martes, 26 de febrero de 2013

Honor y Cinismo

Isael Petronio Cantú Nájera 

Tres datos son importantes para este artículo de opinión: primero, México es reconocido lamentablemente como el tercer país más peligroso para los periodistas[1], así lo dio a conocer, apenas en octubre pasado la organización civil “Campaña por un Emblema de la Prensa”; de los periodistas asesinados, en México, nueve son de Veracruz y tal como lo reporta CNN[2], hay casos emblemáticos: el de Misael López Santana, asesinado junto con su esposa y su hijo fotógrafo, ambos del diario Notiver o el de Yolanda Ordaz, brazo derecho de Milo Vela en la edición de la información policial del mismo diario, que fue asesinada un mes después. Segundo, ante las denuncias públicas nacionales y el reclamo internacional de organizaciones defensoras de los periodistas, más el hecho concreto del asesinato de 9 periodistas y 30 más exiliados[3] por la falta de seguridad para el desempeño de su trabajo, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, el siete de junio del año pasado, Día de la Libertad de Expresión, en World Trade Center, anunció ante 700 periodistas del estado, así lo reseñó El Universal[4], que mandaría una iniciativa para modificar el artículo 67 de la Constitución para crear con ese rango una Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, cuya autonomía se igualara con la de los Derechos Humanos, entre otras. Ese día, reseña el diario, se integró una Comisión Técnica que estudiara y presentara el proyecto al Poder Legislativo, desde ese mismo día, el Poder Ejecutivo, en sus atribuciones, “designó” la comisión de la siguiente manera: Namiko Matzumoto Benítez como Secretaria Técnica, Norma Gibb Guerrero, propietaria y directora del periódico La Opinión de Poza Rica; Baltazar Pazos Gómez, director corporativo del Grupo Pazos; y Rocío Ojeda Callado, directora de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana y a los periodistas, Rogerio Pano Rebolledo de Telever;; Benita González Morales, directora de noticias y conductora del Sistema Informativo Notisur; Jorge Iván García Morato, coordinador y conductor de noticias MVS Radio Poza Rica, y Gerardo Enríquez Aburto, reportero del Diario del Istmo y presidente de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos, pero particularmente a Jorge Morales Vázquez, de Plumas Libres, cuyo trabajo independiente y libre, es reconocido por el gremio veracruzano. Tercero, en la cultura japonesa, existe un ritual suicida que conocemos como Harakiri[5] o Seppuku, que realizaban los samuráis: “que consideraban su vida como una entrega al honor de morir gloriosamente, rechazando cualquier tipo de muerte natural. Por eso, antes de ver su vida deshonrada por un delito o falta, recurrían con este acto a darse muerte”. El ritual consiste en clavarse una daga en el lado izquierdo del abdomen y cortárselo hacia el lado derecho, regresar al centro y cortar hasta el esternón. Los samuráis que lo hacían, no solamente lograban preservar su honor, sino también el de la familia y eran considerados de “excepcional valor”. Las mujeres que seguían a su señor, simplemente cometían un suicidio cortándose la arteria carótida que nutre al cerebro, haciéndolo por las mismas causas, el honor entre ellas. 

En la vulgar política nacional, suele usarse la expresión “harakiri”, no como un ritual honorable de expiar las culpas deshonrosas, sino como algo tonto e innecesario, algo así, dirían nuestros políticos: -¡No soy pendejo, para hacerme el harakiri! 

Es obvia la diferencia entre la actitud de los políticos japonés con respecto a los políticos nacionales y esto se puede medir tan solo en el índice de corrupción entre un país y otro. Japón[6] se encuentra en el número 17 entre 174 países, con 74 puntos de 100, aclarando que 100 es el menos corrupto, y México en el ¡105 y con solo 34 puntos!, sin duda, algo tiene que ver está visión del mundo honorable, de respeto a los códigos éticos y morales con respecto a la expresión y tolerancia sobre la corrupción de los políticos. 

