Orlando Segura Hervert.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública en Tuxpan, atiende en promedio 120 casos en la esfera penal en los juzgados séptimo y octavo, lo anterior en forma completamente gratuita, en ellos se incluye asuntos relacionados con la portación de arma de fuego, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, de los cuales solo el 10 por ciento sale libre por falta de elementos o bien porque la parte acusadora no cuentan con las pruebas para confirmar su dicho, declaro el defensor Angel Antonio Villegas Torija.
El entrevistado expresa que la asesoría jurídica se da en todo el procedimiento, pero una vez confirmada la sentencia por parte del juez, se gestionan los beneficios de preliberación, y a la pregunta expresa de si se dan señalamientos en relación con la “siembra” de droga a los acusados, Villegas Torija externa que las acusaciones se hacen en determinadas circunstancias hacia los agentes ministeriales o los propios soldados, pero que tales cuestiones hay que probarlas, lamentó que la gente hace uso incorrecto de la tecnología, celulares, cámaras fotográficas o videos, las personas a veces graban cosas chuscas, pero no lo que realmente los puede salvar de la cárcel, porque en estos temas hay que cotejar y confrontar la palabra del presunto culpable y la autoridad.
Se le cuestiona en torno a la peligrosidad de este tipo denuncias, la estrategia de la defensa y la acumulación de pruebas para demostrar la inocencia de los clientes o ciudadanos, e indica que ellos como servidores están obligados a cumplir con la Ley de la Defensoría Pública, desempeñar la función de la mejor manera posible, pero bajo ninguna circunstancia a hacerle al héroe.
Refirió que solo el 5 por ciento se queja de que la propia autoridad introdujo cierta cantidad de droga en los bolsillos o en los automóviles de los supuestos delincuentes, las acciones son ejecutadas presuntamente por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, ahora Policía Ministerial Federal o por los soldados en los retenes, en ocasiones por los integrantes de la AVI (Agencia Veracruzana de Investigaciones).
El Instituto Federal de la Defensoría Pública en Tuxpan, atiende en promedio 120 casos en la esfera penal en los juzgados séptimo y octavo, lo anterior en forma completamente gratuita, en ellos se incluye asuntos relacionados con la portación de arma de fuego, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, de los cuales solo el 10 por ciento sale libre por falta de elementos o bien porque la parte acusadora no cuentan con las pruebas para confirmar su dicho, declaro el defensor Angel Antonio Villegas Torija.
El entrevistado expresa que la asesoría jurídica se da en todo el procedimiento, pero una vez confirmada la sentencia por parte del juez, se gestionan los beneficios de preliberación, y a la pregunta expresa de si se dan señalamientos en relación con la “siembra” de droga a los acusados, Villegas Torija externa que las acusaciones se hacen en determinadas circunstancias hacia los agentes ministeriales o los propios soldados, pero que tales cuestiones hay que probarlas, lamentó que la gente hace uso incorrecto de la tecnología, celulares, cámaras fotográficas o videos, las personas a veces graban cosas chuscas, pero no lo que realmente los puede salvar de la cárcel, porque en estos temas hay que cotejar y confrontar la palabra del presunto culpable y la autoridad.
Se le cuestiona en torno a la peligrosidad de este tipo denuncias, la estrategia de la defensa y la acumulación de pruebas para demostrar la inocencia de los clientes o ciudadanos, e indica que ellos como servidores están obligados a cumplir con la Ley de la Defensoría Pública, desempeñar la función de la mejor manera posible, pero bajo ninguna circunstancia a hacerle al héroe.
Refirió que solo el 5 por ciento se queja de que la propia autoridad introdujo cierta cantidad de droga en los bolsillos o en los automóviles de los supuestos delincuentes, las acciones son ejecutadas presuntamente por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, ahora Policía Ministerial Federal o por los soldados en los retenes, en ocasiones por los integrantes de la AVI (Agencia Veracruzana de Investigaciones).
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