Orlando Segura Hervert.
El Ministerio Público de Tihuatlán, consecuentemente la Subprocuraduría General de Justicia, a cargo de Tomás Cristóbal Cruz, no está cumpliendo con sus funciones ni con su papel, como autoridad están siendo rebasadas por la negligencia y la impunidad, declaró el abogado Celestino Hernández Pérez, ejemplificó que en el caso de aproximadamente 20 familias campesinas, desde el mes de abril del año pasado acudieron para solicitar la aplicación de la ley en un supuesto fraude que se cometió en contra de sus representados.
Explicaron que en aquella fecha denunciaron la arbitrariedad de la que fueron objeto, toda vez que Gobierno del Estado otorgó diez millones de pesos a Hermilo Garrido y Rey Vigueras, para la adquisición de determinados terrenos, sin embargo, fueron vilmente engañados y hasta la fecha no se les entregó ningún quinto de dicho dinero, ni gozan de los predios-
Los defraudadores, se ríen de ellos, manifiestan que cuentan con el amparo de los funcionarios, el procedimiento legal se ha estancado y no se ve que se le de agilidad a los trámites, por esta razón, esta mañana se manifestaron con bambalinas en las puertas de la Subprocuraduría General de Justicia en el Estado de Veracruz, zona norte
Cristóbal Cruz les pidió calma, les indicó que hay determinados pasos que cubrir, la investigación está en camino y hasta que no se resuelvan las pruebas, hasta que no concluya toda la investigación, no se podrá avanzar. Los inconformes plantearon que era mucho tiempo y no observaban buena fe y un proceder adecuado por parte de las autoridades, tal situación los había obligado a implementar este tipo de presiones.
El servidor público expresó que no sabía si tal cuestión era parte de un asunto político, no estaba enterado de si tenía un trasfondo de esas características.
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