Por Alfonso Ramírez Cuellar
*Dirigente Nacional del Barzón...
Ya se anticipaba que el programa contra el hambre tendría limitaciones, por la precipitación de presentarlo en un corto plazo, sin convocar a las organizaciones civiles, a las universidades y a los expertos que pudieran aportar elementos para un programa mejor diseñado. El problema está en que se quedó demasiado lejos de la magnitud del problema que se pretende resolver, en la premura dejan de lado que, según el propio diagnóstico de la Sedesol los mexicanos en pobreza extrema suman 5.5 millones en el ámbito urbano y 6.3 en el ámbito rural.
También deja de lado que en realidad la población con carencias por acceso a la alimentación suman 19.6 millones en la zonas urbanas y 8.8 millones en las áreas rurales.
En el anuncio que se hizo ayer y en el Decreto que se publicó este día, no hay ningún elemento que permita suponer que habrá correcciones en las políticas públicas aplicadas en los últimos años, las cuales han provocado millones de pobres en el campo y la ciudad. No hay menciones al crecimiento de la economía, como condición básica para evitar que más mexicanos lleguen a situación de pobreza.
En los transitorios del Decreto se establece un plazo de treinta días naturales para la primera reunión de la Comisión Intersecretarial y para que la Sedesol expida los lineamientos para la organización y funcionamiento del Consejo Nacional contra el Hambre. El problema está en que eso plazos dejan la posibilidad de que la Comisión y el Consejo discutan los cambios que se requieren en las reglas de operación, para promover la producción y el ingreso de los pequeños productores agrícolas o para asegurar que las disposiciones para proveer alimentos a la población objetivo, se convierta en una demanda que beneficie a esos productores. De hecho, el presupuesto del Programa Especial Concurrente aprobado por los Diputados fue inercial en el sentido de destinar el 80% de los recursos a los productores más ricos y sólo 20% a los más pobres.
De hecho, El Barzón insiste en la necesidad de consolidar en una sola empresa a Liconsa y Diconsa, de modo que, además de desarrollar capacidad para atender a la población objetivo de la Cruzada, también tengan capacidad para suministrar alimentos para los desayunos y la atención que proporciona el DIF, así como a las instituciones públicas de Seguridad, Salud y Educación, generando una demanda que permita regular el mercado de alimentos básicos que define la Ley de Desarrollo Rural Sustentable: maíz; caña de azúcar; frijol; trigo; arroz; sorgo; café; huevo; leche; carne de bovinos, porcinos, aves; y pescado.
Como lo señalamos antes, atender de esa forma la demanda de alimentos generada por las instituciones y los programas públicos permitiría satisfacer las necesidades de la emergencia por el hambre y, también, elevar la producción y los ingresos de los pequeños productores.
En la cruzada se establecen 400 municipios para comenzar a aplicar el programa, y se estima que al final debe beneficiar a 7.4 millones. No establece plazos y tampoco define las causas de la pobreza y cómo eliminarlas. Curiosamente, muchos de los municipios incluidos entre los 400, son aquéllos que no hace mucho tenían los mayores niveles de ingresos y atraían importantes flujos de migrantes y tenían expectativas de crecimiento. Hoy tienen zonas depauperadas, sin generación de empleos, asentamientos urbanos desordenados y nula atención a las familias y jóvenes, convirtiéndose en peligrosos núcleos de delincuencia. ¿Qué respuesta se va a dar a eso?
Además, muchos de esos municipios que no atendieron sus necesidades sociales coinciden con los que ocupan las listas entre los más endeudados. ¿Seguirá la impunidad contra eso?
El programa tampoco establece las líneas de coordinación con las entidades responsables de regular el financiamiento y las políticas arancelarias, Hacienda y Economía. En los últimos años, la primera dejó sin crédito a los pequeños productores y la segunda impuso una terrible competencia desleal, abriendo cupos de importación en tiempos de cosecha, para beneficiar a los grandes intermediarios.
Por supuesto, la Cruzada contra el Hambre requiere asumir las observaciones de los expertos mexicanos, retomar las experiencias y la producción de indicadores, como el de tallas y pesos, absurdamente abandonado en las últimas administraciones. Y por supuesto, urge garantizar la vigilancia de la sociedad, para obligar a corregir y dar rumbo al programa, para evitar el clientelismo y la intromisión de los grandes monopolios.
Urge establecer el combate a la pobreza y el hambre como una prioridad que lleve a establecer la coordinación de todas las secretarías, jerarquizando una política común encabezada por la Secretaría de Desarrollo Social.
De otra manera, el programa apenas anunciado será uno de tantos, un barril sin fondo, sin resultados en un entorno en el que los problemas crecen.
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