Blogpost por Edith Martínez
La buena noticia del pasado 5 de noviembre es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló los permisos para sembrar soya transgénica en Yucatán y Campeche, protegiendo así los derechos humanos de las comunidades mayas.
Esta victoria no hubiera sido posible sin el apoyo de miles de personas que se han sumado a la protección de las comunidades mayas desde diferentes frentes y que con la decisión de la Corte, consiguieron un triunfo sobre el gobierno mexicano y las trasnacionales.
Los Ministros determinaron por unanimidad que los pueblos y comunidades indígenas del país tienen derecho a ser consultadas en aquellos casos en que algún proyecto, obra o programa, pueda afectar su vida y entorno de manera relevante.
En consecuencia, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) debió consultar a las comunidades mayas antes de autorizar la siembra de soya transgénica en su territorio, cosa que no sucedió, por lo que la Corte anuló ese permiso.
Esta decisión es un logro histórico para el pueblo maya y para la construcción del estado pluricultural de derecho en México. Tal decisión se une a otras previas y que marcan el camino hacia un cambio en la legislación y la política pública del estado mexicano, donde el derecho a la consulta debe garantizarse en cualquier medida legislativa y administrativa que pueda afectar de manera directa a los pueblos y comunidades. Por lo tanto, la consulta debe ser el mecanismo que posibilita la construcción de puentes para el diálogo en una sociedad culturalmente diversa.
El siguiente paso es que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados lleven a cabo una consulta, previa, libre e informada en un ambiente pleno para que sean las comunidades quienes decidan si quieren o no organismos genéticamente modificados en su entorno.
¡Sigamos apoyándolos!
Fuente: Greenpeace.
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