Por Paulina Monroy
Enviado a VAXTUXPAN por el Senador Suplente Juan Fernando Perdomo Bueno
La reforma electoral, que supuestamente haría menos onerosas las campañas proselitistas, apenas podrá reducir en 10 por ciento el total de los recursos destinados a las elecciones de 2009. Informes y especialistas revelan que, a cambio, el IFE perdió autonomía frente a los tres grandes partidos, los cuales seguirán enriqueciéndose
No obstante que la reforma electoral se realizó con el objetivo de “garantizar la equidad y la disminución en los costos de campañas electorales”, el financiamiento ordinario a partidos políticos no fue reducido sustancialmente.
Al comparar la propuesta del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre financiamiento de las campañas para elegir diputados a la LXI Legislatura en 2009 con lo erogado en 2006, sólo hay una disminución del 10 por ciento.
Por cada ejercicio de 2008 y 2009, los partidos políticos recibirán como “gasto ordinario” 2 mil 538 millones 574 mil 217 pesos; para “actividades específicas”, 76 millones 157 mil 226 pesos, y 50 millones 771 mil 484 pesos por “franquicias postales”.
Según el documento Reformas al Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) en materia de financiamiento y fiscalización, elaborado por la representación de Convergencia ante el IFE, el financiamiento público en 2008 será de 195 millones 952 mil 180 pesos en dinero y de 6 millones 436 mil 435 pesos en especie.
De 2007 a 2008 –año en que se concretó la reforma electoral–, el financiamiento público ordinario sólo se redujo 5 por ciento. En tanto, la partida para actividades específicas –educación y capacitación política, investigación y tareas editoriales– aumentó 63 por ciento para este año. Por lo tanto, el presupuesto total de 2007, que sumó 2 mil 697 millones 165 mil pesos, sólo disminuyó 3 por ciento para 2008.
Respecto de 2006, según datos del Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los partidos obtuvieron 4 mil 175 millones 367 mil pesos: 2 mil 68 millones 375 mil para actividades ordinarias y 37 millones 110 mil pesos para actividades específicas.
Con la modificación al artículo 41 constitucional, que reduce el financiamiento para propaganda política en 70 y 50 por ciento en elecciones intermedias y presidenciales, la campaña de 2009 tendría un costo de 761 millones 572 mil 265 pesos.
Sin embargo, el 30 de agosto el IFE aprobó su proyecto de presupuesto 2009 por 12 mil 880 millones de pesos: 9 mil 150 millones de pesos para su gasto operativo y 3 mil 730 millones para prerrogativas de partidos, de los que 856 millones 233 mil pesos serían destinados al financiamiento de campaña. Entre los años electorales 2006 y 2009, el presupuesto a partidos se reduciría 10 por ciento.
El Informe de la auditoría de desempeño, evaluación del proceso electoral federal de 2006, de la ASF, anota que se entregaron 2 mil 68 millones 375 mil pesos a partidos políticos para gastos de campaña y 1 millón 506 mil pesos para apoyo en radio y televisión. La diferencia entre las elecciones presidenciales y las intermedias de 2009, con la propuesta del IFE, es de casi el 60 por ciento.
Juan Pablo Becerra, en su artículo “La reforma electoral de 2007”, publicado en septiembre en la revista Topodrilo, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), deduce que con la nueva fórmula propuesta por la reforma, el presupuesto para campaña en 2006 hubiera disminuido hasta 1 mil 116 millones 890 mil 149 pesos.
Considerando las elecciones intermedias de 2003 y las presidenciales de 2006, la reducción sería del 62.12 por ciento. No así el financiamiento ordinario, que de 2001 a 2006 sólo alcanzaría una disminución de 10.96 por ciento.
El miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y académico en el Departamento de Sociología en la UAM- Iztapalapa argumenta que “si el elemento más fuerte de la reforma es la prohibición para contratar tiempos en radio y televisión, además de la disminución de las campañas, se antoja que la reducción en el financiamiento de partidos pudo haber sido mayor”.
Ejemplifica que con el nuevo modelo, el gasto diario de campaña en 2003, cuando se eligieron diputados federales, se reduciría en 70.7 por ciento. Ese descenso lo confronta con la disminución por el mismo concepto en 2006, la que se calcula en sólo 3.4 por ciento. Opina que “los partidos no están dispuestos a bajar sustancialmente su financiamiento público”.
Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), niega que la reforma reduzca el costo de las elecciones. Señala que la disminución del financiamiento debería ser sustancial, pues la duración de las campañas será menor y no se erogará por tiempo en radio y televisión.
“El presupuesto no se justifica porque mantiene burocracias partidistas”, opina. Observa que para 2012 tampoco habrá una disminución importante, pues habrá más ciudadanos inscritos al padrón electoral y costos añadidos en materia de monitoreo, fiscalización y centralización de funciones debido a la reforma.
