Reciben curso del IVAI, integrantes del poder judicial

Orlando Segura Hervert.
Los integrantes del Poder Judicial y del mismo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, recibieron un curso relacionado con el acceso a la información, impartido por el IVAI, en la que les manifestaron los alcances de la legislación veracruzana, misma que coloca al estado como una entidad de vanguardia porque se brindan los elementos a los ciudadanos para que exijan en el ámbito jurídico, la transparencia de las acciones y manejo de los recursos públicos.
Gerardo Manuel Basilio de la Vega, Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, recordó que el desconocimiento de la ley, no exime de responsabilidad, por lo tanto es correcto este tipo de cursos que tiende a ampliar el conocimiento de una materia que es novedosa en el estado de Veracruz, a dos años de la instauración del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, hay varias cosas que todavía no se comprenden y por lo tanto, los elementos del Poder Judicial, deben analizar los alcances de la normatividad que rige a los veracruzanos.
En el ámbito jurídico se debe cumplir la finalidad y objetivo de los juicios, en determinados caso es procedente que no se de a conocer ciertos caso, pero la ley es clara en cuanto a que y como se está obligado a informar, sobre todo si un ciudadano pide ese derecho.
La plática estuvo dirigida a Secretarios, Actuarios, Jueces, Proyectistas, entre otros, ahí se les dio a conocer las razones, procedimientos para el cabal cumplimiento de la ley de acceso a la información que protege a los ciudadanos y que les otorga derechos para conocer como se están manejando las instituciones, los programas.
La charla acerca de este importante tema, fue ofrecido éste miércoles en la tarde noche a los integrantes del Poder Judicial, con el propósito de que tengan elementos de juicio, que sepan el funcionamiento, el procedimiento si algún ciudadano decide hacer uso de este precepto constitucional, sobre todo porque en ocasiones, los propios ayuntamientos, no quieren dar a conocer ciertos datos del funcionamiento de alguna dependencia pública, luego entonces, es ahí cuando los habitantes, en uso de sus facultades, apelan a la propia normatividad para hacer valer dicho concepto.