producto de una reforma legal que introdujo la oposición de izquierda en el Congreso. Ante la iniciativa de que todas las declaraciones fueran públicas, el acuerdo se limitó a la decisión del declarante. Si analizamos el asunto desde el otro aspecto tocado por Peña en el acto de Palacio Nacional donde fingió presentar su declaración, es decir, el lado de la ética, entonces se podría esperar que tanto Peña como los demás hubieran marcado la opción de publicidad en su declaración, pero no parece haber sido así.
Lo que nadie podrá evitar es inquirir a Peña Nieto sobre las “donaciones”. ¿Quién o quienes le donan a un servidor público cualquiera tantos metros cuadrados de terreno? ¿Por qué donar? Para desgracia de Peña, se van a abrir años de investigación sobre cada pulgada de terreno donado. El país no está para eso, pudiendo ser todo transparente. Dar a conocer cosas sin explicación alguna, sin los detalles, resulta una invitación al conflicto perenne. Pues cada cual con su política.
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