La escena veracruzana
El presupuesto de egresos que los partidos integrantes del régimen aprobaron el pasado viernes bien pudiera ser el último de su generación.
Como los que se han aplicado desde hace más de 3 décadas, el de 2018 no es sino el resultado de la inercia de objetivos y proyectos que se vienen impulsando por los distintos gobiernos de corte neoliberal, desde la época de Miguel de la Madrid. Desde entonces se impuso a los mexicanos un nuevo contrato social por el que se modificó sustancialmente el acuerdo de beneficios sociales que obtenía la sociedad en materia de salud, educación, seguridad social, vivienda, abasto popular, precios de garantía, regulación de precios y tasas de interés, y otras formas de mediar entre los intereses de la burguesía nacional y la mayoría de los mexicanos.
La estrategia aplicada por los gobiernos neoliberales consistió en privatizar los bienes nacionales, permitir la inserción del capital en áreas sensibles al bienestar social, y desregular toda la vida económica, particularmente la laboral y la de servicios bancarios y financieros. A esto se añadió el acuerdo con el capital internacional para abrir las fronteras en condiciones desventajosas para la producción nacional.
La consecuencia visible fue la destrucción de la producción ejidal y comunitaria, el abandono de la responsabilidad estatal en la educación, la salud y la seguridad social, así como el quiebre de la industria nacional.
Este modelo de desarrollo estuvo apuntalado desde un principio con proyectos de presupuesto que daban cuenta de las nuevas prioridades, mismas que siguen presentes en el presupuesto recién aprobado. Los recortes presupuestales al desarrollo social han sido una constante, aunque a la fecha, como ya han disminuido suficientemente, conservándolos bajos se consigue el mismo objetivo. Asimismo, otra constante ha sido la disminución de la inversión pública necesaria para el desarrollo de la industria energética, de la red de comunicaciones, del abasto de insumos petroquímicos, de hospitales y escuelas de todos los niveles educativos, del desarrollo científico y tecnológico.
Si de por sí este modelo de desarrollo ya conlleva graves consecuencias para la sociedad, la corrupción inherente al régimen político actual ha coadyuvado a elevar los estragos en el bienestar de la gente. Todo junto con pegado. Por ejemplo, producto de la privatización que se dio en medio de un gran clima de corrupción, la desregulación que se dio en las instituciones bancarias y financieras generó la crisis de deudas bancarias. La salida que se dio a la gran irresponsabilidad gubernamental fue cargar a la sociedad el costo del rescate de las instituciones bancarias, cercano al billón de pesos, de los cuales se sigue pagando cerca de 40 mil millones de pesos directamente a las instituciones bancarias que generaron la crisis.
Los gobiernos de Fox y Calderón, como en su época el de López Portillo, malversaron los grandes ingresos petroleros, lo que agravó la posición financiera del país y uno de los dogmas del neoliberalismo, la disminución del déficit público. Por ello, ahora nos encontramos con una alta tasa de deuda pública y destinando grandes cantidades al pago de intereses. Todo en detrimento de un desarrollo nacional incluyente y del crecimiento económico. Además de ineficientes, los políticos neoliberales resultaron los más corruptos de la historia de México.
Como se sabe, el presupuesto es la base financiera del proyecto de país que se impulsa y establece las prioridades que requiere ese proyecto. En 2018 tendremos la oportunidad de elegir un nuevo proyecto de país. Y en 2019 aplicar un presupuesto de egresos de nueva generación. Por eso, el que se aplique en 2018 podría ser el último de la época neoliberal.
Lo dicho, necesitamos un cambio verdadero.
Marco Antonio Medina Pérez
marco.a.medinaperez@gmail.com
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