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* Presentan inconsistencias en resoluciones sobre casos de daño moral que involucran a los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa, Alfredo Rivera Flores, Eduardo Huchim y Rubén Lara
El presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), Armando Prida Huerta, advirtió que desde hace un lustro se acumulan un sinnúmero de intereses en las instituciones encargadas de legislar y administrar justicia, que atentan no sólo contra la libertad de expresión sino, incluso, contra la difusión de la verdad.
Así se expresó durante la conferencia de prensa en la que periodistas expusieron las inconsistencias judiciales y los fallos inexplicables de que han sido víctimas por parte de jueces, como consecuencia de haber ejercido su derecho a la libre expresión, al exponer abiertamente casos de irregularidades en diferentes ámbitos del quehacer público.
Al hacer notar que desde las instituciones se agrede a ambos preceptos con leyes anacrónicas y jueces de actuaciones inexplicables, advirtió que los 500 mil millones de pesos que admite el gobierno como tamaño de la corrupción, podrían fácilmente duplicarse, si no se resuelven de fondo leyes y criterios para la toma de decisión de los jueces.
“En menos de un lustro –dijo-, se presentan ataques a la libertad de expresión de manera indirecta o sutil a través de demandas que hacen que los periodistas estén permanentemente sujetos a juicios interminables, que los mantienen bajo la amenaza constante de perder su patrimonio,” afirmó el presidente de la Fundalex.
De esa manera se refirió a las sentencias contra los periodistas Alfredo Rivera Flores y Miguel Ángel Granados Chapa por la publicación de un libro en el que aportan hechos y datos verificables sobre el porrismo y la mafia que en Hidalgo controla posiciones de gobierno, bajo la conducción del político local, Gerardo Sosa Castelán.
Y en un segundo caso, contra los también periodistas Eduardo Huchim y Rubén Lara por una serie de artículos en los que exponen las irregularidades constatadas en la construcción de inmuebles del Poder Judicial de la Federación, respecto de las cuales, se vincula a la magistrada Consuelo Villalobos Ortiz.
El Presidente de la Fundalex hizo notar que cuando una publicación periodística revela la verdad y expone los intereses en juego, éstos reaccionan e “inmediatamente se van contra la libertad de expresión para conservar la impunidad, para seguir robando o en su caso, para seguir viviendo de los intereses públicos”.
Hizo notar que en el caso de las revelaciones sobre la mafia política en Hidalgo, pronto se cumplirán seis años de un proceso judicial que amenaza con dejar sin patrimonio a los demandados.
“Lamentablemente decir la verdad cuesta, pero con el apoyo de la Fundación, se reitera la exigencia para la actualización de leyes y la capacitación de los jueces para que estén a la altura de las necesidades que reclaman este tipo de casos”, dijo finalmente Prida Huerta
http://www.difunet.com/
* Presentan inconsistencias en resoluciones sobre casos de daño moral que involucran a los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa, Alfredo Rivera Flores, Eduardo Huchim y Rubén Lara
El presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), Armando Prida Huerta, advirtió que desde hace un lustro se acumulan un sinnúmero de intereses en las instituciones encargadas de legislar y administrar justicia, que atentan no sólo contra la libertad de expresión sino, incluso, contra la difusión de la verdad.
Así se expresó durante la conferencia de prensa en la que periodistas expusieron las inconsistencias judiciales y los fallos inexplicables de que han sido víctimas por parte de jueces, como consecuencia de haber ejercido su derecho a la libre expresión, al exponer abiertamente casos de irregularidades en diferentes ámbitos del quehacer público.
Al hacer notar que desde las instituciones se agrede a ambos preceptos con leyes anacrónicas y jueces de actuaciones inexplicables, advirtió que los 500 mil millones de pesos que admite el gobierno como tamaño de la corrupción, podrían fácilmente duplicarse, si no se resuelven de fondo leyes y criterios para la toma de decisión de los jueces.
“En menos de un lustro –dijo-, se presentan ataques a la libertad de expresión de manera indirecta o sutil a través de demandas que hacen que los periodistas estén permanentemente sujetos a juicios interminables, que los mantienen bajo la amenaza constante de perder su patrimonio,” afirmó el presidente de la Fundalex.
De esa manera se refirió a las sentencias contra los periodistas Alfredo Rivera Flores y Miguel Ángel Granados Chapa por la publicación de un libro en el que aportan hechos y datos verificables sobre el porrismo y la mafia que en Hidalgo controla posiciones de gobierno, bajo la conducción del político local, Gerardo Sosa Castelán.
Y en un segundo caso, contra los también periodistas Eduardo Huchim y Rubén Lara por una serie de artículos en los que exponen las irregularidades constatadas en la construcción de inmuebles del Poder Judicial de la Federación, respecto de las cuales, se vincula a la magistrada Consuelo Villalobos Ortiz.
El Presidente de la Fundalex hizo notar que cuando una publicación periodística revela la verdad y expone los intereses en juego, éstos reaccionan e “inmediatamente se van contra la libertad de expresión para conservar la impunidad, para seguir robando o en su caso, para seguir viviendo de los intereses públicos”.
Hizo notar que en el caso de las revelaciones sobre la mafia política en Hidalgo, pronto se cumplirán seis años de un proceso judicial que amenaza con dejar sin patrimonio a los demandados.
“Lamentablemente decir la verdad cuesta, pero con el apoyo de la Fundación, se reitera la exigencia para la actualización de leyes y la capacitación de los jueces para que estén a la altura de las necesidades que reclaman este tipo de casos”, dijo finalmente Prida Huerta
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