ASA CRISTINA LAURELL
ENVIADO A VAXTUXPAN
El 29 de junio la Secretaría de Salud (Ssa) levantó la alerta epidemiológica de la influenza A/H1N1. Es el momento de evaluar las medidas tomadas por las autoridades sanitarias respecto de la pandemia que se inició en México. La evaluación es necesaria porque esas medidas han tenido un costo alto para el país y es obligado en medio del debate internacional que cuestiona con elementos de peso la actuación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Destacan varios hechos importantes. En resumen: hubo un retraso de unos dos meses en su diagnóstico; muchos casos no fueron detectados por la falta de acceso a los servicios de salud; el sistema de vigilancia epidemiológica era muy deficiente tanto en el registro de casos como en la instrumentación de los estudios de casos-contactos; la red de laboratorios de salud pública sólo existía en el papel, pese a los recursos presupuestales asignados para su construcción y equipamiento, y el plan de emergencia sólo existía en el papel.
Todos estos elementos influyeron en la declaratoria de suspensión de prácticamente todas las actividades sociales y económicas del país durante 10 días con un costo de 0.3-0.7 por ciento del PIB y respaldaron las acciones de la OMS.
Las deficiencias están confirmadas con datos incontrovertibles; por ejemplo, los casos registrados de influenza estacional en 2008 fueron 147 y a finales de diciembre de 2009, 11 mil, excluyendo a la A/H1N1. Aunque algunas fallas han sido corregidas, la mayoría siguen en pie y es evidente que las autoridades sanitarias no garantizan la protección básica de la población ante una emergencia epidemiológica. Sin embargo, no se ha responsabilizado a nadie, los datos presentados al público son poco transparentes y reina la impunidad.
Algunos ejemplos de la poca transparencia de la información: a más de un año de que se inició la epidemia no se han reportado las características básicas del virus, como son la tasa de ataque, la letalidad y la mortalidad. Estos datos hubieran demostrado que el virus es muy contagioso; que un alto porcentaje de los infectados no se enferma; que la mortalidad (fallecimientos por 100 mil personas) es muy baja y la letalidad (defunciones entre enfermos), también.
De los datos públicos se puede inferir que tres de cada 100 personas se infectaron, de los cuales 73 mil se enfermaron y fueron confirmados, o sea, 0.24 por ciento. La mortalidad fue de 1.17 por 100 mil y los grupos de edad con la mortalidad más alta fueron los de 50 a 59 años con una tasa de 2.57, seguidos por los de 40 a 49 años, con 1.83, y sólo en tercer lugar los de 30 a 39, considerados los más susceptibles de sufrir un cuadro grave. El dato final de defunciones, mil 251, significa que la influenza A/H1N1 no causó más que 8 por ciento de todos los fallecimientos por pulmonía-influenza durante un año.
Los procedimientos obligatorios de la NOM de vigilancia epidemiológica hubieran arrojado los datos necesarios a más tardar a principios de mayo de 2009. No se hicieron o sus resultados no se dieron a conocer. Tenerlos hubiera proporcionado información muy útil para determinar las acciones a tomar no sólo en México, sino por parte de la OMS y nos hubiéramos ahorrado una zozobra extendida y muchos recursos materiales.
A la larga, la incompetencia o la mentira son inocultables por la vigilancia científica. El British Medical Journal (BMJ) y la Comisión Europea han cuestionado, primero, la utilidad real del medicamento oseltamivir o las vacunas aplicadas extensamente y, luego, la autonomía ante la industria farmacéutica de los asesores de la OMS, que decidieron la vacunación masiva. Las conclusiones de la investigación de la Comisión Europea todavía no se han hecho públicas, pero su informe preliminar
ENVIADO A VAXTUXPAN
El 29 de junio la Secretaría de Salud (Ssa) levantó la alerta epidemiológica de la influenza A/H1N1. Es el momento de evaluar las medidas tomadas por las autoridades sanitarias respecto de la pandemia que se inició en México. La evaluación es necesaria porque esas medidas han tenido un costo alto para el país y es obligado en medio del debate internacional que cuestiona con elementos de peso la actuación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Destacan varios hechos importantes. En resumen: hubo un retraso de unos dos meses en su diagnóstico; muchos casos no fueron detectados por la falta de acceso a los servicios de salud; el sistema de vigilancia epidemiológica era muy deficiente tanto en el registro de casos como en la instrumentación de los estudios de casos-contactos; la red de laboratorios de salud pública sólo existía en el papel, pese a los recursos presupuestales asignados para su construcción y equipamiento, y el plan de emergencia sólo existía en el papel.