El tema, ahora sí, reconociendo los tres hechos anteriores es que finalmente, el día 6 de noviembre del 2012, el Congreso del Estado, aprobó la reforma al artículo 67 de la Constitución Local, que crea la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, la cual se integró el 18 de diciembre del mismo 2012, con la siguientes personas[7], así lo informó Milenio: “Namiko Matzumoto Benítez como secretaria ejecutiva, Rocío Ojeda Callado, como presidenta; a los periodistas Rogerio Pano Rebolledo, Benita González Morales, Jorge Iván García Morato, Jorge Morales Vázquez; así como los propietarios de medios de comunicación, Norma Gibb Guerrero y Baltazar Pazos Gómez, como comisionados; y a Gerardo Enríquez Aburto y Martín de Jesús García Pérez como representantes de organizaciones no gubernamentales.” En esa ocasión a pregunta expresa de periodistas la presidenta del flamante organismo autónomo dijo: “La Comisión estará buscando las mejores condiciones para brindar seguridad a los periodistas veracruzanos y así puedan ejercer su profesión con tranquilidad”. 

Para muchos periodistas, donde me incluyo, la elección de los integrantes de la Comisión fue un acto autoritario del Ejecutivo, legitimado por un Poder Legislativo subsumido a ese poder. En ningún momento, el gremio periodístico tuvo la oportunidad de seleccionar dentro de ellos, el perfil, ni mucho menos, a los mejores periodistas, tanto hombres como mujeres, que hay en Veracruz. Por ello, los problemas no se hicieron esperar, pues lejos de constituir un verdadero ombudsman de los periodistas, el genial juego del poder Ejecutivo, fue constituir un órgano oficial que le cubriera las espaldas ante tantas denuncias locales e internacionales por el asesinato de periodistas. 

Constituido así el nuevo organismo, es decir, sin respaldo real de los periodistas, y conformado por los más oficiosos lectores de simples boletines que manda el gobierno desde su dirección de comunicación social, su deriva fue hacia el adocenamiento y la burocratización de la nueva estructura, es decir, crear organigramas obsoletos, contratar gente para no hacer nada, pero lo más cínico y contrario al quehacer periodístico: ¡Asignarse un salario jugoso que ningún reportero real, trabajador de los medios, se atrevería a soñar!. 

Namiko Matzumoto Benítez, la chispeante Secretaria Técnica, impuesta por Duarte en la Comisión, más veloz que una gacetilla de cotilleo o sobre la pederastia y la homosexualidad de los políticos, diseñó el organigrama, analizó lo que ganan los integrantes del Instituto Electoral Veracruzano, del IFAI y de la Comisión de Derechos Humanos y una vez: cansada y asombrada de los excesivos salarios que aquellos cobran, decidió proponer a la Comisión unos más bajitos: ¡Salarios que rondan los 50,000 pesos mensuales y bonos a sus integrantes por solamente asistir a sus sesiones que están cercanos a los 20,000 pesos por sesión! ¡Ábrete sésamo! Diría asombrado Aladino al robar a los 40 ladrones; o mejor aún, el Tlacuache Garizurieta, con su voz de falsete: ¡No me den, pónganme donde hay! 

Sólo una voz, dentro de nuestros malos representantes de la nueva comisión se atrevió a hablar, haciendo honor a la labor periodística que le reconocemos: Jorge Morales Vázquez, quien sabía que su estancia en la organización para atender y proteger a los periodistas, era para eso y no para enriquecerse sobre los cadáveres de los colegas y mucho menos para hacerle loas al poder Ejecutivo, inmediatamente denunció públicamente la propuesta obscena de salarios que se pretendía implementar. 

Namiko[8] y los beneficiados de las nuevas plazas de “confort” que otorga el pertenecer a la Comisión, contrario al fin para lo que están constituidos: iniciaron un ataque concentrado contra el periodista Jorge Morales, aduciendo que había faltado a la verdad y que los números no le “cuadraron”; lo que nunca presentó en su campaña para realmente desmentir al periodistas fue: el tabulador donde se asignan salarios los nuevos comisionados y ella misma. 

