Por Dip. Laura Itzel Castillo Juárez...La actual Corte de Justicia de la Nación es tan abyecta con el poder, o incluso más, como lo fue aquélla que Ernesto Zedillo defenestró, según él, para dar paso a un organismo independiente, legal y justo. Pero la creación del Consejo de la Judicatura y la sustitución de ministros bajo sospecha, en su momento, derivó rápidamente en fuegos artificiales.
A la vuelta de unos cuantos años, el Poder Judicial está tan politizado y es tan acomodaticio como aquél que presidió el extinto Carlos del Río, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, el Presidente de triste memoria que pretendió la renovación moral de la sociedad, pero terminó legalizando la corrupción.
La diferencia fundamental entre la actual Corte y otras del pasado es que ésta tiene una agenda política claramente definida y actúa en consecuencia. Cuida más las formas y de pronto concede algún asunto —sobre todo si éste afecta a un adversario de Los Pinos—, pero en los casos fundamentales cierra filas con la oligarquía que gobierna a este país. Con la mafia, pues.
Por tanto, las resoluciones de la SCJN son absolutamente predecibles. Da unas de cal por otras de arena. Y cree que así mantiene su presunta honorabilidad e imagen. El juego de utilizar la facultad de investigación para señalar al impresentable Ulises Ruiz o al góber precioso de Puebla como responsables de violaciones a los derechos humanos, pero no hacerlo con los involucrados en la muerte de 49 niños por el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, simplemente se llama complicidad y/o cobardía.
Qué bueno que la Corte liberó a los presos políticos de Atenco —no hacerlo le estaba generando al régimen severos cuestionamientos internacionales—, pero qué reprobable que abdicara de su facultad para hacer justicia en el caso de los electricistas.
La resolución de la Suprema Corte relativa al decreto administrativo de extinción de Luz y Fuerza del Centro se basa, según el boletín emitido por los ministros, en dos puntos fundamentales: primero, afirman que LyF fue creada por decreto del Ejecutivo y no por el Congreso; segundo, aseguran que el decreto se emitió en apego a la ley que permite al Ejecutivo extinguir organismos descentralizados cuando no son convenientes a la economía nacional.
LyF, contrario al criterio de esta pequeña Corte —integrada obviamente por cortesanos—, sí fue creada por mandato de ley. Así lo dispuso el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como también el decreto del Congreso de 1989, que ordenó su creación.
Que la decisión de extinguir a LyF resultara conveniente para la economía nacional, como lo sostienen los ministros, es simplemente un asunto de fe, indigno de quienes dicen ser peritos en leyes. En resumidas cuentas, asumen como cierto el dicho de Felipe Calderón, sin prueba documental alguna que lo avale. Tal como ocurre en los autoritarismos o las autocracias, basta que el patrón diga tal cosa para que resulte cierta. “Es verdad porque lo digo yo”. Y los obedientes ministros le hacen caso.
Lo irrefutable, sin embargo, es que esa información no existe en ningún lado: los funcionarios competentes no entregaron los informes requeridos por el Sindicato Mexicano de Electricistas en el amparo, ni respondieron las preguntas parlamentarias formuladas por los diputados Mario Di Costanzo y Agustín Guerrero —las cuales estaban obligados a responder—, como consta en la versión estenográfica del 24 de junio pasado.
Con esta resolución, la SCJN está avalando una medida ilegal. Tampoco es de extrañarse. Toda oligarquía suele ser legalista y hasta celebrar el Estado de derecho existente solamente en su imaginación (hubo una Corte que avaló a Victoriano Huerta). Pero si creen que con eso concluye el capítulo de los electricistas y del SME, están muy equivocados.
A la vuelta de unos cuantos años, el Poder Judicial está tan politizado y es tan acomodaticio como aquél que presidió el extinto Carlos del Río, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, el Presidente de triste memoria que pretendió la renovación moral de la sociedad, pero terminó legalizando la corrupción.
La diferencia fundamental entre la actual Corte y otras del pasado es que ésta tiene una agenda política claramente definida y actúa en consecuencia. Cuida más las formas y de pronto concede algún asunto —sobre todo si éste afecta a un adversario de Los Pinos—, pero en los casos fundamentales cierra filas con la oligarquía que gobierna a este país. Con la mafia, pues.
Por tanto, las resoluciones de la SCJN son absolutamente predecibles. Da unas de cal por otras de arena. Y cree que así mantiene su presunta honorabilidad e imagen. El juego de utilizar la facultad de investigación para señalar al impresentable Ulises Ruiz o al góber precioso de Puebla como responsables de violaciones a los derechos humanos, pero no hacerlo con los involucrados en la muerte de 49 niños por el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, simplemente se llama complicidad y/o cobardía.
Qué bueno que la Corte liberó a los presos políticos de Atenco —no hacerlo le estaba generando al régimen severos cuestionamientos internacionales—, pero qué reprobable que abdicara de su facultad para hacer justicia en el caso de los electricistas.
La resolución de la Suprema Corte relativa al decreto administrativo de extinción de Luz y Fuerza del Centro se basa, según el boletín emitido por los ministros, en dos puntos fundamentales: primero, afirman que LyF fue creada por decreto del Ejecutivo y no por el Congreso; segundo, aseguran que el decreto se emitió en apego a la ley que permite al Ejecutivo extinguir organismos descentralizados cuando no son convenientes a la economía nacional.
LyF, contrario al criterio de esta pequeña Corte —integrada obviamente por cortesanos—, sí fue creada por mandato de ley. Así lo dispuso el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como también el decreto del Congreso de 1989, que ordenó su creación.
Que la decisión de extinguir a LyF resultara conveniente para la economía nacional, como lo sostienen los ministros, es simplemente un asunto de fe, indigno de quienes dicen ser peritos en leyes. En resumidas cuentas, asumen como cierto el dicho de Felipe Calderón, sin prueba documental alguna que lo avale. Tal como ocurre en los autoritarismos o las autocracias, basta que el patrón diga tal cosa para que resulte cierta. “Es verdad porque lo digo yo”. Y los obedientes ministros le hacen caso.
Lo irrefutable, sin embargo, es que esa información no existe en ningún lado: los funcionarios competentes no entregaron los informes requeridos por el Sindicato Mexicano de Electricistas en el amparo, ni respondieron las preguntas parlamentarias formuladas por los diputados Mario Di Costanzo y Agustín Guerrero —las cuales estaban obligados a responder—, como consta en la versión estenográfica del 24 de junio pasado.
Con esta resolución, la SCJN está avalando una medida ilegal. Tampoco es de extrañarse. Toda oligarquía suele ser legalista y hasta celebrar el Estado de derecho existente solamente en su imaginación (hubo una Corte que avaló a Victoriano Huerta). Pero si creen que con eso concluye el capítulo de los electricistas y del SME, están muy equivocados.
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