Todos estos elementos influyeron en la declaratoria de suspensión de prácticamente todas las actividades sociales y económicas del país durante 10 días con un costo de 0.3-0.7 por ciento del PIB y respaldaron las acciones de la OMS.
Las deficiencias están confirmadas con datos incontrovertibles; por ejemplo, los casos registrados de influenza estacional en 2008 fueron 147 y a finales de diciembre de 2009, 11 mil, excluyendo a la A/H1N1. Aunque algunas fallas han sido corregidas, la mayoría siguen en pie y es evidente que las autoridades sanitarias no garantizan la protección básica de la población ante una emergencia epidemiológica. Sin embargo, no se ha responsabilizado a nadie, los datos presentados al público son poco transparentes y reina la impunidad.
Algunos ejemplos de la poca transparencia de la información: a más de un año de que se inició la epidemia no se han reportado las características básicas del virus, como son la tasa de ataque, la letalidad y la mortalidad. Estos datos hubieran demostrado que el virus es muy contagioso; que un alto porcentaje de los infectados no se enferma; que la mortalidad (fallecimientos por 100 mil personas) es muy baja y la letalidad (defunciones entre enfermos), también.
De los datos públicos se puede inferir que tres de cada 100 personas se infectaron, de los cuales 73 mil se enfermaron y fueron confirmados, o sea, 0.24 por ciento. La mortalidad fue de 1.17 por 100 mil y los grupos de edad con la mortalidad más alta fueron los de 50 a 59 años con una tasa de 2.57, seguidos por los de 40 a 49 años, con 1.83, y sólo en tercer lugar los de 30 a 39, considerados los más susceptibles de sufrir un cuadro grave. El dato final de defunciones, mil 251, significa que la influenza A/H1N1 no causó más que 8 por ciento de todos los fallecimientos por pulmonía-influenza durante un año.
Los procedimientos obligatorios de la NOM de vigilancia epidemiológica hubieran arrojado los datos necesarios a más tardar a principios de mayo de 2009. No se hicieron o sus resultados no se dieron a conocer. Tenerlos hubiera proporcionado información muy útil para determinar las acciones a tomar no sólo en México, sino por parte de la OMS y nos hubiéramos ahorrado una zozobra extendida y muchos recursos materiales.
A la larga, la incompetencia o la mentira son inocultables por la vigilancia científica. El British Medical Journal (BMJ) y la Comisión Europea han cuestionado, primero, la utilidad real del medicamento oseltamivir o las vacunas aplicadas extensamente y, luego, la autonomía ante la industria farmacéutica de los asesores de la OMS, que decidieron la vacunación masiva. Las conclusiones de la investigación de la Comisión Europea todavía no se han hecho públicas, pero su informe preliminar
(http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20100329_MemorandumPandemie_E.pdf) señala que los expertos de la OMS probablemente tienen conflictos de interés al estar relacionados económicamente con la industria. A principios de junio la BMJ (2010;340:c2947) publicó una investigación que demuestra la falta de transparencia y una situación grave de conflictos de interés de los integrantes del Comité de Emergencias de la OMS.
En su respuesta al BMJ, la directora general de la OMS confirma que los nombres de los integrantes del Comité son confidenciales y se harán públicas hasta que terminen su trabajo. Esto viola las propias reglas de la OMS, establecidas en 2003, que excluyen de los comites de expertos a los especialistas con conflicto de intereses. Mientras tanto, según JP Morgan, las ganancias de la industria farmacéutica sólo en la venta de vacunas fueron de 7 a 9 mil millones de dólares.
Tendremos mucha más información sobre la conducción de la pandemia y sus enormes negocios. Y en México, ¿se hará una investigación seria sobre el manejo de la emergencia?
secretariasaludgl@gmail.com
En su respuesta al BMJ, la directora general de la OMS confirma que los nombres de los integrantes del Comité son confidenciales y se harán públicas hasta que terminen su trabajo. Esto viola las propias reglas de la OMS, establecidas en 2003, que excluyen de los comites de expertos a los especialistas con conflicto de intereses. Mientras tanto, según JP Morgan, las ganancias de la industria farmacéutica sólo en la venta de vacunas fueron de 7 a 9 mil millones de dólares.
Tendremos mucha más información sobre la conducción de la pandemia y sus enormes negocios. Y en México, ¿se hará una investigación seria sobre el manejo de la emergencia?
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