¿Es posible un gobierno de izquierda?

Isael Petronio Cantú Nájera

*Maestría en Política Pública y Dirección de Gobierno

Para la mayoría de los mexicanos concebir un gobierno de izquierda, prácticamente no tiene que ver con una ideología, sino más bien: construir un gobierno que haga uso correcto del dinero y lo aplique en obras realmente necesarias; que nadie se lo robe y que en el ámbito de los derechos civiles y políticos, el gobierno los garantice con calidad y calidez.

Fuera del debate está: si queremos cambiar el sistema capitalista por uno de tipo socialista e incluso si queremos cambiar del tipo de gobierno presidencialista a uno de tipo parlamentario o semiparlamentario.

Lo que la gente percibe como mal gobierno, no solamente lo achaca al PRI, sino también a los demás partidos que autocalificándose de izquierda, centro o derecha, adolecen de los mismos problemas.

En la encuesta de INEGI[1] del 2013 sobre la “calidad y el impacto gubernamental” particularmente en la encuesta sobre corrupción, los mayores de dieciocho años, manifestaron que el principal problema social es la inseguridad y la delincuencia con un 70.4%, el desempleo con 51%, la corrupción con un 48.5%, la pobreza con 39.3%, el mal desempeño del gobierno con 30.8%, mala atención en centros de salud y hospitales con 17.9%, baja calidad de la educación pública con 14%, mala aplicación de la ley con 8.3%, falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno con 7.2%, falta de rendición de cuentas con 1,9%, desastres natural con 1.9% y ninguno con el 0.3%.

Diagnóstico que nos permite reflexionar sobre la importancia de la izquierda partidaria en su capacidad de cambio con respecto a los gobiernos que emanan de otros partidos que no se identifican como de izquierda.

La siguiente tabla se elaboró con base a los datos de esa encuesta y lo único que hicimos fue comparar tres estados gobernador por diferentes partidos D.F. por el PRD, estado de México por el PRI y Puebla por el PAN.

Tomando en cuenta que sus números absolutos dependen de su mayor o menor población, serán lo números relativos los que nos sirvan para intentar comparar, si existe realmente un indicador que nos marque la diferencia entre un partido y otro a la hora de gobernar. 

En cuanto a la inseguridad y la delincuencia, PRD y PRI en esos estados se encuentra con porcentajes por encima de la media, mientras Puebla está 9.3 puntos por debajo de ella, sin embargo, en los tres casos, más del 60% de los encuestados reconocen que ese es el problema principal; el desempleo uno de cada dos lo estima como el segundo problema y en cuanto a la corrupción PRD y PAN están por debajo de la media nacional y el PRI, 4.3 puntos por arriba. En el tema de la pobreza, el PRD está por debajo de la media y el PRI y el PAN por encima de ella no más allá de tres puntos porcentuales y así por el estilo sin grandes diferencias que hagan que el ciudadano distinga claramente un gobierno de otro.

También es importante resaltar que los indicadores de INEGI, unos son resultados de otros, por ejemplo, no se puede hablar de corrupción sin que esté de por medio el mal desempeño del gobierno o la mala aplicación de la ley; de igual manera, la inseguridad no se puede entender sin la corrupción, la falta de rendición de cuentas, la pobreza y el desempleo o la pobreza y el desempleo sin el mal desempeño del gobierno, es decir, sus políticas neoliberales y el achicamiento de la función social del Estado.

Por ello, si a la izquierda simplemente la asumimos como una corriente que lucha por la igualdad política y económica; por impulsar un régimen donde la democracia, no solamente es electoral, sino una cultura de gobernanza democrática que hace que la ciudadanía sea más participativa y contribuya a la vigencia del Estado de Derecho y por consiguiente a los derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional, entonces, estaremos exigiéndole que profundice sus políticas públicas en esas materias.

