De nueva cuenta nuestra nación se debate en una crisis que sólo es comparable a las que dieron paso a la Revolución de Independencia, las Guerras de Reforma y a la Revolución Mexicana. Hoy como ayer, la crisis es total y de larga duración, abarca la economía, la política y la cultura.
La crisis pone en cuestión el futuro de los pueblos y la Nación mexicana. En el esquema de la clase política y de los grandes capitalistas, nacionales y extranjeros, carecemos de esperanza: los mexicanos no tenemos ya lugar en el mundo de la globalización neoliberal salvo como parias y mano de obra desechable.
En tales circunstancias, para enfrentar la crisis profunda de nuestra patria y los problemas de los pueblos de México se precisa de una transformación patriótica y democrática de la política, la economía y la cultura que desplace a la oligarquía burguesa y a su clase política de la conducción del Estado y acabe con el dominio imperialista sobre México. Se necesita la construcción de una nueva mayoría que incluya a todas las fuerzas patrióticas e instaure un nuevo gobierno y un nuevo Estado, capaces de recuperar el control y la propiedad de la planta productiva de la nación, de sus recursos estratégicos y de garantizar el desarrollo sustentable, la justicia social, la soberanía nacional, las autonomías de los pueblos indios y el ejercicio de la democracia popular.
El primer paso en la dirección de darle una salida nacional, popular y democrática a la crisis actual tiene que ver con la restauración del orden constitucional; con la lucha en contra de la usurpación del gobierno de la república por parte del grupo de políticos, empresarios, magistrados y militares del que forma parte Felipe Calderón. En las circunstancias actuales la recuperación de la dignidad nacional y solución a la miseria, el desempleo y la inseguridad pasan por la lucha para revocar el mandato presidencial que los golpistas confirieron a Felipe Calderón.
El jefe del ejecutivo federal de facto es la principal referencia de un régimen político corrompido y antinacional, el instrumento de los grandes empresarios y las trasnacionales para avanzar en la completa depredación y saqueo de nuestra capacidad de trabajo, de la propiedad pública y social y de nuestros recursos naturales. Calderón es la figura visible de la mafia que pretende consumar la instalación de un Estado obsecuente a Estados Unidos y de carácter delincuencial, de un régimen policíaco-militar al estilo colombiano. La lucha contra el usurpador y el grupo dominante, que incluye la defensa de nuestros derechos sociales y libertades políticas y civiles, prepara la ruta para remover del gobierno a los neoliberales que traicionaron al pueblo y a la patria.
Motivos legales y humanos para revocarle el mandato a Felipe Calderón sobran, la situación del país, o lo que queda de él, no puede ser más grave. En menos de tres años el número de mexicanos pobres aumentó en 10 millones; hoy más de 70 millones de pobladores viven en la pobreza; 24 o 25 millones de ese total son pobres extremos que padecen la miseria más degradante e inhumana. Según las cuentas oficiales, el “presidente del empleo” tiene en su haber el despido de casi millón y medio de trabajadores.
Calderón, que supuestamente encabeza la guerra contra la inseguridad y la delincuencia, ha convertido a México en el país más inseguro y violento del mundo en tiempos de paz. Fruto de su guerra contra el narcotráfico o contra uno de sus bandos, se han producido más de 15 mil asesinatos y más de siete mil desaparecidos. Sin embargo, ni la violencia, ni los secuestros tienen para cuando disminuir y mucho menos cesar. Mientras tanto, entre 25 mil y 40 mil millones de dólares se blanquean en bancos y empresas de la respetable iniciativa privada, con el beneplácito de los gobiernos de Calderón y Obama. Mientras tanto, la impunidad reina, los responsables del crimen industrial de Pasta de Conchos siguen libres, al igual que Ulises Ruiz, Mario Marín, Javier Lozano y los verdaderos culpables del caso de la Guardería ABC; qué decir de las muertas de Juárez o de las violaciones a los derechos humanos en San Salvador Atenco, Acteal y tantos más. Mientras tanto, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia siguen ganando más de 340 mil pesos al mes; mientras que Ignacio del Valle y sus compañeros --entre muchos otros luchadores sociales y personas inocentes—siguen secuestrados en las ilegales cárceles de máxima o baja seguridad.
