Por Marco Antonio Medina Pérez
Se ha anunciado en esta semana que los tres partidos que integran el llamado “Pacto por México”, han acordado llevar a cabo dos periodos de sesiones extraordinarias para apurar las reformas “estructurales” en nuestro país.
Es evidente que a pesar del escollo electoral que distanciaron momentáneamente a los partidos pactantes con el gobierno, éstos priorizan el pacto por encima de las diferencias con Peña Nieto. Tanto el PAN como el PRD han encontrado las conveniencias políticas del colaboracionismo y el gobierno hizo resurgir su política hegemonista a través de esta modalidad pactista que tanto le ha redituado en el pasado.
Los diversos pactos que han impulsado los priístas desde la época de López Portillo, no han tenido otro objetivo que atajar la protesta social, mediatizar la conciencia ciudadana y hacer creer que ¡ahora sí!, se pensará en beneficios para la nación. Esta zanahoria puesta en las narices de los dirigentes partidistas no ha hecho sino dividir los esfuerzos de los mexicanos por lograr un mejor país y lanzar una cortina de humo sobre la esperanza de millones que quisieran un mejor futuro.
No obstante, las circunstancias actuales presentan dificultades para los partidos pactistas y el gobierno federal. La situación económica del país se ha complicado y las promesas de un mayor bienestar para los mexicanos resultan irrealizables.
Por decenios se ha vendido la idea de que con las “reformas estructurales” vamos a tener crecimiento económico y empleo. Hoy se repite que con las reformas estructurales que faltan se tendrán ingresos y empleos en abundancia. Pero ya van más de 30 años de que estas reformas iniciaron en México y no hay crecimiento ni empleo.
Ya van varias reformas “estructurales” que han concretado y nada ha sido en beneficio de la sociedad. Con la firma del TLCAN, eliminaron las barreras arancelarias que protegían la producción nacional de las trasnacionales; achicaron al Estado, sobre todo deshaciéndose de las responsabilidades sociales en materia educativa, de salud y de vivienda, fomentando con esto la educación y la medicina privada y el desarrollo de negocios con la vivienda de interés social; privatizaron la seguridad social, vendieron la mayor parte del patrimonio nacional: empresas y activos en ferrocarriles, telecomunicaciones, abasto, siderurgia, bancos, navegación aérea, pasaron a manos privadas; con la reforma al artículo 27 de nuestra Constitución, se integró el ejido y la parcela comunal al mercado, por lo que el campo dejó de protegerse y se deterioró enormemente, además de fortalecer la venta de cientos de miles de hectáreas para las trasnacionales agroindustriales, mineras y hoteleras.
No obstante que los distintos gobiernos priístas, como sus émulos panistas, desarrollaron al pie de la letra la política neoliberal que les ordenaron desde el FMI, nada de esto ha servido para impulsar el crecimiento y el empleo. Las crisis del 88-89, del 94, del 2009, se llevaron entre las patas los mínimos crecimientos de años anteriores y durante las últimas décadas el país sólo ha crecido a una tasa del 2%, cuando todos coinciden que podemos crecer a un mínimo de 6% anual y lo debemos hacer para generar por lo menos 1 millón de empleos anuales, los necesarios para que no siga creciendo el desempleo por la incorporación de los jóvenes a su etapa productiva.
¿Por qué razón no ha funcionado la receta? La razón es simple: es una mala receta para el desarrollo de los pueblos, pero es muy buena para la lograr una mayor concentración y acumulación de riquezas en unas cuantas manos. Pero como los gobiernos no pueden decir abiertamente que su meta es hacer más ricos a los ricos, se valen de campañas tipo “Pacto por México” para tratar de convencernos de que ahora sí, con los cambios estructurales que no son otros que cambios de dueño, cambios para apretar más el cinturón de los pobres y clases medias, cambios para poder vender el patrimonio nacional, etc., se iniciará un periodo de crecimiento y empleo para México.
Y la receta neoliberal no funciona porque en su seno lleva una contradicción. Se trata de proteger al capital financiero por encima no sólo de los interese populares sino del resto de los capitalistas que viven del desarrollo de sus negocios industriales, comerciales o agropecuarios. Pero a costa del crecimiento productivo y del empleo.
La última defensa que ha hecho el gobierno de este capital financiero fue el retito de circulante durante los primeros 3 meses del año, en una proporción que no se ha dado en décadas. ¿Por qué importa reducir el circulante? Para disminuir la demanda y, según sus teorías, la inflación. ¿Y por qué importa reducir la inflación? Para proteger la ganancia financiera, es decir, para que los beneficios que logran con bonos gubernamentales, en la bolsa o en las transacciones financieras en los bancos, no se reduzcan por la inflación. Por eso han convertido en un dogma la lucha contra la inflación.
La consecuencia de esta política anti-inflacionaria es que disminuye al mismo tiempo la demanda, es decir, el ritmo de crecimiento económico, que es lo que se ha observado en estos meses. De enero a abril la economía sólo creció 0.8%, cuando en igual periodo su crecimiento fue de 4.9%. Con una inflación de 4.7%, como la que se alcanzó a mediados de mayo, los rendimientos financieros para el sector hegemónico de la economía dejan de ser interesantes. Otra medida que tomó el Banco de México para desacelerar la economía en estos meses de inicio de sexenio fue la de reducir la tasa de interés de referencia en medio punto porcentual, al pasarla de 4.5 a 4.0%.
La contradicción en las políticas llevadas a cabo es evidente. Por un lado, quieren que se queden en el país los capitales foráneos, ofreciéndoles tasas de interés mayores que en sus países de origen. Para ello, deben mantener una baja inflación. Por lo mismo, deben reducir la demanda y bajar el ritmo de crecimiento económico. Ello hace incumplibles todas las promesas de crecimiento y empleo. Pero además, algo más está fallando en el modelo, puesto que los capitales golondrinos han empezado a emigrar (20 mil 541 millones de dólares salieron del país durante los primeros 3 meses del año, de los cuales más de 14 mil millones fueron de mexicanos).
Como no saben hacer otra cosa que dar privilegios al capital financiero, no podrán crear crecimiento sostenido ni empleos suficientes.
Por ello, el llamado “Pacto por México” ahondará las diferencias sociales, provocará una mayor acumulación de riquezas y un sostenido crecimiento de la pobreza y marginación social. Se perderán otros 6 años de esfuerzo de los mexicanos. Tendremos un país con un patrimonio casi nulo (al transferir la renta petrolera al capital privado y extranjero) y en donde se habrá reforzado el peso de la carga fiscal sobre los pobres, la clase media y los pequeños y medianos empresarios (al imponer el IVA en alimentos, medicinas, libros y transporte y aumentarlo en todo lo demás).
Todavía podemos evitar el despeñadero al que nos lleva el actual gobierno y sus partidos pactistas.
12 de junio de 2013

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