ENVIADO A VAXTUXPAN
Por Diputada Laura Itzel Castillo Juárez...
México, D. F...El pasado 19 de mayo, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, recibió la Medalla Servicios Distinguidos, en categoría Excepcional, otorgada por la Policía Nacional de la República de Colombia, de manos del presidente de aquel país, Juan Manuel Santos, careciendo del permiso constitucional para ello.
Este acontecimiento no puede pasar desapercibido. En primer lugar, porque García Luna es uno de los responsables directos de la estrategia fallida de “combate” al narcotráfico, que ha dejado más de 40 mil muertos. En segundo lugar, porque la medalla le fue concedida a García Luna sin contar con el debido permiso del Congreso, tal como lo establece la Constitución en su fracción III, apartado C, artículo 37, que a la letra dice: “La ciudadanía mexicana se pierde por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente”.
García Luna solicitó permiso para aceptar la medalla del gobierno colombiano apenas el 18 de mayo y la recibió al día siguiente, sin que el permiso hubiese sido concedido. Así, el funcionario pasó por alto el texto constitucional. Conforme a derecho, procede la pérdida de la ciudadanía mexicana de García Luna, según el artículo antes citado y, por consiguiente, de acuerdo con el artículo 91 constitucional, su remoción como titular de Seguridad Pública, pues nadie puede ser secretario del despacho si no es ciudadano mexicano.
En principio, el gobierno federal había reconocido que García Luna solicitó el permiso para aceptar la medalla y que aún faltaba recibir la afirmativa por parte del Congreso, por lo que se tendría la medalla “en custodia”. Sin embargo, las fotos publicadas en diversos diarios encarnan su propio desmentido, pues en ellas aparece un García Luna portando en su pecho orgullosamente la medalla.
Al argumento falaz de la “custodia” siguió la embestida de los legisladores del PRI y del PAN en la Permanente, quienes emplearon, una vez más, discursos tramposos, a los que recurren cada vez que buscan defender sus intereses y cuidarse las espaldas. Estos legisladores argumentaron, entre otras cosas, que García Luna no requería de la autorización del Congreso para aceptar la medalla pues no se trataba de una condecoración, sino de un reconocimiento, y que no se podía “agraviar” al pueblo hermano de Colombia rechazando la medalla o cuestionando su entrega.
En el colmo del cinismo, un legislador se atrevió a señalar que la labor de García Luna es aprobada por muchos mexicanos y que así lo han demostrado las muestras de apoyo de varias organizaciones sociales. Esta afirmación contrasta con la exigencia pública de la Marcha por la paz con justicia y dignidad, que demandó la renuncia de García Luna el pasado 8 de mayo.
En la reunión de la Comisión presenté la argumentación que demuestra la inconstitucionalidad de la premiación a García Luna y exigí su renuncia o, en caso de negativa, la promoción de un juicio político en su contra. Como siempre, se impusieron los intereses de los poderosos y todas estas propuestas fueron rechazadas. Por lo que, una vez más, los artífices del Estado policiaco que hoy vivimos en México han pasado por encima de la soberanía nacional y de la ley fundamental de este país.
Habrá que estar orgullosos pues, de la medalla otorgada a García Luna, ahora resulta que la ignominia también amerita condecoraciones.
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