Por Tere Blasco y Orlando Segura Hervert.
El Juzgado Segundo de Primera Instancia emitió sentencia a favor de Raúl Fernández Muñoz y Héctor Fernández Rodríguez, quienes durante más de cinco años dieron seguimiento a la sucesión testamentaria de aproximadamente 70 hectáreas, propiedad de los finados José C. Fernández, y José Fernández Gómez, instruidos en el expediente 747/2007, en dicha superficie están asentados miles de familias, quienes supuestamente cuentan con títulos de propiedad apócrifos, o bien no tienen sustento legal, dado que ocuparon tales predios sin la documentación en regla, cuestión que ahora se refleja y convierte en un posible conflicto social, debido a que dichas personas están a punto de perder el patrimonio forjado durante varios años, debido a que un promedio de 3 mil escrituras no tienen sustento.
Raúl Fernández Muñoz, conjuntamente con su abogado Ricardo Moreno Correa, durante todo el proceso del juicio demostraron ante las instancias jurisdiccionales que les asistía la razón jurídica, ofrecieron los elementos de probanza consanguínea y aportaron las documentales (escrituras originales de 1934), con la que se comprobó que son los legítimos propietarios de aproximadamente 105 hectáreas, de las cuales, a decir de los entrevistados, 30 de ellas, no presentan problemas de ningún tipo, no así las que están ubicadas en las áreas de la colonias El Esfuerzo, Anahuac, El Naranjal, La Ceiba, Infonavit Géminis, entre otras.
Señalaron que fueron invadidas o adquiridas en forma ilegal y por lo tanto, la documentación expedida no tiene ninguna validez.
Los dueños indicaron a este medio que en primer lugar entregarán las notificaciones a quienes habiten en dichos sitios, para llegar a un arreglo extrajudicial, expresaron que desean establecer acuerdos con las partes afectadas, agregaron que ya comenzaron a recorrer la calle Lucio Blanco, en donde a la fecha, hicieron del conocimiento de la situación a aproximadamente 50 personas, algunas de ellas, ya están pactando los tiempos y formas de pago porque están reconociendo que la cuestión legal cambió y por lo tanto tiene que cubrir la correcta adquisición del terreno.
Ante la decisión del juez, se espera un conflicto social de incalculables consecuencias, dado que más de alguno se dirán engañados y defraudados, porque de buena fe y con los títulos de propiedad, adquirieron determinados espacios en las que edificaron sus hogares.
El Juzgado Segundo de Primera Instancia emitió sentencia a favor de Raúl Fernández Muñoz y Héctor Fernández Rodríguez, quienes durante más de cinco años dieron seguimiento a la sucesión testamentaria de aproximadamente 70 hectáreas, propiedad de los finados José C. Fernández, y José Fernández Gómez, instruidos en el expediente 747/2007, en dicha superficie están asentados miles de familias, quienes supuestamente cuentan con títulos de propiedad apócrifos, o bien no tienen sustento legal, dado que ocuparon tales predios sin la documentación en regla, cuestión que ahora se refleja y convierte en un posible conflicto social, debido a que dichas personas están a punto de perder el patrimonio forjado durante varios años, debido a que un promedio de 3 mil escrituras no tienen sustento.
Raúl Fernández Muñoz, conjuntamente con su abogado Ricardo Moreno Correa, durante todo el proceso del juicio demostraron ante las instancias jurisdiccionales que les asistía la razón jurídica, ofrecieron los elementos de probanza consanguínea y aportaron las documentales (escrituras originales de 1934), con la que se comprobó que son los legítimos propietarios de aproximadamente 105 hectáreas, de las cuales, a decir de los entrevistados, 30 de ellas, no presentan problemas de ningún tipo, no así las que están ubicadas en las áreas de la colonias El Esfuerzo, Anahuac, El Naranjal, La Ceiba, Infonavit Géminis, entre otras.
Señalaron que fueron invadidas o adquiridas en forma ilegal y por lo tanto, la documentación expedida no tiene ninguna validez.
Los dueños indicaron a este medio que en primer lugar entregarán las notificaciones a quienes habiten en dichos sitios, para llegar a un arreglo extrajudicial, expresaron que desean establecer acuerdos con las partes afectadas, agregaron que ya comenzaron a recorrer la calle Lucio Blanco, en donde a la fecha, hicieron del conocimiento de la situación a aproximadamente 50 personas, algunas de ellas, ya están pactando los tiempos y formas de pago porque están reconociendo que la cuestión legal cambió y por lo tanto tiene que cubrir la correcta adquisición del terreno.
Ante la decisión del juez, se espera un conflicto social de incalculables consecuencias, dado que más de alguno se dirán engañados y defraudados, porque de buena fe y con los títulos de propiedad, adquirieron determinados espacios en las que edificaron sus hogares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario