Por Orlando Segura Hervert…
Para el 4 de marzo, está programado el desalojo de la comunidad “Playa Emiliano Zapata”, ordenado por los órganos jurisdiccionales, con base en la sentencia del Tribunal Unitario Agrario y en el que son afectadas 242 hectáreas, beneficiando a los pobladores de Miramar, un conflicto que surgió desde que les fue otorgada dichas tierras en el año de 1963. Lo triste del caso, señalaron los representantes es que un gobernador los envió a esa superficie y ahora, a casi 5 décadas, los ejidatarios se quedarán prácticamente sin nada, argumentaron Isidro Barragán Hernández e Isacc Ramírez, representante comunitario y abogado respectivamente.
Previendo cualquier acto de intimidación y de violencia que pudiera derivar en tragedia, éste lunes durante el transcurso de la mañana, acudieron a la presidencia municipal, solicitaron la intervención del alcalde Alberto Silva Ramos para frenar el desalojo, se les restituya sus propiedades o bien se pague por ellas conforme al los lineamientos de la Secretaría de la Reforma Agraria, bajo el argumento de la restitución y en un diálogo y negociación franca, abierta y directa con los afectados.
Los dirigentes señalaron que cada hectárea está valuada en 100 mil pesos y que no van a permitir que se violenten sus derechos ni se atropellen el patrimonio conseguido durante muchos años de sacrificios y esfuerzos.
Señalaron que se manifestarán ante el gobernador Javier Duarte de Ochoa y no dejaran de movilizarse hasta que se haga justicia, toda vez que el Tribunal Unitario Agrario, no contemplo las pruebas que favorecen a la comunidad de “Playa Emiliano Zapata".
Para el 4 de marzo, está programado el desalojo de la comunidad “Playa Emiliano Zapata”, ordenado por los órganos jurisdiccionales, con base en la sentencia del Tribunal Unitario Agrario y en el que son afectadas 242 hectáreas, beneficiando a los pobladores de Miramar, un conflicto que surgió desde que les fue otorgada dichas tierras en el año de 1963. Lo triste del caso, señalaron los representantes es que un gobernador los envió a esa superficie y ahora, a casi 5 décadas, los ejidatarios se quedarán prácticamente sin nada, argumentaron Isidro Barragán Hernández e Isacc Ramírez, representante comunitario y abogado respectivamente.
Previendo cualquier acto de intimidación y de violencia que pudiera derivar en tragedia, éste lunes durante el transcurso de la mañana, acudieron a la presidencia municipal, solicitaron la intervención del alcalde Alberto Silva Ramos para frenar el desalojo, se les restituya sus propiedades o bien se pague por ellas conforme al los lineamientos de la Secretaría de la Reforma Agraria, bajo el argumento de la restitución y en un diálogo y negociación franca, abierta y directa con los afectados.
Los dirigentes señalaron que cada hectárea está valuada en 100 mil pesos y que no van a permitir que se violenten sus derechos ni se atropellen el patrimonio conseguido durante muchos años de sacrificios y esfuerzos.
Señalaron que se manifestarán ante el gobernador Javier Duarte de Ochoa y no dejaran de movilizarse hasta que se haga justicia, toda vez que el Tribunal Unitario Agrario, no contemplo las pruebas que favorecen a la comunidad de “Playa Emiliano Zapata".
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