Todos sabemos que uno de los grandes problemas de la corrupción y del trabajo periodístico es la “opacidad” en que trabaja la administración pública; que hace imposible reseñar el hecho noticioso con objetividad e información oportuna; por eso este trabajo se ha convertido en una especie de investigación digna de agentes especializados del MP y por ello es peligroso, porque los corruptos afectados por la denuncia periodística, no tienen ningún escrúpulo en destruir al periodista, ya sea descalificándolo o mandándolo matar. 

Ahora, de manera patética y paradójica, la seguridad del periodista Jorge Morales integrante de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, está amenazada por la Secretaria Técnica de la misma; la cual, sólo cumple el papel deshonroso de ser personera del Poder Ejecutivo. Que quede constancia, de que la seguridad del periodista, la esta minando quien está obligado por ley a garantizarla. 

El corazón del problema es el siguiente, la Comisión se creó para atender realmente a los periodistas que por su labor están amenazados, tanto por grupos delincuenciales como por las autoridades que son denunciadas sistemáticamente de corruptas; no se creó para dar salarios desorbitantes a sus integrantes y menos para crear más burocracia; tiene razón Jorge al dar publicidad a los intentos de Namiko de convertir a la Comisión en un elefante blanco con salarios que ofenden y contrastan a lo que realmente gana un reportero. 

Namiko o la presidenta, cuyo nombre no recuerdo ¿será que no dirige nada?, están obligadas a presentar a la brevedad posible: primero, los salarios que se han asignado; segundo, las partidas presupuestales dedicadas para la real protección de periodistas amenazados; tercero, el padrón de los y las reporteras que están recibiendo tal apoyo, porque como se están presentando las cosas, no sea que Namiko sólo esté protegiendo compadres y comadres periodistas o parientes de los integrantes de la Comisión; y finalmente, sus reuniones deben de ser públicas, para que todo mundo se entere y no haga tal y como lo está haciendo la secretaria: en lo “oscurito” para luego, tramposamente decir que no lo dijo ni se hizo. 

¿Y el harakiri? ¡Ha bueno! Es muy sencillo, Namiko, debe de tener raíces mitad japonesas y mitad mexicanas y ha aprendido a no ser pendeja para hacerse el Harakiri, sabe que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, por consiguiente… hará todo lo posible para desviar la atención de la denuncia de Jorge Morales y se quedará sentada al frente de la Comisión. 

¡Lástima! Era la oportunidad de enriquecer la vida democrática del estado de Veracruz al garantizar el ejercicio pleno del periodismo y el derecho a la libertad de expresión; Duarte, al imponerla no se equivocó, la puso para garantizar que la Comisión le desviara los golpes por la crítica de falta de libertad de expresión y el asesinato de periodistas, pero a Namiko se le pasó la mano: hizo de la comisión una horrible caricatura que amenaza al propio gobernador, pues está dando que decir de nuevo en los medios estatales y nacionales, está haciendo mucho ruido y lo que se quería era el silencio y eso ¡No se vale Namiko! 

[1] http://www.eluniversal.com.mx/notas/873976.html 

[2] http://mexico.cnn.com/nacional/2012/06/15/ser-periodista-en-veracruz-un-riesgo-que-algunos-ya-no-quieren-padecer 

[3] http://www.proceso.com.mx/?p=328325 

[4] http://www.eluniversal.com.mx/notas/852070.html 

[5] http://es.wikipedia.org/wiki/Harakiri 

[6] http://www.transparency.org/cpi2012/results 

[7]http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8171806d4035e84fd9e2c1a8a4b7974e?quicktabs_1=0 

[8] http://www.noticiasatiempo.com/web/index.php/locales/358-miente-jorge-morales-le-aclara-la-comision-estatal-para-la-atencion-y-proteccion-a-periodistas

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