El presidente de facto ha desplegado a las fuerzas armadas por todo el territorio nacional en misiones de seguridad pública que violentan el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, ha degradado a la institución armada, transformando al elemento castrense en un Ejército de ocupación y contrainsurgencia al servicio de los oligarcas. En su papel de comandante supremo ha subordinado a las fuerzas armadas a las estrategias militares y policiacas del gobierno de Estados Unidos, a través de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y la Iniciativa Mérida, entre otros acuerdos y acciones pactadas a espaldas del pueblo mexicano que afectan gravemente la soberanía nacional y que, en su esencia, constituyen actos de traición a la Patria.
Con base en atribuciones que no le corresponden, ha llevado a la economía nacional al colapso, a la recesión, a la contracción del mercado interno, al crecimiento astronómico de la ilegal deuda interna y externa, a la destrucción de la planta productiva, a una mayor dependencia técnica y científica, a la devastación del campo y al fin de la autosuficiencia alimentaria, provocando mayor migración de trabajadores y afectando el nivel de vida de toda la población. Además ha entregado ilegalmente el territorio a empresas mineras, petroleras, agrícolas y hoteleras, solapando los daños ambientales y las afectaciones criminales en contra de pueblos y comunidades enteras, que son ya irreparables en términos humanos, ambientales y económicos.
Violando el artículo 123 de la Constitución y siguiendo la política antilaboral de sus antecesores, recientemente transgredió la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el solo propósito de dar un paso más en la destrucción de nuestra soberanía energética y la privatización de la energía eléctrica y los servicios derivados del uso de la fibra óptica, lanzando a la calle a más de 44 mil de trabajadores que de forma permanente se habían caracterizado por su oposición a los planes gubernamentales.
Ante este sombrío proyecto en desarrollo las preguntas centrales son: ¿estamos dispuestos los ciudadanos que no votamos por Calderón, los que nos abstuvimos, o incluso quienes se han arrepentido de su voto por el PAN a soportar otros tres largos años de penurias, autoritarismo, desnacionalizaciones y entreguismo? ¿Sobrevivirá la nación mexicana como ente soberano ante el acoso sistemático privatizador de los apátridas que gobiernan para beneficio exclusivo de las corporaciones capitalistas? ¿Es necesario pagar un altísimo precio en vidas humanas, daños ambientales, sufrimientos y esfuerzos inútiles por aguantar a un gobierno que ya resulta intolerable para millones de mexicanos? ¿Existe alguna duda razonable sobre la naturaleza reaccionaria y regresiva del actual grupo gobernante, que pudiera dar lugar a la esperanza de una posible corrección del rumbo por parte del usurpador y de su gente?
En vísperas de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana y ante el agravamiento extraordinario de la crisis social y nacional, que nos ha colocado en la pendiente de salidas represivas y de la catástrofe económica y socioambiental más grave en toda la historia del país, es preciso dar un paso al frente y autoconvocarnos como en los tiempos de Hidalgo, Morelos, Juárez, Magón, Villa, Zapata y Cárdenas a la disputa por la nación, a la pelea por revocarle el mandato al presidente de facto Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Para discutir las formas y los cómos, estamos organizando una primer reunión para el 5 de diciembre a la que todos los mexicanos dispuestos a emprender está batalla están invitados en calidad de organizadores. En particular, hacemos un llamado al Movimiento en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía, al Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los trabajadores y las Libertades Democráticas, a la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, a la Otra Campaña, a la Conferencia Nacional Unitaria de las Izquierdas a participar de las discusiones y acuerdos para que de una vez por todas, Calderón y su gobierno se vayan.
