Por Isael Petronio Cantú
Dicho proyecto, hubiese pasado sin pena ni gloria, a no ser, porque en él, los magistrados proponen crear un partida especial, a partir del presupuesto anual que les toca, un “Haber” con el cual, se puedan completar lo que les dará el Instituto de Pensiones del Estado como pensión, es decir: seguir recibiendo de manera vitalicia, una vez jubilados, su salario integro que puede rondar arriba de los cien mil pesos mensuales.
Esas pensiones de miles de pesos mensuales, en realidad no son muchas en todo el país, pero su monto se vuelve ofensivo cuando 50 millones de mexicanos viven en la pobreza extrema y otros 20 millones, simplemente son pobres. Por eso ocasionó mucho escándalo y hasta el Presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, diputado Ríos Alvarado, llegó a decir a los reporteros que era excesivo el monto de pensiones que pretendían los magistrados y que se debería analizar para que la sociedad no “se sienta indignada”.
La bulla ocultó otras cosas más graves aún, como lo es que las recientes reformas del mes de agosto del año pasado, en materia de equidad de género y violencia contra las mujeres, ni siquiera se tomarán en cuenta y en un simple borrón pasaran al cesto de la basura. Para los que hicieron el proyecto de nueva ley, aparte de tasajear la vigente, la lucha de las mujeres no tiene ningún sentido y no les importa que los índices de feminicidio estén aumentando, actuaron, como si no tuvieran mamás o hermanas, para darse cuenta de la dura realidad que viven las mujeres en nuestro país.
Resulta que la ley Orgánica del Poder Judicial, vigente, en su artículo tercero fracción XIX, XX y XXI señala que dicho poder debe “Coordinar, dirigir y administrar las órdenes y medidas de protección y los informes sobre las circunstancias en que se da la ejecución de éstas, para efectos de rendir informes al Banco Estatal de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres; crear sistemas de registro que incorporen indicadores que faciliten el monitoreo de las tendencias socio-jurídicas de la violencia contra las mujeres y del acceso de las mujeres a la justicia e informar sobre los procedimientos judiciales en materia de violencia de género contra las mujeres; todo ello, obviamente para tener información cierta y poder implementar políticas públicas que prevengan delitos contra las mujeres… Pues resulta que la reforma ¡Simplemente las borró! Vaya, con nuestros jueces y juezas, preocupados por su haber, sin importarles que sigan matando mujeres.
En el artículo 104, fracción II de la ley vigente, se dice que el Consejo de la Judicatura tiene competencia para: “Formar, actualizar y especializar a los servidores públicos del Poder Judicial, incorporando la perspectiva de género y la especialización en derechos humanos de las mujeres y en violencia de género contra las mujeres, así como desarrollar la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia”; en la reforma que enviaron los magistrados, dichas atribuciones pasaron al artículo 114, en cual en su fracción II simplemente dice: “Formar, actualizar y especializar a los servidores públicos del Poder Judicial, así como desarrollar la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.”
Como se puede observar ya no se incorpora la perspectiva de género, mucho menos la especialización en derechos humanos de las mujeres y en violencia de género de las mujeres, es decir, para nuestros machos magistrados, el grave problema del feminicidio desaparece con un simple borrador de a peso. ¡Lástima de justicia, tan buenos jueces que son!
Ahora, de nuevo, les toca a las mujeres libertarias y a los hombres democráticos, evitar esta contrarreforma del Poder Judicial, y hacer que los avances del año pasado se mantengan en la nueva ley.
Dicho proyecto, hubiese pasado sin pena ni gloria, a no ser, porque en él, los magistrados proponen crear un partida especial, a partir del presupuesto anual que les toca, un “Haber” con el cual, se puedan completar lo que les dará el Instituto de Pensiones del Estado como pensión, es decir: seguir recibiendo de manera vitalicia, una vez jubilados, su salario integro que puede rondar arriba de los cien mil pesos mensuales.
Esas pensiones de miles de pesos mensuales, en realidad no son muchas en todo el país, pero su monto se vuelve ofensivo cuando 50 millones de mexicanos viven en la pobreza extrema y otros 20 millones, simplemente son pobres. Por eso ocasionó mucho escándalo y hasta el Presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, diputado Ríos Alvarado, llegó a decir a los reporteros que era excesivo el monto de pensiones que pretendían los magistrados y que se debería analizar para que la sociedad no “se sienta indignada”.
La bulla ocultó otras cosas más graves aún, como lo es que las recientes reformas del mes de agosto del año pasado, en materia de equidad de género y violencia contra las mujeres, ni siquiera se tomarán en cuenta y en un simple borrón pasaran al cesto de la basura. Para los que hicieron el proyecto de nueva ley, aparte de tasajear la vigente, la lucha de las mujeres no tiene ningún sentido y no les importa que los índices de feminicidio estén aumentando, actuaron, como si no tuvieran mamás o hermanas, para darse cuenta de la dura realidad que viven las mujeres en nuestro país.
Resulta que la ley Orgánica del Poder Judicial, vigente, en su artículo tercero fracción XIX, XX y XXI señala que dicho poder debe “Coordinar, dirigir y administrar las órdenes y medidas de protección y los informes sobre las circunstancias en que se da la ejecución de éstas, para efectos de rendir informes al Banco Estatal de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres; crear sistemas de registro que incorporen indicadores que faciliten el monitoreo de las tendencias socio-jurídicas de la violencia contra las mujeres y del acceso de las mujeres a la justicia e informar sobre los procedimientos judiciales en materia de violencia de género contra las mujeres; todo ello, obviamente para tener información cierta y poder implementar políticas públicas que prevengan delitos contra las mujeres… Pues resulta que la reforma ¡Simplemente las borró! Vaya, con nuestros jueces y juezas, preocupados por su haber, sin importarles que sigan matando mujeres.
En el artículo 104, fracción II de la ley vigente, se dice que el Consejo de la Judicatura tiene competencia para: “Formar, actualizar y especializar a los servidores públicos del Poder Judicial, incorporando la perspectiva de género y la especialización en derechos humanos de las mujeres y en violencia de género contra las mujeres, así como desarrollar la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia”; en la reforma que enviaron los magistrados, dichas atribuciones pasaron al artículo 114, en cual en su fracción II simplemente dice: “Formar, actualizar y especializar a los servidores públicos del Poder Judicial, así como desarrollar la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.”
Como se puede observar ya no se incorpora la perspectiva de género, mucho menos la especialización en derechos humanos de las mujeres y en violencia de género de las mujeres, es decir, para nuestros machos magistrados, el grave problema del feminicidio desaparece con un simple borrador de a peso. ¡Lástima de justicia, tan buenos jueces que son!
Ahora, de nuevo, les toca a las mujeres libertarias y a los hombres democráticos, evitar esta contrarreforma del Poder Judicial, y hacer que los avances del año pasado se mantengan en la nueva ley.
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