Por Laura Itzel Castillo Juárez
México D.F., a octubre de 2007
Urge cambiar las leyes en materia de vivienda
El pasado 18 de junio, desde el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) presentamos a los diputados y senadores del Frente Amplio Progresista (FAP) integrado con la representación del Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Convergencia un paquete de propuestas legislativas en materia de vivienda con el objetivo de hacer modificaciones a la Ley del Infonavit, a la Ley de Vivienda a nivel federal, a la Ley del ISSSTE en lo relativo a FOVISSSTE, al Contrato Constitutivo de FONHAPO y a las reglas de operación de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) con el objetivo fundamental de que asuman el carácter social que les corresponde.
Para enriquecer las propuestas se organizaron foros de discusión en tres regiones del país. El primero de ellos se realizó en el Distrito Federal para la región centro; el segundo en Coatepec, Veracruz, para la región sur, y finalmente el tercero en la ciudad de Hermosillo, Sonora, para el norte de la República. En dichos eventos se contó con la participación de diputados federales y locales, así como de especialistas, académicos, líderes sociales y desde luego con la presencia de los afectados a causa de las políticas implementadas por los organismos nacionales de vivienda, es decir de acreditados del Infonavit, FOVISSSTE y FONHAPO.
El objetivo de las reformas planteadas por el Consejo de Defensa de la Vivienda radica en que el Estado debe asumir su intervención directa en la solución de los requerimientos de vivienda de las familias de escasos recursos y crear los instrumentos adecuados para atender dicha necesidad. La crítica fundamental en los foros se centró en que a partir de las reformas estructurales implementadas en este país desde hace más de dos décadas el Estado mexicano ha venido renunciando a la obligación constitucional de establecer mecanismos que garanticen una vivienda digna y decorosa para las familias mexicanas, como lo señala el artículo cuarto constitucional de nuestra carta magna.
En resumen, se concluyó que este viraje en las políticas públicas ha provocado la bancarización de la política social con efectos lacerantes para los millones de mexicanos que no pueden acceder a los créditos que se ofertan por parte de los organismos nacionales de vivienda. Por ello es que se considera urgente la modificación a las leyes en materia de vivienda, que de ser posible iremos explicando en este mismo espacio periodístico.
Consejodedefensadelavivienda@gmail.com www.sahuvi.gobiernolegitimo.org.mx
El pasado 18 de junio, desde el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) presentamos a los diputados y senadores del Frente Amplio Progresista (FAP) integrado con la representación del Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Convergencia un paquete de propuestas legislativas en materia de vivienda con el objetivo de hacer modificaciones a la Ley del Infonavit, a la Ley de Vivienda a nivel federal, a la Ley del ISSSTE en lo relativo a FOVISSSTE, al Contrato Constitutivo de FONHAPO y a las reglas de operación de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) con el objetivo fundamental de que asuman el carácter social que les corresponde.
Para enriquecer las propuestas se organizaron foros de discusión en tres regiones del país. El primero de ellos se realizó en el Distrito Federal para la región centro; el segundo en Coatepec, Veracruz, para la región sur, y finalmente el tercero en la ciudad de Hermosillo, Sonora, para el norte de la República. En dichos eventos se contó con la participación de diputados federales y locales, así como de especialistas, académicos, líderes sociales y desde luego con la presencia de los afectados a causa de las políticas implementadas por los organismos nacionales de vivienda, es decir de acreditados del Infonavit, FOVISSSTE y FONHAPO.
El objetivo de las reformas planteadas por el Consejo de Defensa de la Vivienda radica en que el Estado debe asumir su intervención directa en la solución de los requerimientos de vivienda de las familias de escasos recursos y crear los instrumentos adecuados para atender dicha necesidad. La crítica fundamental en los foros se centró en que a partir de las reformas estructurales implementadas en este país desde hace más de dos décadas el Estado mexicano ha venido renunciando a la obligación constitucional de establecer mecanismos que garanticen una vivienda digna y decorosa para las familias mexicanas, como lo señala el artículo cuarto constitucional de nuestra carta magna.
En resumen, se concluyó que este viraje en las políticas públicas ha provocado la bancarización de la política social con efectos lacerantes para los millones de mexicanos que no pueden acceder a los créditos que se ofertan por parte de los organismos nacionales de vivienda. Por ello es que se considera urgente la modificación a las leyes en materia de vivienda, que de ser posible iremos explicando en este mismo espacio periodístico.
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