En ese sentido, porque también lo pueden implementar gobiernos de otro signo ideológico; un gobierno de izquierda debería ser eficiente y eficaz en las políticas públicas que incrementen la igualdad entre las personas y esa igualdad comienza con una política de empleo total y salarios dignos y, como bien sabemos, no es incrementando la burocracia, que tan perversamente se ha creado en el país, sino como empleos productivos en las tres áreas: agropecuario, industrial y de servicios. Obviamente, no es con un mandato del Ejecutivo en turno como se crean los empleos, sino con una política integradora, donde la iniciativa privada adquiere una relevancia especial para ajustar su cuota de ganancia y trasladarla hacia los salarios; en ese caso, la política fiscal debe a su vez sufrir otro ajuste para subvencionar a la iniciativa privada que se sumen al esfuerzo de crear empleos con salarios dignos. 

Sin duda, el abandono de la producción agropecuaria ha creado un triple problema: dependencia de productos agropecuarios donde Banxico[2] nos dice que tenemos un balance negativo por más de 32 millones de dólares mensuales, tan solo en maíz exportamos un valor de 41 millones de dólares e importamos por un valor de ¡244 millones de dólares!, desbalance que se tiene que revertir con programas de producción de alimentos, apoyados por mecanismos crediticios con intereses bajos, seguros múltiples y la integración de los mercados locales con precios de garantía que permitan la recapitalización del campo.

El segundo problema es el desempleo en las áreas rurales del país y su traslado a las periferias de los centros urbanos; agregando además la migración, principalmente hacia los Estados Unidos, aunque esa movilización, debe tratarse desde otra óptica, toda vez que los flujos de dólares hacia el país, se ven favorecidos por las remesas de los connacionales, que aparte de ser un problema político binacional, por ahora, representa un alivio a las finanzas nacionales. 

El tercer problema del agro mexicano es la producción de enervantes que crea el complejo mundo de la inseguridad y la delincuencia organizada en el narcotráfico; es importante reconocer que el mercado de los Estados Unidos sigue siendo el incentivo para que la droga fluya hacia sus consumidores; dado que es una actividad ilícita pero bastante lucrativa, los ingresos por su producción y mercadeo, sobrepasa con mucho las utilidades de otros productos agropecuarios. Integrar la producción agropecuaria a una política de autonomía alimentaria, generar empleos en el campo cuya seguridad sea una real competencia contra los ingresos del narcotráfico y crear un acuerdo binacional que combata real y eficazmente el trasiego, consumo y manejo financiero de la droga con los Estados Unidos, debe ser una política realmente de las izquierdas; y no quedarse pasmados administrando lo errores en materia agropecuaria y producción de estupefacientes. Tampoco, una política unilateral de liberal el consumo de la mariguana es la panacea para detener el narcotráfico, pues las grandes ganancias vienen de la cocaína, la heroína[3] y últimamente en el trasiego de drogas sintéticas. 

Si el tema de la igualdad, es decir, abatir realmente los indicadores de pobreza, donde el propio CONEVAL, reconoce que más del 55.3% de los mexicanos y mexicanas vive en “situación de pobreza”[4], es luchar con una visión de izquierda, entonces esa es la verdadera política que evitará que las leyes del mercado neoliberal destruyan fuerzas productivas.

Un segundo tema que todo lo contamina es el de la corrupción, esa parte cultural de la población donde pocos aún salen impolutos. Lo que tenemos que aclarar es que nunca será lo mismo el proceso de corrupción en los actos de la gente en la sociedad civil que en la política. El efecto de que un servidor público, se aproveche de su cargo o comisión para beneficiarse él, su familia y sus allegados, lesiona más la función pública que el delincuente que comete un fraude en el ámbito civil. Y no se comenta esto desde la óptica de un relativismo axiológico, pues ambas conductas son deletéreas del entramado social y la buena convivencia, sino porque el acto corruptor del servidor público, no se circunscribe a un solo sujeto, sino a la comunidad en su conjunto.

Por supuesto que la corrupción es un asunto de ética y de moral, pero en la administración pública es de controles, es decir, de cuidar que el servidor público cumpla con su deber y de sancionarlo indefectiblemente si obtiene un beneficio extraposicional, (Seña, 2002).