Para la secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Dora Alicia Martínez Valero, la fórmula del financiamiento es mucho más clara y permite que se mantenga el presupuesto, sin que se incremente, de integrarse más partidos. “La fórmula –argumenta– le da mayor estabilidad a la entrega de prerrogativas a partidos políticos. Contrario a lo que se cree, el padrón irá decreciendo y eso va a disminuir los recursos”.
No obstante que la reforma electoral se realizó con el objetivo de “garantizar la equidad y la disminución en los costos de campañas electorales”, el financiamiento ordinario a partidos políticos no fue reducido sustancialmente.
Al comparar la propuesta del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre financiamiento de las campañas para elegir diputados a la LXI Legislatura en 2009 con lo erogado en 2006, sólo hay una disminución del 10 por ciento.
Por cada ejercicio de 2008 y 2009, los partidos políticos recibirán como “gasto ordinario” 2 mil 538 millones 574 mil 217 pesos; para “actividades específicas”, 76 millones 157 mil 226 pesos, y 50 millones 771 mil 484 pesos por “franquicias postales”.
Según el documento Reformas al Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) en materia de financiamiento y fiscalización, elaborado por la representación de Convergencia ante el IFE, el financiamiento público en 2008 será de 195 millones 952 mil 180 pesos en dinero y de 6 millones 436 mil 435 pesos en especie.
De 2007 a 2008 –año en que se concretó la reforma electoral–, el financiamiento público ordinario sólo se redujo 5 por ciento. En tanto, la partida para actividades específicas –educación y capacitación política, investigación y tareas editoriales– aumentó 63 por ciento para este año. Por lo tanto, el presupuesto total de 2007, que sumó 2 mil 697 millones 165 mil pesos, sólo disminuyó 3 por ciento para 2008.
Respecto de 2006, según datos del Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los partidos obtuvieron 4 mil 175 millones 367 mil pesos: 2 mil 68 millones 375 mil para actividades ordinarias y 37 millones 110 mil pesos para actividades específicas.
Con la modificación al artículo 41 constitucional, que reduce el financiamiento para propaganda política en 70 y 50 por ciento en elecciones intermedias y presidenciales, la campaña de 2009 tendría un costo de 761 millones 572 mil 265 pesos.
Sin embargo, el 30 de agosto el IFE aprobó su proyecto de presupuesto 2009 por 12 mil 880 millones de pesos: 9 mil 150 millones de pesos para su gasto operativo y 3 mil 730 millones para prerrogativas de partidos, de los que 856 millones 233 mil pesos serían destinados al financiamiento de campaña. Entre los años electorales 2006 y 2009, el presupuesto a partidos se reduciría 10 por ciento.
El Informe de la auditoría de desempeño, evaluación del proceso electoral federal de 2006, de la ASF, anota que se entregaron 2 mil 68 millones 375 mil pesos a partidos políticos para gastos de campaña y 1 millón 506 mil pesos para apoyo en radio y televisión. La diferencia entre las elecciones presidenciales y las intermedias de 2009, con la propuesta del IFE, es de casi el 60 por ciento.
Juan Pablo Becerra, en su artículo “La reforma electoral de 2007”, publicado en septiembre en la revista Topodrilo, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), deduce que con la nueva fórmula propuesta por la reforma, el presupuesto para campaña en 2006 hubiera disminuido hasta 1 mil 116 millones 890 mil 149 pesos.
Considerando las elecciones intermedias de 2003 y las presidenciales de 2006, la reducción sería del 62.12 por ciento. No así el financiamiento ordinario, que de 2001 a 2006 sólo alcanzaría una disminución de 10.96 por ciento.
El miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y académico en el Departamento de Sociología en la UAM- Iztapalapa argumenta que “si el elemento más fuerte de la reforma es la prohibición para contratar tiempos en radio y televisión, además de la disminución de las campañas, se antoja que la reducción en el financiamiento de partidos pudo haber sido mayor”.
Ejemplifica que con el nuevo modelo, el gasto diario de campaña en 2003, cuando se eligieron diputados federales, se reduciría en 70.7 por ciento. Ese descenso lo confronta con la disminución por el mismo concepto en 2006, la que se calcula en sólo 3.4 por ciento. Opina que “los partidos no están dispuestos a bajar sustancialmente su financiamiento público”.
Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), niega que la reforma reduzca el costo de las elecciones. Señala que la disminución del financiamiento debería ser sustancial, pues la duración de las campañas será menor y no se erogará por tiempo en radio y televisión.
“El presupuesto no se justifica porque mantiene burocracias partidistas”, opina. Observa que para 2012 tampoco habrá una disminución importante, pues habrá más ciudadanos inscritos al padrón electoral y costos añadidos en materia de monitoreo, fiscalización y centralización de funciones debido a la reforma.
Para la secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Dora Alicia Martínez Valero, la fórmula del financiamiento es mucho más clara y permite que se mantenga el presupuesto, sin que se incremente, de integrarse más partidos. “La fórmula –argumenta– le da mayor estabilidad a la entrega de prerrogativas a partidos políticos. Contrario a lo que se cree, el padrón irá decreciendo y eso va a disminuir los recursos”.
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