Por RICARDO GAMBOA GUERRERO*
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¿QUIEN TIENE NUESTRO DINERO?
En estos días los consumidores acabamos de recibir otro golpe en nuestro bolsillo debido al nuevo aumento de gasolina. Habrá quienes piensen que esas medidas solo afectan a quienes cuentan con vehículo. Nada más alejado de la realidad.
El transporte público consume gasolina, afectando tanto al prestador de servicio como a los usuarios del mismo. El prestador de servicio tiene que pagar su gasolina, su cuota diaria al dueño del vehículo y su margen de utilidad, va destinado al consumo familiar, que a su vez se ve afectado por este mismo ciclo de consumo. El usuario, tiene dos opciones. Le mete más de su bolso a transportes y le baja a otros gastos prioritarios, o disminuye su consumo de transporte público para que pueda seguir subsistiendo. Vaya problemita.
El aumento del precio de la gasolina es tan solo un pequeño ejemplo del incremento del petróleo y sus derivados, aunque es suficiente para ejemplificar lo que genera a gran escala en nuestra economía, sobre todo cuando comprendemos que un prestador de servicio publico no esta sólo, tiene esposa o esposo, así como hijos, hasta en algunos casos nietos y demás agregados. El usuario esta por las mismas. Vaya problema eso de la economía familiar.
Los ciudadanos de a pie nos espantamos cuando escuchamos a nuestros gobernantes decir que no hay recursos suficientes para tal o cual acción de gobierno, porque a los gobernados nos pasa exactamente lo mismo, ante tal situación la pregunta inmediata surge por si misma: si los ciudadanos no tenemos el dinero, ni el gobierno lo tiene, ¿quien carajos lo tiene?
Parte de la respuesta la encontramos en una premisa básica de la administración pública- en cualquiera de sus tres órdenes de gobierno- que nos dice “necesidades infinitas contra recursos escasos”, y como se dice coloquialmente: échate ese trompo a la uña.
Si bien los impuestos son solo una transferencia, ya que al recibirlos el gobierno los regresa de inmediato a la población en general. También lo es que dentro de este sistema existen muchas fallas, como que las políticas públicas no son las indicadas, los costos fijos son muy elevados, hay monstruos burocráticos muy ineficientes, prioridades mal atendidas y encaminadas, corrupción e ignorancia por parte de algunos funcionarios públicos, etc, etc. Las causas son muchas, las consecuencias pueden ser fatales.
Es importante que como ciudadanos aprendamos a distinguir de un político o funcionario que sólo quiere el cargo para satisfacer sus intereses personales, de uno que sea profesional en la materia y sienta compromiso con sus representados. Ese es nuestro compromiso ineludible como ciudadanos del siglo XXI, asumamos este papel que la historia nos asigna y exijamos gobiernos más eficientes, transparente, humanos, preparados. De no ser así, nuestros hijos pagaran con la misma moneda que estamos pagando hoy día, y eso sería imperdonable para nosotros mismos.
*Licenciado en Derecho por la UV, Maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Asistente Legislativo del Dip. Fed. Iñigo Laviada Hernández.
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