Por Uriel Flores Aguayo
urielfloresaguayo@hotmail.com
De todas las invasiones y despojos impunes de terrenos públicos que padece Xalapa, el del predio “El Roble” se perfila para constituirse en el robo del sexenio. Sería de no creerse si no estuviéramos ante un caso perfectamente documentado por el “Diario de Xalapa”, que ha dado seguimiento a este bochornoso atraco en donde de forma dolosa varias autoridades tienen mucho que ver, particularmente el Arquitecto Barclay, director general de INVIVIENDA.
En forma sospechosa, como jugando, una organización de membrete llamada Frente Agrarista Nacional se apodera de casi 42 mil metros cuadrados de propiedad pública, sin más limitante que no tener más espacios para avanzar en su actitud delictiva y depredadora. Dicha extensión de terrenos se encuentra localizada junto al Museo del Transporte, en una zona boscosa y con serias dificultades para uso residencial.
Son varias las autoridades involucradas y con responsabilidad en este asunto: de parte de INVIVIENDA, además del director está el apoderado legal Licenciado Arturo Yépez Duarte; en cuanto a la procuraduría general de justicia está el Agente Quinto del ministerio público investigador, licenciado Marco Vinicio Carpinteiro Santos; y del Tribunal Superior de Justicia, el Juez Segundo de Primera Instancia, Licenciado Jorge Espinoza Castillo; todos ellos en mayor o menor medida tienen algún tipo de responsabilidad y participación en lo que parece ser una acción concertada para hacer negocios con un bien público.
Todo lo que rodea a este caso está impregnado de sospecha, dolo y simulación: desde la autoridad que denuncia y no da seguimiento, pasando por el encargado de las denuncias que tampoco da seguimiento, hasta el juzgador que, paradójicamente, en forma rapidísima y acomedida resuelve a favor del membrete atracador extendiéndole “un título supletorio de dominio”.
Estamos ante lo que parece ser un negocio tan perfecto como ilícito donde se utiliza de fachada a una organización para que venda terrenos que no eran suyos pero que lo pueden ser ante la complicidad y el dolo de “malísimos” servidores públicos. No hay de otra, el director de INVIVIENDA tiene que dar la cara y responder por este atraco.
Independientemente de que prospere este despojo a un bien de Veracruz y de Xalapa, existen otras autoridades que cuentan con atribuciones para detener un asentamiento irregular, como es el caso de SEDESMA y el Ayuntamiento local, quienes cuentan con la facultad de expedir las licencias correspondientes.
Este asunto junto a otro similar del puerto de Veracruz y el escándalo que ha rodeado la gestión de INVIVIENDA, hace ineludible la intervención del propio Gobernador del Estado. Es tan evidente el atraco, se ve tan concertado, que no hacer nada de parte del ejecutivo estatal elevaría hasta él la sospecha de que todo se está haciendo con autorizaciones del más alto nivel y de que, por lo tanto, estamos ante un escándalo de grandes proporciones.
La única manera de atajar las sospechas sobre algún tipo de contubernio oficial sería que se devuelva este predio a propiedad del estado y que se sancione penal y administrativamente a todos los involucrados. Como que ya basta de que sigan robando a la ciudadanía.
Recadito: El Frente Amplio Social cumple dos años el próximo 10 de agosto. Vivito y coleando.
urielfloresaguayo@hotmail.com
De todas las invasiones y despojos impunes de terrenos públicos que padece Xalapa, el del predio “El Roble” se perfila para constituirse en el robo del sexenio. Sería de no creerse si no estuviéramos ante un caso perfectamente documentado por el “Diario de Xalapa”, que ha dado seguimiento a este bochornoso atraco en donde de forma dolosa varias autoridades tienen mucho que ver, particularmente el Arquitecto Barclay, director general de INVIVIENDA.
En forma sospechosa, como jugando, una organización de membrete llamada Frente Agrarista Nacional se apodera de casi 42 mil metros cuadrados de propiedad pública, sin más limitante que no tener más espacios para avanzar en su actitud delictiva y depredadora. Dicha extensión de terrenos se encuentra localizada junto al Museo del Transporte, en una zona boscosa y con serias dificultades para uso residencial.
Son varias las autoridades involucradas y con responsabilidad en este asunto: de parte de INVIVIENDA, además del director está el apoderado legal Licenciado Arturo Yépez Duarte; en cuanto a la procuraduría general de justicia está el Agente Quinto del ministerio público investigador, licenciado Marco Vinicio Carpinteiro Santos; y del Tribunal Superior de Justicia, el Juez Segundo de Primera Instancia, Licenciado Jorge Espinoza Castillo; todos ellos en mayor o menor medida tienen algún tipo de responsabilidad y participación en lo que parece ser una acción concertada para hacer negocios con un bien público.
Todo lo que rodea a este caso está impregnado de sospecha, dolo y simulación: desde la autoridad que denuncia y no da seguimiento, pasando por el encargado de las denuncias que tampoco da seguimiento, hasta el juzgador que, paradójicamente, en forma rapidísima y acomedida resuelve a favor del membrete atracador extendiéndole “un título supletorio de dominio”.
Estamos ante lo que parece ser un negocio tan perfecto como ilícito donde se utiliza de fachada a una organización para que venda terrenos que no eran suyos pero que lo pueden ser ante la complicidad y el dolo de “malísimos” servidores públicos. No hay de otra, el director de INVIVIENDA tiene que dar la cara y responder por este atraco.
Independientemente de que prospere este despojo a un bien de Veracruz y de Xalapa, existen otras autoridades que cuentan con atribuciones para detener un asentamiento irregular, como es el caso de SEDESMA y el Ayuntamiento local, quienes cuentan con la facultad de expedir las licencias correspondientes.
Este asunto junto a otro similar del puerto de Veracruz y el escándalo que ha rodeado la gestión de INVIVIENDA, hace ineludible la intervención del propio Gobernador del Estado. Es tan evidente el atraco, se ve tan concertado, que no hacer nada de parte del ejecutivo estatal elevaría hasta él la sospecha de que todo se está haciendo con autorizaciones del más alto nivel y de que, por lo tanto, estamos ante un escándalo de grandes proporciones.
La única manera de atajar las sospechas sobre algún tipo de contubernio oficial sería que se devuelva este predio a propiedad del estado y que se sancione penal y administrativamente a todos los involucrados. Como que ya basta de que sigan robando a la ciudadanía.
Recadito: El Frente Amplio Social cumple dos años el próximo 10 de agosto. Vivito y coleando.
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