Respetuosamente.
URGENTE: si están de acuerdo, favor de enviar sus firmas al correo siguiente: marctch5@yahoo.com.mx
La crisis pone en cuestión el futuro de los pueblos y la Nación mexicana. En el esquema de la clase política y de los grandes capitalistas, nacionales y extranjeros, carecemos de esperanza: los mexicanos no tenemos ya lugar en el mundo de la globalización neoliberal salvo como parias y mano de obra desechable.
En tales circunstancias, para enfrentar la crisis profunda de nuestra patria y los problemas de los pueblos de México se precisa de una transformación patriótica y democrática de la política, la economía y la cultura que desplace a la oligarquía burguesa y a su clase política de la conducción del Estado y acabe con el dominio imperialista sobre México. Se necesita la construcción de una nueva mayoría que incluya a todas las fuerzas patrióticas e instaure un nuevo gobierno y un nuevo Estado, capaces de recuperar el control y la propiedad de la planta productiva de la nación, de sus recursos estratégicos y de garantizar el desarrollo sustentable, la justicia social, la soberanía nacional, las autonomías de los pueblos indios y el ejercicio de la democracia popular.
El primer paso en la dirección de darle una salida nacional, popular y democrática a la crisis actual tiene que ver con la restauración del orden constitucional; con la lucha en contra de la usurpación del gobierno de la república por parte del grupo de políticos, empresarios, magistrados y militares del que forma parte Felipe Calderón. En las circunstancias actuales la recuperación de la dignidad nacional y solución a la miseria, el desempleo y la inseguridad pasan por la lucha para revocar el mandato presidencial que los golpistas confirieron a Felipe Calderón.
El jefe del ejecutivo federal de facto es la principal referencia de un régimen político corrompido y antinacional, el instrumento de los grandes empresarios y las trasnacionales para avanzar en la completa depredación y saqueo de nuestra capacidad de trabajo, de la propiedad pública y social y de nuestros recursos naturales. Calderón es la figura visible de la mafia que pretende consumar la instalación de un Estado obsecuente a Estados Unidos y de carácter delincuencial, de un régimen policíaco-militar al estilo colombiano. La lucha contra el usurpador y el grupo dominante, que incluye la defensa de nuestros derechos sociales y libertades políticas y civiles, prepara la ruta para remover del gobierno a los neoliberales que traicionaron al pueblo y a la patria.
Motivos legales y humanos para revocarle el mandato a Felipe Calderón sobran, la situación del país, o lo que queda de él, no puede ser más grave. En menos de tres años el número de mexicanos pobres aumentó en 10 millones; hoy más de 70 millones de pobladores viven en la pobreza; 24 o 25 millones de ese total son pobres extremos que padecen la miseria más degradante e inhumana. Según las cuentas oficiales, el “presidente del empleo” tiene en su haber el despido de casi millón y medio de trabajadores.
Calderón, que supuestamente encabeza la guerra contra la inseguridad y la delincuencia, ha convertido a México en el país más inseguro y violento del mundo en tiempos de paz. Fruto de su guerra contra el narcotráfico o contra uno de sus bandos, se han producido más de 15 mil asesinatos y más de siete mil desaparecidos. Sin embargo, ni la violencia, ni los secuestros tienen para cuando disminuir y mucho menos cesar. Mientras tanto, entre 25 mil y 40 mil millones de dólares se blanquean en bancos y empresas de la respetable iniciativa privada, con el beneplácito de los gobiernos de Calderón y Obama. Mientras tanto, la impunidad reina, los responsables del crimen industrial de Pasta de Conchos siguen libres, al igual que Ulises Ruiz, Mario Marín, Javier Lozano y los verdaderos culpables del caso de la Guardería ABC; qué decir de las muertas de Juárez o de las violaciones a los derechos humanos en San Salvador Atenco, Acteal y tantos más. Mientras tanto, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia siguen ganando más de 340 mil pesos al mes; mientras que Ignacio del Valle y sus compañeros --entre muchos otros luchadores sociales y personas inocentes—siguen secuestrados en las ilegales cárceles de máxima o baja seguridad.
