Por Laura Itzel Castillo Juárez.
Con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al caso de la periodista Lydia Cacho y del gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, se envía un mensaje claro de impunidad hacia las redes que comercian sexualmente con la explotación de niñas, niños y adolescentes en este país.
Sabemos que los asuntos que valientemente ha investigado la periodista tocan intereses de quienes detentan el poder en México y desnudan el sentido real de las instituciones responsables en teoría, de la procuración y administración de la justicia.
De acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada a realizar investigaciones cuando exista grave violación a las garantías individuales, así como a formular recomendaciones a los funcionarios públicos. Sabemos que se trata de una facultad extraordinaria de la SCJN que contempla nuestra Carta Magna, ante la descomposición generalizada de las instituciones.
No obstante, seis ministros, cuatro hombres: Sergio Valls Hernández, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela, y dos mujeres: Olga Sánchez Cordero y Margarita Beatriz Luna Ramos, negaron que se trataban de violaciones graves a los derechos humanos. Con esto pasan por alto que la tortura sicológica que sufrió la informadora constituye una grave violación a los derechos humanos, de acuerdo a los tratados internacionales signados por México. En el colmo del cinismo, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano declaró que “la tortura no es más que un procedimiento ilegal, que no se puede desconocer que a través de ella se puede llegar a la verdad”.
A pesar de que existen tres demandas de juicio político y una de desafuero en la Cámara de Diputados en contra del gober precioso Mario Marín, fue exonerado por el más alto tribunal de la nación, al calificar la pederastia como “irregularidad menor”.
Si todavía quedara dignidad en la institución, los seis ministros deberían de presentar su renuncia inmediata. Es decepcionante que hayan sido dos mujeres ministras las que defendieran esa posición en contra de otra mujer, e inaudito que quien utilizó facciosamente a las instituciones para “darle un coscorrón” a la periodista Cacho goce de impunidad para seguir protegiendo a las organizaciones criminales.
¡Vaya celebración en México del Día Internacional de los Derechos Humanos! Al diablo con eso.
consejodedefensadelavivienda@gmail.com
www.vivienda.gobiernolegitimo.org.mx
Sabemos que los asuntos que valientemente ha investigado la periodista tocan intereses de quienes detentan el poder en México y desnudan el sentido real de las instituciones responsables en teoría, de la procuración y administración de la justicia.
De acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada a realizar investigaciones cuando exista grave violación a las garantías individuales, así como a formular recomendaciones a los funcionarios públicos. Sabemos que se trata de una facultad extraordinaria de la SCJN que contempla nuestra Carta Magna, ante la descomposición generalizada de las instituciones.
No obstante, seis ministros, cuatro hombres: Sergio Valls Hernández, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela, y dos mujeres: Olga Sánchez Cordero y Margarita Beatriz Luna Ramos, negaron que se trataban de violaciones graves a los derechos humanos. Con esto pasan por alto que la tortura sicológica que sufrió la informadora constituye una grave violación a los derechos humanos, de acuerdo a los tratados internacionales signados por México. En el colmo del cinismo, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano declaró que “la tortura no es más que un procedimiento ilegal, que no se puede desconocer que a través de ella se puede llegar a la verdad”.
A pesar de que existen tres demandas de juicio político y una de desafuero en la Cámara de Diputados en contra del gober precioso Mario Marín, fue exonerado por el más alto tribunal de la nación, al calificar la pederastia como “irregularidad menor”.
Si todavía quedara dignidad en la institución, los seis ministros deberían de presentar su renuncia inmediata. Es decepcionante que hayan sido dos mujeres ministras las que defendieran esa posición en contra de otra mujer, e inaudito que quien utilizó facciosamente a las instituciones para “darle un coscorrón” a la periodista Cacho goce de impunidad para seguir protegiendo a las organizaciones criminales.
¡Vaya celebración en México del Día Internacional de los Derechos Humanos! Al diablo con eso.
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