Por Sen. Héctor Yunes Landa
El bienestar de la población, el desarrollo de un pueblo, un país con mejor calidad de vida y una democracia fortalecida puede darse en la medida que exista un sistema educativo capaz de preparar a los ciudadanos con calidad técnica y humana para ejercer plenamente sus derechos y cumplir a cabalidad sus obligaciones.
Durante muchas décadas hemos escuchado sobre la importancia de invertir más en educación, de vigorizar la educación pública para hacerla competitiva, universal, integral y de alta calidad. Hoy, con satisfacción vemos que el Presidente Peña Nieto está coordinando los esfuerzos para hacer esto realidad, por encima de intereses partidistas o de grupos.
En días pasados, el Senado de la República aprobó las modificaciones que la Cámara de Diputados realizó a la Ley General de Educación, que tienen que ver con las directrices a seguir, por parte del Estado, para brindar una educación de calidad en el país. En ese tenor, se avaló la prohibición de cuotas que condicionen los servicios educativos, la inclusión de escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre seis y ocho horas, autonomía de gestión escolar y la alimentación balanceada de los alumnos.
Otro elemento a resaltar en la ruta del mejoramiento educativo, es la creación del Sistema de Información y Gestión Informativa el cual permitirá conocer, planear y mejorar el Sistema Educativo Nacional.
Por otra parte, estos últimos días conocimos el desafortunado proceder de aquellas voces disidentes a los esfuerzos de modernizar y mejorar la educación en México, voces minoritarias ante la gran mayoría de mexicanos que deseamos y exigimos calidad en la educación. Sin duda un tema polémico para algunos, resulta la aprobación, aún pendiente, de la Ley de Servicio Profesional Docente que permitirá establecer los medios para reconocer el esfuerzo de los docentes, regular los procedimientos para su ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia mediante evaluaciones objetivas y transparentes, que además consideraría el entorno en el que cada docente se desempeña.
Desde luego, para hacer posible la constante superación y actualización de los docentes, las autoridades educativas implementarán a la par programas y cursos de formación continua como repuesta a las necesidades detectadas en la evaluación aplicada. Para ello, se aprobó la reforma al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación con carácter de organismo público autónomo, otorgándole facultades para emitir los lineamientos a los que deberán sujetarse las autoridades a fin de realizar las funciones de evaluación y que los resultados obtenidos sirvan para mejorar las condiciones educativas en todo momento.
Lo cierto es que todos estos esfuerzos y cambios en materia educativa necesitan ir acompañados con un rediseño y actualización del financiamiento público a la educación. Por eso, mi compromiso como Senador de la República es continuar haciendo lo necesario para el desarrollo del país y elevar la calidad de vida, de ahí la importancia de contar con un sistema educativo acorde a lo que México requiere.
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