El presidente de facto ha desplegado a las fuerzas armadas por todo el territorio nacional en misiones de seguridad pública que violentan el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, ha degradado a la institución armada, transformando al elemento castrense en un Ejército de ocupación y contrainsurgencia al servicio de los oligarcas. En su papel de comandante supremo ha subordinado a las fuerzas armadas a las estrategias militares y policiacas del gobierno de Estados Unidos, a través de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y la Iniciativa Mérida, entre otros acuerdos y acciones pactadas a espaldas del pueblo mexicano que afectan gravemente la soberanía nacional y que, en su esencia, constituyen actos de traición a la Patria.
Con base en atribuciones que no le corresponden, ha llevado a la economía nacional al colapso, a la recesión, a la contracción del mercado interno, al crecimiento astronómico de la ilegal deuda interna y externa, a la destrucción de la planta productiva, a una mayor dependencia técnica y científica, a la devastación del campo y al fin de la autosuficiencia alimentaria, provocando mayor migración de trabajadores y afectando el nivel de vida de toda la población. Además ha entregado ilegalmente el territorio a empresas mineras, petroleras, agrícolas y hoteleras, solapando los daños ambientales y las afectaciones criminales en contra de pueblos y comunidades enteras, que son ya irreparables en términos humanos, ambientales y económicos.
Violando el artículo 123 de la Constitución y siguiendo la política antilaboral de sus antecesores, recientemente transgredió la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el solo propósito de dar un paso más en la destrucción de nuestra soberanía energética y la privatización de la energía eléctrica y los servicios derivados del uso de la fibra óptica, lanzando a la calle a más de 44 mil de trabajadores que de forma permanente se habían caracterizado por su oposición a los planes gubernamentales.
Ante este sombrío proyecto en desarrollo las preguntas centrales son: ¿estamos dispuestos los ciudadanos que no votamos por Calderón, los que nos abstuvimos, o incluso quienes se han arrepentido de su voto por el PAN a soportar otros tres largos años de penurias, autoritarismo, desnacionalizaciones y entreguismo? ¿Sobrevivirá la nación mexicana como ente soberano ante el acoso sistemático privatizador de los apátridas que gobiernan para beneficio exclusivo de las corporaciones capitalistas? ¿Es necesario pagar un altísimo precio en vidas humanas, daños ambientales, sufrimientos y esfuerzos inútiles por aguantar a un gobierno que ya resulta intolerable para millones de mexicanos? ¿Existe alguna duda razonable sobre la naturaleza reaccionaria y regresiva del actual grupo gobernante, que pudiera dar lugar a la esperanza de una posible corrección del rumbo por parte del usurpador y de su gente?
En vísperas de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana y ante el agravamiento extraordinario de la crisis social y nacional, que nos ha colocado en la pendiente de salidas represivas y de la catástrofe económica y socioambiental más grave en toda la historia del país, es preciso dar un paso al frente y autoconvocarnos como en los tiempos de Hidalgo, Morelos, Juárez, Magón, Villa, Zapata y Cárdenas a la disputa por la nación, a la pelea por revocarle el mandato al presidente de facto Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Para discutir las formas y los cómos, estamos organizando una primer reunión para el 5 de diciembre a la que todos los mexicanos dispuestos a emprender está batalla están invitados en calidad de organizadores. En particular, hacemos un llamado al Movimiento en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía, al Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los trabajadores y las Libertades Democráticas, a la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, a la Otra Campaña, a la Conferencia Nacional Unitaria de las Izquierdas a participar de las discusiones y acuerdos para que de una vez por todas, Calderón y su gobierno se vayan.
Respetuosamente.
URGENTE: si están de acuerdo, favor de enviar sus firmas al correo siguiente: marctch5@yahoo.com.mx
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