La izquierda no puede permitir que la corrupción sea su signo político, de hecho, si el modelo capitalista abona elementos para la corrupción con las “leyes inexorables del libre mercado”, la izquierda, sabedora de eso, tiene que regularlo y montarlo sobre sólidas bases de un Estado de Derecho. Cuatro mecanismos se tienen que implementar para crear el marco jurídico que controle los actos de corrupción: gobierno abierto, es decir, sin esperar que el ciudadano solicite la información, se tendrá que crear un moderno sistema basado en las tecnologías de la información para tener toda la información pública en portales accesibles, donde abreve el ciudadano y estar informado de la cosa pública, por supuesto, basado en una robusta Ley de Acceso a la Información donde el control transversal de un instituto esté integrado por verdaderos ciudadanos y no adláteres de partido alguno.

Garantizando la información, se sigue, la rendición de cuentas del mandatario a sus mandantes, que son todos mexicanos y mexicanas, rendición de cuentas que no se agota con el “informe” típico del “estado que guarda la nación” o del término del periodo de un cargo, no, sino de las reales cuentas del manejo del erario, del destino del mismo, de la calidad de las obras y de los actos y sobre todo de la eficacia y eficiencia con que se realizó en beneficio de toda la colectividad, en suma, del crecimiento del “capital social y humano”; a la rendición de cuentas, no se le puede ver como mecanismo regulador sino tiene “dientes” que apresen al corrupto y ello, se puede crear con dos leyes: una que norme la revocación del mandato para todos los cargos, incluido los representantes del ejecutivo y una más: la Ley anticorrupción, cuya dureza no debe dejar impune ningún acto, pues es sabido que la impunidad crea el círculo perverso de la corrupción.

Dentro de los controles que se han desarrollado para contener el abuso del poder y la corrupción, es decir, los verticales, como son el equilibrio de poderes; los transversales, como lo son las contralorías, los órganos de fiscalización o los transversales como las comisiones de Derechos Humanos o los institutos de acceso a la información, debemos destacar la participación proactiva de la ciudadanía. En el embate de la corrupción en los modernos estados democráticos, aquellos, se han visto avasallados y colonizados por actos de corrupción, baste como ejemplo, la “designación” de Peña Nieto como Secretario de la Función Pública, a su “amigo” Virgilio Andrade Martínez, para escarnio de la República. Ante la degradación de la cosa pública, cabe recuperar el Etos del buen ciudadano, y en ese sentido se tiene que legislar una Ley de Contraloría Social, que otorgue y faculte a los ciudadanos organizados la capacidad de participar en la creación de toda política pública, de vigilar, supervisar, evaluar, premiar o sancionar a los servidores públicos de acuerdo al desempeño en su empleo, cargo o comisión, una contraloría ciudadana cuyos actos sean vinculantes para el debido proceso administrativo y penal en contra de los funcionarios corruptos, para que evitando la impunidad no se prohíje la corrupción.

Finalmente, solo para éste artículo, pues la realidad es más compleja: la izquierda no puede seguir siendo filistea. No puede seguir abrevando del know how de la cultura neoliberal, pues esta desprecia a grandes sectores de la población en aras de una ganancia inmediata y especulativa. El último libro de Thomas Piketty, (El Capital, 2015) llega a la conclusión de que la política pública más reguladora de la igualdad es: ¡la educación de calidad!.

Debe la izquierda salirse del embrollo del nefasto sindicalismo burocrático de la educación e impulsar una reforma que integre a los padres de familia, a los educandos, a los maestros y a la iniciativa privada para diseñar una gran revolución cultural y académica, donde se abandonen las ocurrencias, la politiquería y se ponga por delante el desarrollo de futuras generaciones educadas en los preceptos de una democracia participativa y de un desarrollo sustentable y sostenible en medio de un mundo globalizado. Ese es el reto… lo demás sería más de lo mismo en el mundo neoliberal.

Trabajos citados

Seña, J. F. (2002). La corrupción; aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos. Barcelona, España: Gedisa.

[1] http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=33663 

[2] http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE122&sector=1&locale=es 

[3] http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/01/08/economia-detras-narcotrafico 

[4] http://www.coneval.gob.mx/medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx