Por Orlando Segura Hervert.
A las 7 de la mañana, la fuerza pública ingresó al predio denominado Nuevo Sol y desalojó a aproximadamente cien familias que todavía estaban apostados en el terreno, a esa hora, varias máquinas comenzaron a derrumbar diversas casas construidas con cemento, otras de madera, otates y cartón. Las acciones ejecutadas con la presencia de patrullas y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, no estuvieron exentos de tensión; las señoras y algunos hombres gritaban y clamaban justicia, acusaban de represivos a quienes con perros, y equipo antimotines, hicieron acto de presencia para justificar la sentencia correspondiente a la causa penal 15/2000 del juzgado primero de primera instancia.
Los representantes de Gobierno Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública, Roberto Sánchez Olguín y Jaime Mejía de la Merced, indicaron que los afectados fueron oídos y vencidos en juicio, hubo todo un procedimiento, la cuestión legal se definió en distintas fases, cada quien tuvo la oportunidad de defenderse, se dio la sentencia, apelación, el amparo, intervino el Tribunal Colegiado de Circuito y finalmente fue otorgada la orden de desalojo, los afectados ya no tuvieron para donde hacerse, porque se estableció jurídicamente que se tenía que restituir el bien. Agregó que en 1999 se presentó un acto ilegal, es decir, la invasión; el gobierno estatal accedió a reubicar a los colonos en otra área que se adquirió para darles certeza jurídica y que cada uno contara con un patrimonio, esto último fue aceptado por Mónica Sosa Osorio. Desde sus puntos de vista, en todo momento se trató de privilegiar el diálogo y la sensibilidad para darles un trato digno al conflicto social.
Los cuerpos policiacos reportaron saldo blanco, dado que se preveía mayor violencia. Sin embargo, Arturo Díaz Reyes, presentó un golpe en la cabeza, así como agresiones en el rostro, el ciudadano trató de defender su “patrimonio”, como pudo intentó retener el avance de la policía estatal, fue atendido por la Cruz Roja y al ser entrevistado, invocaba impotencia de lo que a su parecer era una aberración de las autoridades, dado que nunca le mostraron la orden de desalojo.
Las señoras, algunas de ellas con hijos minusválidos, argumentaban que no tenían a donde ir y que les daba coraje ver como se destruían diez años de su vida en dicho sitio, comentaban que ahí invirtieron el poco capital que les quedaban.
El Secretario de Acuerdos, Wilfrido Olvera Pereda, explicó que jurídicamente se cumplió con todo el procedimiento, señaló que la acción estaba fundada y motivada, su asistencia se debió al cumplimiento judicial ordenado por una instancia federal.
Carlos Muñoz Rangel, dirigente de la Asociación Bosques de la Asunción, organización civil conformada en el seno de la Nuevo Sol, muy molesto calificó la acción de las autoridades como totalmente ilegal, expresó que la lucha continuará y asistirán a la Cámara de Diputados para denunciar las injusticias cometidas en contra de más de un centenar de familias.
Los representantes de Gobierno Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública, Roberto Sánchez Olguín y Jaime Mejía de la Merced, indicaron que los afectados fueron oídos y vencidos en juicio, hubo todo un procedimiento, la cuestión legal se definió en distintas fases, cada quien tuvo la oportunidad de defenderse, se dio la sentencia, apelación, el amparo, intervino el Tribunal Colegiado de Circuito y finalmente fue otorgada la orden de desalojo, los afectados ya no tuvieron para donde hacerse, porque se estableció jurídicamente que se tenía que restituir el bien. Agregó que en 1999 se presentó un acto ilegal, es decir, la invasión; el gobierno estatal accedió a reubicar a los colonos en otra área que se adquirió para darles certeza jurídica y que cada uno contara con un patrimonio, esto último fue aceptado por Mónica Sosa Osorio. Desde sus puntos de vista, en todo momento se trató de privilegiar el diálogo y la sensibilidad para darles un trato digno al conflicto social.
Los cuerpos policiacos reportaron saldo blanco, dado que se preveía mayor violencia. Sin embargo, Arturo Díaz Reyes, presentó un golpe en la cabeza, así como agresiones en el rostro, el ciudadano trató de defender su “patrimonio”, como pudo intentó retener el avance de la policía estatal, fue atendido por la Cruz Roja y al ser entrevistado, invocaba impotencia de lo que a su parecer era una aberración de las autoridades, dado que nunca le mostraron la orden de desalojo.
Las señoras, algunas de ellas con hijos minusválidos, argumentaban que no tenían a donde ir y que les daba coraje ver como se destruían diez años de su vida en dicho sitio, comentaban que ahí invirtieron el poco capital que les quedaban.
El Secretario de Acuerdos, Wilfrido Olvera Pereda, explicó que jurídicamente se cumplió con todo el procedimiento, señaló que la acción estaba fundada y motivada, su asistencia se debió al cumplimiento judicial ordenado por una instancia federal.
Carlos Muñoz Rangel, dirigente de la Asociación Bosques de la Asunción, organización civil conformada en el seno de la Nuevo Sol, muy molesto calificó la acción de las autoridades como totalmente ilegal, expresó que la lucha continuará y asistirán a la Cámara de Diputados para denunciar las injusticias cometidas en contra de más de un centenar de familias.
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